Ciudad de México.- La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) dio a conocer que al menos 12 entidades del país adquirieron, junto con el Ejército Mexicano, software de espionaje capaz de infectar computadoras y teléfonos celulares de cualquier persona y robar su información.
De acuerdo con el portal Animal Político, las intervenciones se realizan sin que las entidades tengan facultades legales para hacerlo.
En el estudio “El Estado de Vigilancia: Fuera de Control”, que se sustenta en más de 600 solicitudes de información pública, se pone en evidencia la adquisición y uso injustificado de estos programas y el riesgo que representan para millones de ciudadanos en el país que desconocen que están siendo espiados.
Se revela que las compañías Hacking Team, NSO Group y FinFisher, especializadas en la intervención de dispositivos de comunicación y cómputo, han vendido sus programas a gobiernos estatales en México.
La información señala que 12 entidades del país tenían relaciones comerciales con la compañía de hackers a través de otras empresas intermediarias. Se trata de el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.
En México solo las procuradurías y fiscalías de los estados, además de la PGR, el CISEN y la Policía Federal están facultados para intervenir las comunicaciones privadas de una persona y siempre debe de existir una previa autorización de un juez federal especializado en cateos e intervenciones.
Datos oficiales proporcionados por el Poder Judicial de la Federación revelan que con excepción de Nuevo León, no se han autorizado solicitudes de intervención de cualquier otro estado. Lo anterior significa que las 12 entidades que operan los software espía de Hacking Team lo hacen de forma ilegal.
Las procuradurías de el Estado de México, Baja California, Campeche, Durango, Tamaulipas y Yucatán respondieron vía transparencia que no han solicitado a un juez ningún permiso para intervenir comunicaciones, por lo que no hay sustento legal alguno para que los gobiernos de dichos estados posean este tipo de software.
“Es decir no existe evidencia de que el gasto público erogado por dichas autoridades haya implicado una sola intervención de comunicaciones privadas tramitada de manera legal, esto a pesar de que el monto del software en dichos estados asciende a más de 47 millones de pesos”, se indica en el reporte.
Además de los estados, los miles de correos y documentos filtrados de Hacking Team revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha hecho de software de espionaje sin que dicha dependencia tenga facultades constitucionales para esta tarea y tan sólo en la adquisición y capacitación de uso del programa espía “Galileo” de la empresa italiana, la Sedena habría desembolsado más de seis millones de pesos. Las adquisiciones se hicieron a través de dos proveedores intermediarios: Neolinx y Teva.
De acuerdo con el portal Animal Político, las intervenciones se realizan sin que las entidades tengan facultades legales para hacerlo.
En el estudio “El Estado de Vigilancia: Fuera de Control”, que se sustenta en más de 600 solicitudes de información pública, se pone en evidencia la adquisición y uso injustificado de estos programas y el riesgo que representan para millones de ciudadanos en el país que desconocen que están siendo espiados.
Se revela que las compañías Hacking Team, NSO Group y FinFisher, especializadas en la intervención de dispositivos de comunicación y cómputo, han vendido sus programas a gobiernos estatales en México.
La información señala que 12 entidades del país tenían relaciones comerciales con la compañía de hackers a través de otras empresas intermediarias. Se trata de el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.
En México solo las procuradurías y fiscalías de los estados, además de la PGR, el CISEN y la Policía Federal están facultados para intervenir las comunicaciones privadas de una persona y siempre debe de existir una previa autorización de un juez federal especializado en cateos e intervenciones.
Datos oficiales proporcionados por el Poder Judicial de la Federación revelan que con excepción de Nuevo León, no se han autorizado solicitudes de intervención de cualquier otro estado. Lo anterior significa que las 12 entidades que operan los software espía de Hacking Team lo hacen de forma ilegal.
Las procuradurías de el Estado de México, Baja California, Campeche, Durango, Tamaulipas y Yucatán respondieron vía transparencia que no han solicitado a un juez ningún permiso para intervenir comunicaciones, por lo que no hay sustento legal alguno para que los gobiernos de dichos estados posean este tipo de software.
“Es decir no existe evidencia de que el gasto público erogado por dichas autoridades haya implicado una sola intervención de comunicaciones privadas tramitada de manera legal, esto a pesar de que el monto del software en dichos estados asciende a más de 47 millones de pesos”, se indica en el reporte.
Además de los estados, los miles de correos y documentos filtrados de Hacking Team revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha hecho de software de espionaje sin que dicha dependencia tenga facultades constitucionales para esta tarea y tan sólo en la adquisición y capacitación de uso del programa espía “Galileo” de la empresa italiana, la Sedena habría desembolsado más de seis millones de pesos. Las adquisiciones se hicieron a través de dos proveedores intermediarios: Neolinx y Teva.
AD/AP
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