Ángel Bravo Martínez
Santiago Tuxtla, Veracruz.- El profesionista y constructor Martín Cobos Medina, presentó formal denuncia ante la agencia del Ministerio Público del fuero común en contra de la administración pública municipal de Santiago Tuxtla, toda vez que el Presidente municipal y la tesorera le hicieron “perdidizo” un cheque por más de 400 mil pesos y estos hechos los considera constitutivos de delitos cometidos en agravio de su patrimonio y seguridad jurídica.
La querella formal fue presentada en contra de Raúl Sosa Gonzáles y María Antonia Diez Carmona, en sus caracteres de presidente y tesorera, del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Santiago Tuxtlas.
El agraviado afirmó ante la fiscalía que en días pasados le extendieron un cheque por Cuatrocientos veintisiete mil ciento treinta y seis pesos 48/100M.N por concepto de pago de una obra realizada en tiempo y forma por la empresa que el aludido representa y que fue contratada por el Ayuntamiento.
“Al acudir al banco Nacional, S.A, en la fecha 31 de mayo del 2013 no fue posible el cobro debido ya que la cuenta no tenía fondos; que con posterioridad en la fecha 1° de julio del año en curso, el gerente del banco, comunicó que dicho cheque había sido reportado como extraviado, y en atención a ello, es inconcluso, que los ahora denunciados al librar un cheque que no tenía fondos en la institución crediticia mencionada con anterioridad por lo que constituye un delito grave”.
Martín Cobos, precisó que fue víctima de engaño y fraude por parte del alcalde Raúl Sosa, quien ahora no le quiere dar la cara para aclarar la bochornosa situación; “no quiere pagarme la obra terminada y entregada en su totalidad a los funcionarios públicos y por eso acudí ante las instancias ministeriales denunciando tales hechos que considero delictuosos, a lo que pido que se investigue, lo anteriormente mencionado, y se aplique la acción penal en contra de los ahora denunciados como probables responsables de éste ilícito”.
Denunció que lejos de resolverse, el conflicto se agravó “pues hace dos semanas que el gobierno estatal secuestró 79 unidades de transporte, algunas de ellas regulares y otras en proceso de regularización”.
Santiago Tuxtla, Veracruz.- El profesionista y constructor Martín Cobos Medina, presentó formal denuncia ante la agencia del Ministerio Público del fuero común en contra de la administración pública municipal de Santiago Tuxtla, toda vez que el Presidente municipal y la tesorera le hicieron “perdidizo” un cheque por más de 400 mil pesos y estos hechos los considera constitutivos de delitos cometidos en agravio de su patrimonio y seguridad jurídica.
La querella formal fue presentada en contra de Raúl Sosa Gonzáles y María Antonia Diez Carmona, en sus caracteres de presidente y tesorera, del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Santiago Tuxtlas.
El agraviado afirmó ante la fiscalía que en días pasados le extendieron un cheque por Cuatrocientos veintisiete mil ciento treinta y seis pesos 48/100M.N por concepto de pago de una obra realizada en tiempo y forma por la empresa que el aludido representa y que fue contratada por el Ayuntamiento.
“Al acudir al banco Nacional, S.A, en la fecha 31 de mayo del 2013 no fue posible el cobro debido ya que la cuenta no tenía fondos; que con posterioridad en la fecha 1° de julio del año en curso, el gerente del banco, comunicó que dicho cheque había sido reportado como extraviado, y en atención a ello, es inconcluso, que los ahora denunciados al librar un cheque que no tenía fondos en la institución crediticia mencionada con anterioridad por lo que constituye un delito grave”.
Martín Cobos, precisó que fue víctima de engaño y fraude por parte del alcalde Raúl Sosa, quien ahora no le quiere dar la cara para aclarar la bochornosa situación; “no quiere pagarme la obra terminada y entregada en su totalidad a los funcionarios públicos y por eso acudí ante las instancias ministeriales denunciando tales hechos que considero delictuosos, a lo que pido que se investigue, lo anteriormente mencionado, y se aplique la acción penal en contra de los ahora denunciados como probables responsables de éste ilícito”.
Denunció que lejos de resolverse, el conflicto se agravó “pues hace dos semanas que el gobierno estatal secuestró 79 unidades de transporte, algunas de ellas regulares y otras en proceso de regularización”.
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