Estado de México.- Por la inadecuada actuación de servidores públicos, que conllevó a violentar el derecho de acceso a la justicia de una víctima de abuso sexual, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió la recomendación 07/2016 al Procurador General de Justicia estatal.
La Comisión determinó que tres servidores públicos vinculados al caso fueron omisos al mostrar desinterés e inobservancia a la debida diligencia, además de no ofrecer atención psicológica oportuna y propiciar dilación en su deber de investigar. En ese sentido, la menor afectada sufrió victimización institucional.
En el caso de la denuncia hecha por la madre de la niña, el ministerio público demeritó su función encomendada al no actuar de manera diligente, aún cuando por su condición, la agraviada requería atención especializada en materia jurídica, médica y psicológica de urgencia.
Asimismo, el representante social estaba obligado a investigar la verdad histórica de los hechos; sin embargo, sólo procedió a ordenar y anexar al expediente la certificación médica, y no llevó a cabo las diligencias inmediatas y necesarias para identificar al responsable, para demandar la sanción penal correspondiente.
En la investigación de la Codhem, se encontró que otra servidora pública con conocimiento del caso, no brindó una adecuada atención a la víctima y propició la integración deficiente del documento de investigación, pues hizo la primera diligencia 14 días después de iniciada la carpeta.
Dentro de los elementos adversos en que incurrió la representación social para garantizar el derecho a la justicia, está que aún cuando solicitó una impresión psicológica a la especialista de la dependencia estatal, pidió a la madre de la afectada que recabara y entregara los resultados del estudio.
Fueron cinco meses después de tener conocimiento del hecho delictuoso, en el que por cierto no se realizó diligencia alguna para esclarecer la identidad del agresor; que se entregó el resultado del estudio y a pesar de que reveló que la víctima presentaba síntomas por haber sufrido violencia sexual, no se le otorgaron las medidas de protección respectivas.
Entre los puntos recomendatorios de la Codhem destaca implementar medidas para combatir las prácticas administrativas inadecuadas de los servidores públicos de la procuraduría estatal y evitar la victimización secundaria; otorgar atención médica, psicológica especializada y psicosocial así como a sus familiares; y como medida de no repetición, capacitar en materia de derechos humanos al personal del ministerio público de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.
La Comisión determinó que tres servidores públicos vinculados al caso fueron omisos al mostrar desinterés e inobservancia a la debida diligencia, además de no ofrecer atención psicológica oportuna y propiciar dilación en su deber de investigar. En ese sentido, la menor afectada sufrió victimización institucional.
En el caso de la denuncia hecha por la madre de la niña, el ministerio público demeritó su función encomendada al no actuar de manera diligente, aún cuando por su condición, la agraviada requería atención especializada en materia jurídica, médica y psicológica de urgencia.
Asimismo, el representante social estaba obligado a investigar la verdad histórica de los hechos; sin embargo, sólo procedió a ordenar y anexar al expediente la certificación médica, y no llevó a cabo las diligencias inmediatas y necesarias para identificar al responsable, para demandar la sanción penal correspondiente.
En la investigación de la Codhem, se encontró que otra servidora pública con conocimiento del caso, no brindó una adecuada atención a la víctima y propició la integración deficiente del documento de investigación, pues hizo la primera diligencia 14 días después de iniciada la carpeta.
Dentro de los elementos adversos en que incurrió la representación social para garantizar el derecho a la justicia, está que aún cuando solicitó una impresión psicológica a la especialista de la dependencia estatal, pidió a la madre de la afectada que recabara y entregara los resultados del estudio.
Fueron cinco meses después de tener conocimiento del hecho delictuoso, en el que por cierto no se realizó diligencia alguna para esclarecer la identidad del agresor; que se entregó el resultado del estudio y a pesar de que reveló que la víctima presentaba síntomas por haber sufrido violencia sexual, no se le otorgaron las medidas de protección respectivas.
Entre los puntos recomendatorios de la Codhem destaca implementar medidas para combatir las prácticas administrativas inadecuadas de los servidores públicos de la procuraduría estatal y evitar la victimización secundaria; otorgar atención médica, psicológica especializada y psicosocial así como a sus familiares; y como medida de no repetición, capacitar en materia de derechos humanos al personal del ministerio público de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.
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