Ciudad de México.- Con la reforma constitucional en materia de transparencia ningún sujeto obligado a dar información a los ciudadanos la podrá negar.
Sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá determinar qué información pondría en riesgo la seguridad nacional y por ello no podrá entregarse, explicó Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.
"Creemos que en el contexto actual de violencia, no es descabellado que algunos recursos puedan ser revisados por la Suprema Corte, no es que el consejero (jurídico de Presidencia) vaya a cerrar información a su gusto, existiría todo un proceso", dijo.
En entrevista con MILENIO, la directora de esta Red, explicó que aunque las determinaciones del órgano regulador de transparencia serán definitivas e inatacables, en los temas que la Consejería Jurídica de la Presidencia considere que ponen en riesgo la seguridad nacional deberán seguir un proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine si en efecto el entregar dicha información pone en riesgo la seguridad nacional o no, y en su caso, proceder con la negativa o brindar la información solicitada.
Este viernes el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, de la cual dijo que terminará con la opacidad y será un instrumento esencial para la democracia.
Lourdes Morales, quien también es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y directora de la oficina de proyectos sobre rendición de cuentas de la misma casa de estudios, recordó que entre los avances de esta reforma es que se amplía el rango de los sujetos obligados permitiendo así que los ciudadanos conozcan la información de sindicatos y partidos políticos.
"Sienta las basas para que no sólo se tenga acceso a la información sobre el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo y judicial. Son sujetos obligados ahora partidos políticos, sindicatos, fideicomisos públicos y todo ente que reciba dinero público", dijo.
Morales destacó que con la reforma se podrán homologar los criterios de acceso a la información en todo el país, porque "los ciudadanos de Campeche, no pueden acceder de la misma manera que los capitalinos a la información del Distrito Federal, y viceversa".
Sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá determinar qué información pondría en riesgo la seguridad nacional y por ello no podrá entregarse, explicó Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.
"Creemos que en el contexto actual de violencia, no es descabellado que algunos recursos puedan ser revisados por la Suprema Corte, no es que el consejero (jurídico de Presidencia) vaya a cerrar información a su gusto, existiría todo un proceso", dijo.
En entrevista con MILENIO, la directora de esta Red, explicó que aunque las determinaciones del órgano regulador de transparencia serán definitivas e inatacables, en los temas que la Consejería Jurídica de la Presidencia considere que ponen en riesgo la seguridad nacional deberán seguir un proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine si en efecto el entregar dicha información pone en riesgo la seguridad nacional o no, y en su caso, proceder con la negativa o brindar la información solicitada.
Este viernes el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, de la cual dijo que terminará con la opacidad y será un instrumento esencial para la democracia.
Lourdes Morales, quien también es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y directora de la oficina de proyectos sobre rendición de cuentas de la misma casa de estudios, recordó que entre los avances de esta reforma es que se amplía el rango de los sujetos obligados permitiendo así que los ciudadanos conozcan la información de sindicatos y partidos políticos.
"Sienta las basas para que no sólo se tenga acceso a la información sobre el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo y judicial. Son sujetos obligados ahora partidos políticos, sindicatos, fideicomisos públicos y todo ente que reciba dinero público", dijo.
Morales destacó que con la reforma se podrán homologar los criterios de acceso a la información en todo el país, porque "los ciudadanos de Campeche, no pueden acceder de la misma manera que los capitalinos a la información del Distrito Federal, y viceversa".
Milenio
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