Ciudad de México.- La Cámara de Diputados busca crear un “grupo honorifico y especializado en materia de investigación, operatividad ambiental, y derechos humanos”, a fin de que asista a los integrantes de la comisión de Recursos Hídricos y se pueda aprobar la Ley General de Aguas.
Mediante una convocatoria pública, la comisión parlamentaria que preside Gerardo Gaudiano Rovirosa, dio a conocer los lineamientos (términos, procedimiento, fallo y selección) para aglutinar al grupo que será integrando por especialistas y representantes de la sociedad.
El grupo tendrá que emitir sus argumentos, integrara sus propuestas, “para el análisis, evaluación y desarrollo del proyecto de la iniciativa de la Ley General de Aguas”, que el pasado 9 de marzo fue pospuesto debido a varias manifestaciones al considerarla como privatizadora del vital líquido.
En aquella ocasión, el líder de la fracción del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que dicha reforma sería aprobada en cualquier momento, por lo que aseguró podría ser avalada por la presente legislatura o en la siguiente o en cualquier momento.
“Habrá de aprobarse. Su aprobación podría ser en este periodo o en cualquier otro periodo, pero la Ley General de Aguas, deberá existir en México. Lo que se necesita es abrir un espacio de reflexión para evitar la manipulación y con esto perfeccionar lo que tenemos en mesa directiva”, añadió.
En este sentido, Kamel Athié Flores, quien preside la comisión de agua potable y saneamiento de San Lázaro, explicó que la instrucción de su fracción parlamentaria, el PRI, es la de incluir en el análisis –antes de presentarla al pleno– de grupos especializados, principalmente de la academia.
No se consultó a los pueblos indígenas
Pese a que las comunidades indígenas en nuestro país podrían ser afectadas luego de que se apruebe la reforma constitucional sobre el vital líquido, éstas no fueron consultadas por los legisladores federales, confirmaron las propias comisiones involucradas.
“La comisión de Agua Potable y Saneamiento no realizó consultas a los pueblos indígenas en virtud de que la Ley General de Aguas regula un derecho humano y la gestión de las aguas que son nacionales, es decir, de todos los mexicanos”, aseguró la comisión legislativa, mediante un oficio dirigido a este diario, obtenida a través de los mecanismos de transparencia.
Reconoció que, en caso de aprobarse la reforma de Ley, “su aplicación puede afectar de manera particular a los pueblos y comunidades indígenas, (por ejemplo) cuando se decida la construcción de una presa, se otorgue una concesión, se decida realizar un trasvase, etcétera”.
Precisó que “los diputados iniciantes no realizaron consulta a pueblos y comunidades indígenas para el proceso de elaboración de la iniciativa de la Ley General de Aguas pero, por otro lado, existe la voluntad para que la comisión de Agua Potable y Saneamiento lleve a cabo la consulta si así determina”.
Ambas comisiones parlamentarias sostuvieron 6 foros regionales denominados “Agua un derecho humano y fundamental en México”, llevados a cabo en Tabasco, San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa y dos en el Distrito Federal.
Mediante una convocatoria pública, la comisión parlamentaria que preside Gerardo Gaudiano Rovirosa, dio a conocer los lineamientos (términos, procedimiento, fallo y selección) para aglutinar al grupo que será integrando por especialistas y representantes de la sociedad.
El grupo tendrá que emitir sus argumentos, integrara sus propuestas, “para el análisis, evaluación y desarrollo del proyecto de la iniciativa de la Ley General de Aguas”, que el pasado 9 de marzo fue pospuesto debido a varias manifestaciones al considerarla como privatizadora del vital líquido.
En aquella ocasión, el líder de la fracción del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que dicha reforma sería aprobada en cualquier momento, por lo que aseguró podría ser avalada por la presente legislatura o en la siguiente o en cualquier momento.
“Habrá de aprobarse. Su aprobación podría ser en este periodo o en cualquier otro periodo, pero la Ley General de Aguas, deberá existir en México. Lo que se necesita es abrir un espacio de reflexión para evitar la manipulación y con esto perfeccionar lo que tenemos en mesa directiva”, añadió.
En este sentido, Kamel Athié Flores, quien preside la comisión de agua potable y saneamiento de San Lázaro, explicó que la instrucción de su fracción parlamentaria, el PRI, es la de incluir en el análisis –antes de presentarla al pleno– de grupos especializados, principalmente de la academia.
No se consultó a los pueblos indígenas
Pese a que las comunidades indígenas en nuestro país podrían ser afectadas luego de que se apruebe la reforma constitucional sobre el vital líquido, éstas no fueron consultadas por los legisladores federales, confirmaron las propias comisiones involucradas.
“La comisión de Agua Potable y Saneamiento no realizó consultas a los pueblos indígenas en virtud de que la Ley General de Aguas regula un derecho humano y la gestión de las aguas que son nacionales, es decir, de todos los mexicanos”, aseguró la comisión legislativa, mediante un oficio dirigido a este diario, obtenida a través de los mecanismos de transparencia.
Reconoció que, en caso de aprobarse la reforma de Ley, “su aplicación puede afectar de manera particular a los pueblos y comunidades indígenas, (por ejemplo) cuando se decida la construcción de una presa, se otorgue una concesión, se decida realizar un trasvase, etcétera”.
Precisó que “los diputados iniciantes no realizaron consulta a pueblos y comunidades indígenas para el proceso de elaboración de la iniciativa de la Ley General de Aguas pero, por otro lado, existe la voluntad para que la comisión de Agua Potable y Saneamiento lleve a cabo la consulta si así determina”.
Ambas comisiones parlamentarias sostuvieron 6 foros regionales denominados “Agua un derecho humano y fundamental en México”, llevados a cabo en Tabasco, San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa y dos en el Distrito Federal.
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