Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la minuta del Senado que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De aprobarse se expediría el primer ordenamiento jurídico que conformaría el andamiaje jurídico que daría origen a los sistemas nacionales de Transparencia, y Anticorrupción, que mandata la reforma constitucional en la materia.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro Vázquez, presentó una modificación, una adenda, que aprobó dicha instancia legislativa, la cual fue avalada por el pleno camaral por votación económica.
El diputado de Morena indicó a nombre de la comisión que preside que la adenda consiste en incluir un cuarto transitorio, petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Se puntualiza que ese instituto deberá de aprobar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este decreto los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados del ámbito federal deberán cumplir.
También los procedimiento de verificación de las obligaciones de transparencia y de denuncia por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta legislación.
Además se señala que las obligaciones de transparencia prescritas en la presente ley se incorporan en la Plataforma Nacional de Transparencia en el ámbito de los sujetos obligados federales.
En el mismo plazo las nuevas obligaciones establecidas serán aplicables para los sujetos obligados, solo respecto a la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Previamente, el diputado Rogerio Castro Vázquez presentó el dictamen al Pleno camaral donde afirmó que con la expedición de la nueva ley federal “vamos a brindar a la ciudadanía un marco jurídico que permita fortalecer el ejercicio de la transparencia y acceso a la información en todo el país”.
Subrayó que no se debe olvidar que para conformar el marco jurídico relativo a transparencia se debe también legislar sobre datos personales en posesión de sujetos obligados y en materia de archivos.
El legislador reconoció que gracias al debate y consulta a expertos, sujetos obligados, foros en el Senado y el apoyo del INAI, pueden entregar una ley que acorde a los principios generales que pautaron la reforma constitucional.
La Ley General de Transparencia representa para la ciudadanía una herramienta para el acceso a la información y garantizar este derecho constitucional, añadió.
Recordó que este proceso inició en la anterior legislatura, la 62, con la discusión y aprobación de la reforma constitucional en febrero de 2014, lo que permitió abrir la puerta para consolidar un marco normativo e institucional que garantice el derecho a la información pública y amplia a los sujetos obligados.
Asimismo, se otorga autonomía constitucional al INAI y se fortalecen su sus atribuciones y se crean organismos fiscales autónomos en materia de transparencia, concluyó.
De aprobarse se expediría el primer ordenamiento jurídico que conformaría el andamiaje jurídico que daría origen a los sistemas nacionales de Transparencia, y Anticorrupción, que mandata la reforma constitucional en la materia.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro Vázquez, presentó una modificación, una adenda, que aprobó dicha instancia legislativa, la cual fue avalada por el pleno camaral por votación económica.
El diputado de Morena indicó a nombre de la comisión que preside que la adenda consiste en incluir un cuarto transitorio, petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Se puntualiza que ese instituto deberá de aprobar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este decreto los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados del ámbito federal deberán cumplir.
También los procedimiento de verificación de las obligaciones de transparencia y de denuncia por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta legislación.
Además se señala que las obligaciones de transparencia prescritas en la presente ley se incorporan en la Plataforma Nacional de Transparencia en el ámbito de los sujetos obligados federales.
En el mismo plazo las nuevas obligaciones establecidas serán aplicables para los sujetos obligados, solo respecto a la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Previamente, el diputado Rogerio Castro Vázquez presentó el dictamen al Pleno camaral donde afirmó que con la expedición de la nueva ley federal “vamos a brindar a la ciudadanía un marco jurídico que permita fortalecer el ejercicio de la transparencia y acceso a la información en todo el país”.
Subrayó que no se debe olvidar que para conformar el marco jurídico relativo a transparencia se debe también legislar sobre datos personales en posesión de sujetos obligados y en materia de archivos.
El legislador reconoció que gracias al debate y consulta a expertos, sujetos obligados, foros en el Senado y el apoyo del INAI, pueden entregar una ley que acorde a los principios generales que pautaron la reforma constitucional.
La Ley General de Transparencia representa para la ciudadanía una herramienta para el acceso a la información y garantizar este derecho constitucional, añadió.
Recordó que este proceso inició en la anterior legislatura, la 62, con la discusión y aprobación de la reforma constitucional en febrero de 2014, lo que permitió abrir la puerta para consolidar un marco normativo e institucional que garantice el derecho a la información pública y amplia a los sujetos obligados.
Asimismo, se otorga autonomía constitucional al INAI y se fortalecen su sus atribuciones y se crean organismos fiscales autónomos en materia de transparencia, concluyó.
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