Ciudad de México.- El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, celebró la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de justicia penal para adolescentes, “que establece un sistema eficaz de inserción social de los infractores menores de edad”.
Moreno Rivera agregó que ahora “las medidas que se impongan a los infractores adolescentes, “deberán ser proporcionales al delito cometido y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente”.
Se trata también, añadió, “de que los adolescentes asuman sus responsabilidades y tengan opciones de vida ajenas a las conductas ilícitas”.
Julio César Moreno aseguró que “aunque se dio un gran paso en materia de justicia, no es suficiente”, por lo que exhortó a los tres niveles de gobierno, en calidad de urgencia, a capacitar al personal que operará el Sistema Penal Acusatorio, así como a realizar la adecuación de la legislación procesal penal local con respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo anterior, en virtud de que a unos meses de la entrada en vigor de la reforma constitucional de junio del 2008, todavía existen entidades que no han iniciado el cambio al nuevo sistema penal acusatorio y oral, por lo que advierte retrasos en la aplicación de la ley y una adecuada justicia.
Moreno Rivera reveló que en México el 42 por ciento de los reclusos en el país no tienen sentencia, por lo que “la sobrepoblación constituye una bomba de tiempo en muchos centros penitenciarios”.
Apuntó que nuestro país ocupa el sexto lugar mundial con cárceles saturadas y tan sólo en 10 años, la población penitenciaria masculina creció en 40 por ciento y la femenina hasta 100 por ciento.
Recordó que los niveles de impunidad que se registran en México han rebasado el 90 por ciento, lo cual calificó Julio César Moreno de alarmante; por ello, urgió a las autoridades, incluidas las de Sedena y Marina, a instruir se lleve a cabo la capacitación de personal policiaco, peritos, ministerios públicos, jueces y magistrados, así como de empleados administrativos de las dependencias encargadas de la seguridad e impartición de justicia.
Con lo anterior, cada uno de los operadores del sistema estará en condiciones de realizar adecuadamente sus funciones; además, la aplicación de las medidas alternas a la solución de conflictos ayudará a disminuir la población carcelaria.
Moreno Rivera agregó que ahora “las medidas que se impongan a los infractores adolescentes, “deberán ser proporcionales al delito cometido y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente”.
Se trata también, añadió, “de que los adolescentes asuman sus responsabilidades y tengan opciones de vida ajenas a las conductas ilícitas”.
Julio César Moreno aseguró que “aunque se dio un gran paso en materia de justicia, no es suficiente”, por lo que exhortó a los tres niveles de gobierno, en calidad de urgencia, a capacitar al personal que operará el Sistema Penal Acusatorio, así como a realizar la adecuación de la legislación procesal penal local con respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo anterior, en virtud de que a unos meses de la entrada en vigor de la reforma constitucional de junio del 2008, todavía existen entidades que no han iniciado el cambio al nuevo sistema penal acusatorio y oral, por lo que advierte retrasos en la aplicación de la ley y una adecuada justicia.
Moreno Rivera reveló que en México el 42 por ciento de los reclusos en el país no tienen sentencia, por lo que “la sobrepoblación constituye una bomba de tiempo en muchos centros penitenciarios”.
Apuntó que nuestro país ocupa el sexto lugar mundial con cárceles saturadas y tan sólo en 10 años, la población penitenciaria masculina creció en 40 por ciento y la femenina hasta 100 por ciento.
Recordó que los niveles de impunidad que se registran en México han rebasado el 90 por ciento, lo cual calificó Julio César Moreno de alarmante; por ello, urgió a las autoridades, incluidas las de Sedena y Marina, a instruir se lleve a cabo la capacitación de personal policiaco, peritos, ministerios públicos, jueces y magistrados, así como de empleados administrativos de las dependencias encargadas de la seguridad e impartición de justicia.
Con lo anterior, cada uno de los operadores del sistema estará en condiciones de realizar adecuadamente sus funciones; además, la aplicación de las medidas alternas a la solución de conflictos ayudará a disminuir la población carcelaria.
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