Atizapán, Méx.- Por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, el Ministerio Público de la Federación determinó ejercitar acción penal en contra del exalcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena; el exsecretario municipal Wilfrido Torres González y el extesorero Alberto Torres Almeida, por el desvío de recursos federales por 37 millones 95 mil pesos.
Lo anterior luego de que el ministerio público federal integrará la averiguación previa por la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación que ratificó la acusación el pasado 18 de mayo, por el presunto desvío atribuible a los exservidores públicos, cuando se desempeñaron en esos encargos en el periodo 2006-2009.
Como se informó en el año 2013, durante su gestión Alarcón había celebrado un contrato bursátil calificado de alto riesgo, por un importe de 50 millones de pesos. A través del contrato 100-60247 que firmaron en marzo de 2008 el ex Alcalde junto con su tesorero Alberto Torres Almeida, sin pasar la decisión por Cabildo. El contrato tenía fecha de vencimiento en marzo de 2010.
Desde entonces, se consideró que éste fue celebrado fuera de normatividad, pues la Ley Orgánica Municipal, el Código Financiero del Edoméx y la Ley de Coordinación Fiscal determinan que los recursos federales no deben destinarse a acciones distintas a las que fueron designadas. Con esos recursos se adquirieron 5 mil títulos de un instrumento de alto riesgo.
De manera polémica, en febrero de 2009, la casa de bolsa Interacciones informó a la Alcaldía que determinó valuar en $0.00 los títulos citados.
El peritaje ordenado dentro de la averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/II/154/2010, cuantificó el daño patrimonial del posible desvío en 37 millones 95 mil pesos.
La Auditoría superior de la Federación, estimó que la inversión efectuada era ilícita y de ello se advirtió en la revisión de la Cuenta Pública que derivó en la detección de irregularidades e inconsistencias consideradas como desvío de recursos federales.
El combate legal se prolongó por la promoción de amparos de los acusados que retrasaron el proceso, hasta que la Procuraduría General de la República acreditó la probable responsabilidad de los imputados y determinó el ejercicio de la acción penal –el pasado 2 de junio- y la consecuente solicitud de las órdenes de aprehensión para que Alarcón Bárcena y sus colaboradores enfrenten la justicia.
Lo anterior luego de que el ministerio público federal integrará la averiguación previa por la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación que ratificó la acusación el pasado 18 de mayo, por el presunto desvío atribuible a los exservidores públicos, cuando se desempeñaron en esos encargos en el periodo 2006-2009.
Como se informó en el año 2013, durante su gestión Alarcón había celebrado un contrato bursátil calificado de alto riesgo, por un importe de 50 millones de pesos. A través del contrato 100-60247 que firmaron en marzo de 2008 el ex Alcalde junto con su tesorero Alberto Torres Almeida, sin pasar la decisión por Cabildo. El contrato tenía fecha de vencimiento en marzo de 2010.
Desde entonces, se consideró que éste fue celebrado fuera de normatividad, pues la Ley Orgánica Municipal, el Código Financiero del Edoméx y la Ley de Coordinación Fiscal determinan que los recursos federales no deben destinarse a acciones distintas a las que fueron designadas. Con esos recursos se adquirieron 5 mil títulos de un instrumento de alto riesgo.
De manera polémica, en febrero de 2009, la casa de bolsa Interacciones informó a la Alcaldía que determinó valuar en $0.00 los títulos citados.
El peritaje ordenado dentro de la averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/II/154/2010, cuantificó el daño patrimonial del posible desvío en 37 millones 95 mil pesos.
La Auditoría superior de la Federación, estimó que la inversión efectuada era ilícita y de ello se advirtió en la revisión de la Cuenta Pública que derivó en la detección de irregularidades e inconsistencias consideradas como desvío de recursos federales.
El combate legal se prolongó por la promoción de amparos de los acusados que retrasaron el proceso, hasta que la Procuraduría General de la República acreditó la probable responsabilidad de los imputados y determinó el ejercicio de la acción penal –el pasado 2 de junio- y la consecuente solicitud de las órdenes de aprehensión para que Alarcón Bárcena y sus colaboradores enfrenten la justicia.
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