Ciudad de México.- La organización Amnistía Internacional (AI) consideró insuficiente la disculpa pública del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, por los actos de tortura que personal castrense realizó contra una mujer en la sierra de Guerrero, en febrero de 2015, y que en días recientes se conocieron por su difusión en las redes sociales.
En un comunicado, el organismo internacional que ha documentado ampliamente los abusos cometidos por personal militar señaló que si bien la solicitud de perdón “es un paso importante, no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a lo abusos si no se acompaña de un ejercicio de rendición de cuentas”.
Y condenó que el gobierno mexicano considere como “hechos aislados” –atribuidos a “personas que actuaban por su cuenta”–los actos de tortura difundidos en las redes sociales.
Para la organización con sede en Londres, Inglaterra es necesario que el gobierno de México y en particular las autoridades militares “reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para cambiar esta tendencia”.
De igual manera, reconoció que la declaración del titular de la Sedena es una excepción después de 20 años de que Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones nacionales, han documentado casos “en lo que las fuerzas armadas han participado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, entre otras”.
No obstante, para AI el actuar del secretario “por la conducta de miembros de las fuerzas armadas que habrían torturado a una mujer hace 14 meses en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, constituye un primer paso que debe impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para sancionar y prevenir las violaciones graves a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en México”.
En nombre de la organización, el responsable de la oficina en México, Perseo Quiroz, calificó como “notable” que por primera vez la Sedena se disculpe por un caso de tortura. “Esto tendría que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado mexicano en su conjunto por todas las violaciones graves a los derechos humanos por las cuales el personal militar tenga que responder”, agregó.
La rendición de cuentas, apuntó, debe garantizar que las autoridades civiles realicen “investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas”.
Y señaló que de no someter a las fuerzas armadas al control de las instituciones civiles, “México parecería no estar dispuesto o no ser capaz de llevar a cabo investigaciones y procesamientos contra miembros del Ejército”.
El director de AI-México reconoció la relevancia de la disculpa pública, pero lamentó que ese no sea el actuar generalizado de las fuerzas armadas, como es el caso de la muerte, a manos de miembros del Ejército, de dos estudiantes destacados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.
Quiroz recordó que las familias de ambos estudiantes siguen “esperando ese reconocimiento de responsabilidad y justicia”, una vez que se ha demostrado la responsabilidad militar en la muerte de los jóvenes, por lo que “se necesita que el Estado mexicano tome acciones reales frente a la impunidad existente”.
Finalmente la organización internacional lanzó un llamado al gobierno de México “para poner fin de inmediato al desempeño de funciones habituales de la policía, como detener, investigare interrogar por parte de las fuerzas armadas”.
Al reconocer que el gobierno mexicano se enfrenta a “dificultades de seguridad pública” para proteger a la población, subrayó que “la gravedad de la crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante estos abusos. El delito no se combate con más delito”, concluyó.
En un comunicado, el organismo internacional que ha documentado ampliamente los abusos cometidos por personal militar señaló que si bien la solicitud de perdón “es un paso importante, no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a lo abusos si no se acompaña de un ejercicio de rendición de cuentas”.
Y condenó que el gobierno mexicano considere como “hechos aislados” –atribuidos a “personas que actuaban por su cuenta”–los actos de tortura difundidos en las redes sociales.
Para la organización con sede en Londres, Inglaterra es necesario que el gobierno de México y en particular las autoridades militares “reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para cambiar esta tendencia”.
De igual manera, reconoció que la declaración del titular de la Sedena es una excepción después de 20 años de que Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones nacionales, han documentado casos “en lo que las fuerzas armadas han participado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, entre otras”.
No obstante, para AI el actuar del secretario “por la conducta de miembros de las fuerzas armadas que habrían torturado a una mujer hace 14 meses en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, constituye un primer paso que debe impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para sancionar y prevenir las violaciones graves a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en México”.
En nombre de la organización, el responsable de la oficina en México, Perseo Quiroz, calificó como “notable” que por primera vez la Sedena se disculpe por un caso de tortura. “Esto tendría que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado mexicano en su conjunto por todas las violaciones graves a los derechos humanos por las cuales el personal militar tenga que responder”, agregó.
La rendición de cuentas, apuntó, debe garantizar que las autoridades civiles realicen “investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas”.
Y señaló que de no someter a las fuerzas armadas al control de las instituciones civiles, “México parecería no estar dispuesto o no ser capaz de llevar a cabo investigaciones y procesamientos contra miembros del Ejército”.
El director de AI-México reconoció la relevancia de la disculpa pública, pero lamentó que ese no sea el actuar generalizado de las fuerzas armadas, como es el caso de la muerte, a manos de miembros del Ejército, de dos estudiantes destacados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.
Quiroz recordó que las familias de ambos estudiantes siguen “esperando ese reconocimiento de responsabilidad y justicia”, una vez que se ha demostrado la responsabilidad militar en la muerte de los jóvenes, por lo que “se necesita que el Estado mexicano tome acciones reales frente a la impunidad existente”.
Finalmente la organización internacional lanzó un llamado al gobierno de México “para poner fin de inmediato al desempeño de funciones habituales de la policía, como detener, investigare interrogar por parte de las fuerzas armadas”.
Al reconocer que el gobierno mexicano se enfrenta a “dificultades de seguridad pública” para proteger a la población, subrayó que “la gravedad de la crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante estos abusos. El delito no se combate con más delito”, concluyó.
Proceso
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