Por: Lydia Cacho
Durante más de 15 años he planteado una pregunta a miles de víctimas de violencia… ¿qué es lo más frustrante de interponer una denuncia en tu país? Estas son las respuestas por orden de importancia. Nótese que frente a la pregunta sobre frustración, casi todas las personas responden con la palabra miedo por delante.
1. El miedo a que no me crean las autoridades.
2. El miedo a que le avisen a mi agresor (secuestrador, violador, etcétera) y haya venganza.
3. El miedo a que me humillen los peritos o el juez o el Ministerio Público.
4. El miedo a que me quede sin trabajo por tener que ocuparme de investigar mi caso como le pasa a casi toda la gente.
5. La angustia a no tener dinero para pagar buenos abogados que no se vendan.
6. El miedo a que retraumaticen a mi hijo o hija por no saber cómo tratar a niños o niñas víctimas de abuso.
7. El miedo, la frustración anticipada de que le dedique dos o tres años de mi vida al caso, y al final el juez no gire sentencia porque el Ministerio Público y la policía no supieron recabar evidencia.
8. El miedo a que me revictimice más hacer un proceso judicial que el delito en sí mismo.
9. El miedo a que me maltraten, me manoseen, me humillen en la Procuraduría por haber sido violada, violado.
10. El miedo y la angustia a que me castigue la autoridad por haber dicho la verdad.
Estoy segura de que las y los lectores coinciden con la mayoría de temores; también sé, porque lo he documentado, que dentro de las fiscalías, juzgados y procuradurías hay personas honestas que intentan romper los vicios estructurales que generan injusticia e impunidad; también viven con miedo y frustración.
Entonces ¿quiénes no viven con miedo? Los operadores de la parálisis del sistema. El primero es el presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores del país que se rehúsan a diario a aceptar la división de poderes. Ellos son los saboteadores principales del Sistema de Justicia Penal Procesal, impulsan las leyes y paralelamente las desactivan.
El caso Ayotzinapa es hoy el más simbólico: policías y militares ocultan información; el PRI y PRD protegen a su alcalde y gobernador vinculados con la delincuencia organizada y desapariciones forzadas; esta connivencia provoca que la PGJ de Guerrero y la PGR manipulen la evidencia.
La sociedad civil se rebela provocando una reacción inesperada, el presidente acepta al grupo de especialistas GIEI; el sabotaje del caso sigue su curso. Cuando el GIEI obtiene resultados, el gobierno activa la segunda fase del sabotaje: periodistas comprados siguen el discurso del procurador plantando dudas y versiones acusatorias de las víctimas.
Luego el tercer paso: desacreditar a las y los expertos, calumniarles, fabricar acusaciones no solamente a ellas y ellos sino a toda persona de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que valida su profesionalismo y honestidad.
El esfuerzo monumental y el gasto que ha implicado para el gobierno federal destruir la posibilidad de obtener verdad y justicia costó cinco veces más de lo que hubiese costado impartir justicia; el daño emocional causado a la sociedad y a las víctimas es irreparable.
Sí los gobernantes operan con crueldad, conocimiento de causa y estrategia. Lo cierto es que la sociedad sigue denunciando para fortalecer a las instituciones que el gobierno mantiene destartaladas.
Parece algo obvio pero no podemos olvidarlo: la tarea es desbancar a esos poderosos, es elegir hasta encontrar a quienes se atrevan a restituir el Estado de Derecho. La sociedad civil tiene una tarea: colectar suficiente evidencia, desarticular leyes como la “Ley Atenco”, denunciar sin detenerse a los corruptos. Vencer el miedo para hacer contrapeso ante el totalitarismo que se avecina.
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
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