Ciudad de México.- El ex Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca, se negó a declarar ante el Ministerio Público Federal, sin embargo, en una demanda de amparo calificó los hechos del 26 de septiembre como "actos repudiables".
En el escrito, que está integrado al expediente ministerial del caso Iguala, Abarca sostuvo que no cometió ningún delito y que es sujeto de una persecución por el cargo que desempeñaba.
"Libraron orden de presentación en mi contra para que declare y solicitaron a todas las autoridades federativas y el Distrito Federal, desarrollando una persecución fuera de todo marco legal, donde peligra mi libertad, sin haber cometido delito alguno.
"Y esa persecución nace por el hecho de ser presidente municipal en Iguala, Guerrero, donde acaecieron actos repudiables de los cuales de forma infamante se me trata de involucrar y de ahí el que recurro ante la justicia federal", apuntó.
La Procuraduría General de la República subió ayer a su página de internet la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala, que consta de alrededor de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos.
En la demanda, Abarca relató que el 26 de septiembre de 2014, luego de que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, rindió su informe de labores como presidenta del DIF local, se retiró a su casa a las 21:00 horas.
"Aproximadamente a las nueve y media de la noche del día 26 de septiembre recibí llamada telefónica del Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio. Me informó que en la central camionera de Iguala se encontraban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa secuestrando autobuses.
"Que se mantuviera en calma, que sólo se llevarían los autobuses; minutos después el Secretario (de Seguridad municipal) me informó que había dado parte de los hechos a la Policía Federal de Caminos, le indiqué que estuviere pendiente", explicó.
A las 22:00 horas, continuó, el Secretario le informó telefónicamente que "pegado" al Palacio Municipal se suscitaron balaceras y estampida de personas, por lo que, aseveró el político, ordenó que se abrieran dicho recinto para que las personas entraran y se protegieran.
Abarca dijo que al consultar las redes sociales supo que había muertos y heridos, por lo que ordenó al Jefe de la Policía Municipal investigar los hechos. Pasada la medianoche, expuso, volvió a tener comunicación con el mando, quien le confirmó que hubo un ataque contra el autobús del equipo de fútbol de los Avispones.
"Al día siguiente, sábado 27 de septiembre de 2014, en las primeras horas del día, me enteré de las consecuencias graves de los hechos relatados, por lo cual el ayuntamiento tomó la decisión de suspender mi informe de gobierno municipal, que me correspondía hacer ese día".
"Dada la gravedad de lo acontecido, lo lamentable de los hechos y a efecto de no entorpecer las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicité a Gobierno del cabildo municipal de Iguala licencia temporal", manifestó.
El ex Presidente Municipal se reservó su derecho a declarar ante la SEIDO, al igual que su esposa.
La PGR les preguntó, entre otras cosas, si sabían quién ordenó secuestrar a los estudiantes de Ayotzinapa, si tenían vínculos con Guerreros Unidos, y si conocían a miembros de esa organización delictiva como "El Gil", "El Choky" y "El Camperra".
En el escrito, que está integrado al expediente ministerial del caso Iguala, Abarca sostuvo que no cometió ningún delito y que es sujeto de una persecución por el cargo que desempeñaba.
"Libraron orden de presentación en mi contra para que declare y solicitaron a todas las autoridades federativas y el Distrito Federal, desarrollando una persecución fuera de todo marco legal, donde peligra mi libertad, sin haber cometido delito alguno.
"Y esa persecución nace por el hecho de ser presidente municipal en Iguala, Guerrero, donde acaecieron actos repudiables de los cuales de forma infamante se me trata de involucrar y de ahí el que recurro ante la justicia federal", apuntó.
La Procuraduría General de la República subió ayer a su página de internet la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala, que consta de alrededor de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos.
En la demanda, Abarca relató que el 26 de septiembre de 2014, luego de que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, rindió su informe de labores como presidenta del DIF local, se retiró a su casa a las 21:00 horas.
"Aproximadamente a las nueve y media de la noche del día 26 de septiembre recibí llamada telefónica del Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio. Me informó que en la central camionera de Iguala se encontraban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa secuestrando autobuses.
"Que se mantuviera en calma, que sólo se llevarían los autobuses; minutos después el Secretario (de Seguridad municipal) me informó que había dado parte de los hechos a la Policía Federal de Caminos, le indiqué que estuviere pendiente", explicó.
A las 22:00 horas, continuó, el Secretario le informó telefónicamente que "pegado" al Palacio Municipal se suscitaron balaceras y estampida de personas, por lo que, aseveró el político, ordenó que se abrieran dicho recinto para que las personas entraran y se protegieran.
Abarca dijo que al consultar las redes sociales supo que había muertos y heridos, por lo que ordenó al Jefe de la Policía Municipal investigar los hechos. Pasada la medianoche, expuso, volvió a tener comunicación con el mando, quien le confirmó que hubo un ataque contra el autobús del equipo de fútbol de los Avispones.
"Al día siguiente, sábado 27 de septiembre de 2014, en las primeras horas del día, me enteré de las consecuencias graves de los hechos relatados, por lo cual el ayuntamiento tomó la decisión de suspender mi informe de gobierno municipal, que me correspondía hacer ese día".
"Dada la gravedad de lo acontecido, lo lamentable de los hechos y a efecto de no entorpecer las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicité a Gobierno del cabildo municipal de Iguala licencia temporal", manifestó.
El ex Presidente Municipal se reservó su derecho a declarar ante la SEIDO, al igual que su esposa.
La PGR les preguntó, entre otras cosas, si sabían quién ordenó secuestrar a los estudiantes de Ayotzinapa, si tenían vínculos con Guerreros Unidos, y si conocían a miembros de esa organización delictiva como "El Gil", "El Choky" y "El Camperra".
Terra.com
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