Estado de México.- Integrantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y de la organización civil Defensores de la Tierra (Earth Defenders) presentaron dos amparos, firmados por niños de este pueblo otomí, para suspender definitivamente la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en su territorio, por generar la violación a los derechos humanos de los menores, quienes -aseguran-presentan daños psicológicos y físicos derivados de la violenta imposición del proyecto carretero desde casi diez años.
Los amparos dirigidos al Poder Judicial Federal están firmados por al menos 20 niños de esta comunidad indígena de entre dos y 17 años, con la autorización y el respaldo de sus padres.
José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad, refirió que al menos 400 niños presentan afectaciones psicológicas graves ante las agresiones que han sufrido los comuneros y pobladores que defienden este territorio de la construcción de la autopista, ante el ingreso arbitrario de la maquinaria de la constructora Autovan Teya, filial del grupo Higa, y el uso excesivo de la fuerza pública.
"Ven policías o una patrulla cerca de la escuela y se esconden, empiezan a temblar, esa es información de los propios maestros, el problema siempre han sido los policías, la forma en cómo hemos sido sitiados, la forma en que se han violado los derechos humanos en la comunidad", dijo.
"Desde hace casi una década han entrado ilegalmente, violentamente al territorio de la población indígena, sin importarles los niños, les han pegado, han amenazado a sus familiares, han detenido a padres de familia y han aterrorizado a la población en general" expresó Priscila Rodríguez Bribiesca, directora ejecutiva de Earth Defenders.
"Estoy representado a una niña de 17 años que en la mitad de su vida ha vivido bajo un régimen generalizado de violencia: granaderos afuera de sus casa, gente armada, amenazas que recibe su mamá y su papá", añadió.
Explicó que esto está sujeto a la normativa internacional de los Derechos de los Niños de la ONU, que es una convención aceptada, reconocida y ratificada y es una Ley interna que existe desde hace 25 años.
Denunció al presidente de la República Enrique Peña Nieto, la primera dama Angélica Rivera, el gobernador Eruviel Ávila Villegas, a la Secretaría de Comunicaciones, al sistema de autopistas del estado, así como a las autoridades de Lerma, la constructora Higa, entre otros, por violar los derechos de más de mil menores de la comunidad.
Rodríguez Bribiesca señaló a Angélica Rivera en su calidad de presidenta honoraria del DIF de probable omisión, al no proteger y garantizar los derechos de los niños y de las familia en Xochicuautla. Por su parte, a Peña Nieto lo acusa de diseñar el proyecto cuando era gobernador mexiquense.
Explicó que lo que se pide en el amparo es rechazar el proyecto por la violación a los derechos humanos a los niños, pues nunca se consideró el impacto negativo que este proyecto tendría en los menores de la comunidad.
"El tema es que se cumpla la suspensión, que no pueda entrar nadie de grupo Higa, ningún constructor, ninguna persona relacionada a este proyecto", comentó.
Dijo que de este recurso legal sentaría un precedente para proteger a más niños que viven en este tipo de situaciones.
El Sol de Toluca
Los amparos dirigidos al Poder Judicial Federal están firmados por al menos 20 niños de esta comunidad indígena de entre dos y 17 años, con la autorización y el respaldo de sus padres.
José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad, refirió que al menos 400 niños presentan afectaciones psicológicas graves ante las agresiones que han sufrido los comuneros y pobladores que defienden este territorio de la construcción de la autopista, ante el ingreso arbitrario de la maquinaria de la constructora Autovan Teya, filial del grupo Higa, y el uso excesivo de la fuerza pública.
"Ven policías o una patrulla cerca de la escuela y se esconden, empiezan a temblar, esa es información de los propios maestros, el problema siempre han sido los policías, la forma en cómo hemos sido sitiados, la forma en que se han violado los derechos humanos en la comunidad", dijo.
"Desde hace casi una década han entrado ilegalmente, violentamente al territorio de la población indígena, sin importarles los niños, les han pegado, han amenazado a sus familiares, han detenido a padres de familia y han aterrorizado a la población en general" expresó Priscila Rodríguez Bribiesca, directora ejecutiva de Earth Defenders.
"Estoy representado a una niña de 17 años que en la mitad de su vida ha vivido bajo un régimen generalizado de violencia: granaderos afuera de sus casa, gente armada, amenazas que recibe su mamá y su papá", añadió.
Explicó que esto está sujeto a la normativa internacional de los Derechos de los Niños de la ONU, que es una convención aceptada, reconocida y ratificada y es una Ley interna que existe desde hace 25 años.
Denunció al presidente de la República Enrique Peña Nieto, la primera dama Angélica Rivera, el gobernador Eruviel Ávila Villegas, a la Secretaría de Comunicaciones, al sistema de autopistas del estado, así como a las autoridades de Lerma, la constructora Higa, entre otros, por violar los derechos de más de mil menores de la comunidad.
Rodríguez Bribiesca señaló a Angélica Rivera en su calidad de presidenta honoraria del DIF de probable omisión, al no proteger y garantizar los derechos de los niños y de las familia en Xochicuautla. Por su parte, a Peña Nieto lo acusa de diseñar el proyecto cuando era gobernador mexiquense.
Explicó que lo que se pide en el amparo es rechazar el proyecto por la violación a los derechos humanos a los niños, pues nunca se consideró el impacto negativo que este proyecto tendría en los menores de la comunidad.
"El tema es que se cumpla la suspensión, que no pueda entrar nadie de grupo Higa, ningún constructor, ninguna persona relacionada a este proyecto", comentó.
Dijo que de este recurso legal sentaría un precedente para proteger a más niños que viven en este tipo de situaciones.
El Sol de Toluca
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