Veracruz, Ver.- No sólo instancias como la antigua Secretaría de Comunicaciones, Espacios Educativos, Sedarpa, Secretaría de Salud y otras dependencias “prósperas” tuvieron serias irregularidades en la Cuenta Pública 2012 que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) sino ahora se sabe que también surgieron muchas evidencias de malos manejos en la Secretaría de Desarrollo Social a nivel estatal que durante dos años y medio manejó Marcelo Montiel Montiel y ahora encabeza Alberto Silva Ramos, pero que fueron aprobados por la aplanadora priista y sus partidos "satélites". A pesar de ello, la diputación del Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado un nuevo análisis de esa cuenta pública en el ramo Desarrollo Social y lo ha entregado a la presidencia de la Comisión de Vigilancia para señalar que hay observaciones como la número: 016/2012/002, que reflejan un importe de 119 millones 832 mil 76 pesos por concepto de anticipos de obra y acciones de gobierno, pero en la información presentada por la dependencia estatal se detectaron anticipos pendientes de recuperar o amortizar por la cantidad de 263 millones 643 mil 857 pesos y 28 centavos, poco más de lo doble que reportó el Orfis, aunque había señalado que “se detectó que el Ente Fiscalizable no observó la obligación de vigilar que los anticipos otorgados a contratistas fueran amortizados en su totalidad al término del ejercicio presupuestal, infringiendo el Código Financiero para el Estado de Veracruz”. Otra observación, la número 016/2012/001, señala que los estados financieros de la Secretaría reflejan un monto acumulado de 16 millones 465 mil, 899 pesos por concepto de juicios pendientes de resolución judicial, pero no presentaron evidencia documental del saldo, y también hay observaciones sobre 16 vehículos y maquinaria pesados como motoniveladoras, bulldozers, excavadoras, que se encuentran inoperables por falta de mantenimiento, más seis vehículos que se encuentran en similar estado, y que en Jáltipan y Texistepec, en la zona sur, no se localizaron ocho vehículos menores y pesados, con un valor de 10.2 millones de pesos. También se reportan pagos de nómina cuyos importes rebasan niveles establecidos para los puestos a los que fueron destinados, y no se encontraron bienes y servicios por diferentes procedimientos de licitación, ni facturas originales, tan sólo fotocopias de las mismas. Otras irregularidades son errores de procedimiento en 5 licitaciones que derivarían en daño patrimonial por 28.1 millones de pesos, y entrega de materiales para mejoramiento de vivienda a muchos municipios pero que no se especifica en las actas de entrega-recepción. En fin, todo un desgarriate, aunque ya nada se puede hacer pues todo fue aprobado sin más ni más. Para eso sirven las aplanadoras.
Gobernantes.com
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