Veracruz.- Para el secretario de acción electoral del PRI e integrante de la Comisión de Justicia Partidaria, Arturo Zamora, “quienes han cometido irregularidades en los Estados van a negar hechos y militancia, porque están acostumbrados a simular muchas cosas”, esto luego de que Juan Carlos Rodríguez, quien asegura que está adscrito al organismo político en Zongolica, negó pertenecer a ese instituto tras serle cancelado sus derechos.
No rechaza que pudiera haber un error en el registro de datos por parte de quien hizo la captura en 2014, cuando se integró el padrón de militantes, pero lo cierto, dice, es que “los funcionarios de Javier Duarte de Ochoa aparecen como militantes y, por supuesto, en la Comisión de Justicia tomamos en consideración eso, pero lo más importante son las denuncias y la investigación que se dio a conocer”, y vaya que tiene razón. Y es que ha trascendido, como se ha informado oportunamente en este espacio, que a Javier Duarte de Ochoa –y a ciertos funcionarios y ex funcionarios de su administración- no solo se le investiga por la situación financiera en la que sumió al Estado, sino por la ejecución de periodistas y desaparición de personas, además de que alcaldes y diputados han declarado que muchas veces fueron amenazados por el Gobernador cuando no se sometían a sus caprichos en materia financiera.
Pero la PGR, según se sabe, tiene abierta una carpeta de investigación por la violencia ejercida contra periodistas, de tal suerte que a la fecha, tan solo en su administración se cuentan 19 e infinidad de desaparecidos, perseguidos y encarcelados en su momento.
En ese sentido, el Senador Zamora revela que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI consideró por lo menos 14 conductas negativas que se imputan a Javier Duarte y a otros cinco militantes para suspenderles sus derechos político y partidistas, y entre estos, destaca la violencia contra periodistas que ha provocado homicidios, secuestros, desapariciones y desplazamiento de comunicadores a otras entidades de quienes se dedican a ese oficio.
Hay, también, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, desaparición de personas; falta de pago a la Universidad Veracruzana; adeudos con distintas dependencias y órganos; participación en la creación de empresas fantasma y celebración de adjudicaciones y contratos; donación de bienes inmuebles propiedad del Estado para saldar deudas; amenazas a alcaldes y diputados locales para aprobar iniciativas en materia de corrupción, o bien, para manifestarse a favor del gobierno del estado; y aumento desproporcionado e irracional de la deuda pública.
En torno a la suspensión de derechos partidistas al gobernador de Veracruz, Arturo Zamora dice el PRI ratificó que los funcionarios del Gobierno Estatal también mencionados en ese expediente aparecen en el registro de militantes del tricolor.
En el caso de Juan Carlos Rodríguez, está adscrito al organismo político en Zongolica, aunque, posteriormente se dijo que era un homónimo.
Por lo pronto, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa reiteró que Javier Duarte y Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, serán castigados conforme a la ley y con respeto a sus derechos básicos.
Gobernantes
No rechaza que pudiera haber un error en el registro de datos por parte de quien hizo la captura en 2014, cuando se integró el padrón de militantes, pero lo cierto, dice, es que “los funcionarios de Javier Duarte de Ochoa aparecen como militantes y, por supuesto, en la Comisión de Justicia tomamos en consideración eso, pero lo más importante son las denuncias y la investigación que se dio a conocer”, y vaya que tiene razón. Y es que ha trascendido, como se ha informado oportunamente en este espacio, que a Javier Duarte de Ochoa –y a ciertos funcionarios y ex funcionarios de su administración- no solo se le investiga por la situación financiera en la que sumió al Estado, sino por la ejecución de periodistas y desaparición de personas, además de que alcaldes y diputados han declarado que muchas veces fueron amenazados por el Gobernador cuando no se sometían a sus caprichos en materia financiera.
Pero la PGR, según se sabe, tiene abierta una carpeta de investigación por la violencia ejercida contra periodistas, de tal suerte que a la fecha, tan solo en su administración se cuentan 19 e infinidad de desaparecidos, perseguidos y encarcelados en su momento.
En ese sentido, el Senador Zamora revela que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI consideró por lo menos 14 conductas negativas que se imputan a Javier Duarte y a otros cinco militantes para suspenderles sus derechos político y partidistas, y entre estos, destaca la violencia contra periodistas que ha provocado homicidios, secuestros, desapariciones y desplazamiento de comunicadores a otras entidades de quienes se dedican a ese oficio.
Hay, también, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, desaparición de personas; falta de pago a la Universidad Veracruzana; adeudos con distintas dependencias y órganos; participación en la creación de empresas fantasma y celebración de adjudicaciones y contratos; donación de bienes inmuebles propiedad del Estado para saldar deudas; amenazas a alcaldes y diputados locales para aprobar iniciativas en materia de corrupción, o bien, para manifestarse a favor del gobierno del estado; y aumento desproporcionado e irracional de la deuda pública.
En torno a la suspensión de derechos partidistas al gobernador de Veracruz, Arturo Zamora dice el PRI ratificó que los funcionarios del Gobierno Estatal también mencionados en ese expediente aparecen en el registro de militantes del tricolor.
En el caso de Juan Carlos Rodríguez, está adscrito al organismo político en Zongolica, aunque, posteriormente se dijo que era un homónimo.
Por lo pronto, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa reiteró que Javier Duarte y Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, serán castigados conforme a la ley y con respeto a sus derechos básicos.
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