Ciudad de México.- Diputados federales y representantes de organismos nacionales e internacionales coincidieron en la importancia de respaldar presupuestalmente los derechos de niñas, niños y adolescentes que contemple incluir el Constituyente en la Carta Magna de la Ciudad de México. De no ocurrir así, advirtieron, será difícil garantizar la protección de los menores.
Al continuar los trabajos del foro “Mis Derechos en Mi Ciudad”, el diputado Jesús Valencia Guzmán (PRD) refirió que a tan sólo tres días de que el Presidente de la República instalara el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el 2 de diciembre de 2015, éste seguía sin contar con recursos porque “se les olvidó ponerle presupuesto”.
El también presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez subrayó que una falta similar no puede ocurrir al momento de crear la Ley Máxima de la Cuidad de México. Los constituyentes, dijo, deben asegurarse de que las garantías de los menores cuenten con sustento económico en los presupuestos tanto del ámbito federal como del local.
“No solamente es poner los derechos de los niños en la Constitución, sino pensar cómo le vamos a hacer para que sean respetados y obligatorios, y cómo hacer que los programas destinados a ellos tengan un sustento económico”, enfatizó.
La legisladora Hortensia Aragón Castillo (PRD) sostuvo que la Reforma Educativa ha puesto en el centro a los maestros o a las escuelas, pero no a los niños. Derivado de ello, la SEP invierte 50 mil millones de pesos en la infraestructura educativa, pero en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, “no hay ni un peso” para el rubro académico.
Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, aseguró que ese es el problema: “Ponemos en el centro a los objetos, en lugar de los sujetos, como materia de acción de las políticas públicas. Si en la ley no lo hacemos, las políticas públicas no van a derivar en acciones concretas para beneficiarlos”.
Isabel Crowley, representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), subrayó que la Constitución capitalina debe subrayar en su texto que la inversión en la infancia es prioridad para el desarrollo de la ciudad.
Más aún, agregó, se tiene que “blindar” este principio asegurando que el presupuesto destinado a los menores sea proporcional y suficiente para los 2.5 millones que habitan en la Ciudad de México.
“La apuesta es colocar la Constitución a la vanguardia y proporcionar a la política fiscal y al PIB de la ciudad una conexión con el presupuesto para la infancia. Eso es lo que estamos pidiendo. Sería el primer estado de la República que lo haría”, destacó.
En otro orden de ideas, la directora en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Nuria Sanz, instó a tomar en cuenta la educación preescolar en la conformación de la Carta Magna de la Ciudad de México, ya que el proceso de aprendizaje entre los tres y cinco años –según informes internacionales- es fundamental para crear a ciudadanos que impulsen sociedades justas y libres.
Por otra parte, recordó que de los más de dos millones de niños que habitan en la capital del país, el 2 por ciento habla una lengua indígena; sin embargo, la diversidad cultural y lingüística ha sido una “deuda social” en la Ciudad de México que debe subsanarse, ya que se ha comprobado que la habilidad plurilingüe de los menores incrementa su potencial de desarrollo.
Por su parte, la procuradora Federal de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes del DIF, Nelly Montealegre, pidió a los legisladores constituyentes incluir principios rectores para la protección de los niños, como su derecho a la participación y a ser escuchados.
Asimismo, propuso crear mecanismos de cuidado a niños migrantes y asegurarles presupuesto suficiente, ya que de 2014 a 2015, la cifra de menores en esta situación, atendidos por el DIF, pasó de 23 mil a más de 37 mil. “Cada una de las entidades federativas deberían tener la obligación de protegerlos. Confiamos en que la Ciudad de México lo hará”, concluyó.
A su vez, el director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, Ignacio Villaseñor Ruiz, opinó que más que estipular los derechos de los niños en la Ley Suprema de la ciudad, es menester darles transparencia y tener la seguridad de que tales garantías pueden cumplirse.
“Me daría gusto que todas las constituciones de los estados se inspiren en la de la Ciudad de México. Para esto, los niños, las niñas y los adolescentes deben ser tratados como el centro de la atención que debemos tenerles”, agregó.
Al continuar los trabajos del foro “Mis Derechos en Mi Ciudad”, el diputado Jesús Valencia Guzmán (PRD) refirió que a tan sólo tres días de que el Presidente de la República instalara el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el 2 de diciembre de 2015, éste seguía sin contar con recursos porque “se les olvidó ponerle presupuesto”.
El también presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez subrayó que una falta similar no puede ocurrir al momento de crear la Ley Máxima de la Cuidad de México. Los constituyentes, dijo, deben asegurarse de que las garantías de los menores cuenten con sustento económico en los presupuestos tanto del ámbito federal como del local.
“No solamente es poner los derechos de los niños en la Constitución, sino pensar cómo le vamos a hacer para que sean respetados y obligatorios, y cómo hacer que los programas destinados a ellos tengan un sustento económico”, enfatizó.
La legisladora Hortensia Aragón Castillo (PRD) sostuvo que la Reforma Educativa ha puesto en el centro a los maestros o a las escuelas, pero no a los niños. Derivado de ello, la SEP invierte 50 mil millones de pesos en la infraestructura educativa, pero en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, “no hay ni un peso” para el rubro académico.
Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, aseguró que ese es el problema: “Ponemos en el centro a los objetos, en lugar de los sujetos, como materia de acción de las políticas públicas. Si en la ley no lo hacemos, las políticas públicas no van a derivar en acciones concretas para beneficiarlos”.
Isabel Crowley, representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), subrayó que la Constitución capitalina debe subrayar en su texto que la inversión en la infancia es prioridad para el desarrollo de la ciudad.
Más aún, agregó, se tiene que “blindar” este principio asegurando que el presupuesto destinado a los menores sea proporcional y suficiente para los 2.5 millones que habitan en la Ciudad de México.
“La apuesta es colocar la Constitución a la vanguardia y proporcionar a la política fiscal y al PIB de la ciudad una conexión con el presupuesto para la infancia. Eso es lo que estamos pidiendo. Sería el primer estado de la República que lo haría”, destacó.
En otro orden de ideas, la directora en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Nuria Sanz, instó a tomar en cuenta la educación preescolar en la conformación de la Carta Magna de la Ciudad de México, ya que el proceso de aprendizaje entre los tres y cinco años –según informes internacionales- es fundamental para crear a ciudadanos que impulsen sociedades justas y libres.
Por otra parte, recordó que de los más de dos millones de niños que habitan en la capital del país, el 2 por ciento habla una lengua indígena; sin embargo, la diversidad cultural y lingüística ha sido una “deuda social” en la Ciudad de México que debe subsanarse, ya que se ha comprobado que la habilidad plurilingüe de los menores incrementa su potencial de desarrollo.
Por su parte, la procuradora Federal de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes del DIF, Nelly Montealegre, pidió a los legisladores constituyentes incluir principios rectores para la protección de los niños, como su derecho a la participación y a ser escuchados.
Asimismo, propuso crear mecanismos de cuidado a niños migrantes y asegurarles presupuesto suficiente, ya que de 2014 a 2015, la cifra de menores en esta situación, atendidos por el DIF, pasó de 23 mil a más de 37 mil. “Cada una de las entidades federativas deberían tener la obligación de protegerlos. Confiamos en que la Ciudad de México lo hará”, concluyó.
A su vez, el director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, Ignacio Villaseñor Ruiz, opinó que más que estipular los derechos de los niños en la Ley Suprema de la ciudad, es menester darles transparencia y tener la seguridad de que tales garantías pueden cumplirse.
“Me daría gusto que todas las constituciones de los estados se inspiren en la de la Ciudad de México. Para esto, los niños, las niñas y los adolescentes deben ser tratados como el centro de la atención que debemos tenerles”, agregó.
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