Nezahualcóyotl, Estado de México.- La presidenta de la Asociación de Instituciones de Educación Superior Particulares del Estado de Morelos (AIESPEM), Itzel Carmona Gándara, señaló que la creación de las escuelas llamadas “patito” lastima la imagen de las empresas dedicadas a la educación universitaria en la entidad, incurren en el delito de fraude y además involucran a dolosos gobiernos municipales para “vender certificados sin validez oficial, a empleados que buscan concluir sus estudios de nivel medio superior”.
Lamentó que empresas como la Universidad Popular Veracruzana (Upav) engañen a la ciudadanía e incurran en el delito de fraude, por lo que exhortó a los empleados y estudiantes universitarios afectados a denunciar cualquier situación irregular dentro de su institución, ya que es la única manera en que la autoridad pueda intervenir para exigir la reparación del daño a los estudiantes y empleados afectados, como ocurrió en el municipio de Nezahualcoyotl en el Estado de México, donde el entonces presidente municipal Juan Zepeda, el 14 de Agosto de 2014, entregó “ 600 certificados ilegales a policías municipales que buscaban concluir su formación académica profesional”.
Indicó que actualmente es complicado para las empresas educativas, como ocurre con la Universidad Popular Veracruzana (Upav), obtener el Registro de Validez Oficial (Revoe), ya que se requiere cumplir con muchos requisitos de la ley, una gran inversión y mantener en regla los planteles, sin embargo en el caso de Upav, buscan el respaldo de los gobierno estatales, para sobrevivir y seguir engañando a los empleados y estudiantes ávidos por obtener un certificado del nivel medio superior y superior.
Por eso indicó que se requiere de mucha seriedad y experiencia para la creación de una institución educativa, por lo que las autoridades deben supervisar que se cumpla la ley tanto por los estudiantes, como por una competencia sana de las empresas.
Afortunadamente señaló que la instalación de ese tipo de escuelas en la entidad no ha aumentado, debido a que las autoridades educativas se han esforzado por revisar que esto no suceda, sin embargo, actualmente existen alrededor de 20 instituciones que presentan irregularidades en su operación.
Explicó que estas irregularidades consisten sobre todo en que se utilizan los mismos REVOE que fueron autorizados por las autoridades educativas para modalidad escolarizada, para ofertar estudios en modalidad abierta, incurriendo en engaño a los estudiantes sobre los planes de trabajo.
Las escuelas que incumplen con los requisitos solicitados y ofertan clases sin autorización incurren en el delito de fraude, por lo que las autoridades les ofrecen un tiempo de prórroga para subsanar los requisitos o en su caso el cierre de la institución, cuidando que estos estudiantes no se queden desprotegidos.
Lamentó que empresas como la Universidad Popular Veracruzana (Upav) engañen a la ciudadanía e incurran en el delito de fraude, por lo que exhortó a los empleados y estudiantes universitarios afectados a denunciar cualquier situación irregular dentro de su institución, ya que es la única manera en que la autoridad pueda intervenir para exigir la reparación del daño a los estudiantes y empleados afectados, como ocurrió en el municipio de Nezahualcoyotl en el Estado de México, donde el entonces presidente municipal Juan Zepeda, el 14 de Agosto de 2014, entregó “ 600 certificados ilegales a policías municipales que buscaban concluir su formación académica profesional”.
Indicó que actualmente es complicado para las empresas educativas, como ocurre con la Universidad Popular Veracruzana (Upav), obtener el Registro de Validez Oficial (Revoe), ya que se requiere cumplir con muchos requisitos de la ley, una gran inversión y mantener en regla los planteles, sin embargo en el caso de Upav, buscan el respaldo de los gobierno estatales, para sobrevivir y seguir engañando a los empleados y estudiantes ávidos por obtener un certificado del nivel medio superior y superior.
Por eso indicó que se requiere de mucha seriedad y experiencia para la creación de una institución educativa, por lo que las autoridades deben supervisar que se cumpla la ley tanto por los estudiantes, como por una competencia sana de las empresas.
Afortunadamente señaló que la instalación de ese tipo de escuelas en la entidad no ha aumentado, debido a que las autoridades educativas se han esforzado por revisar que esto no suceda, sin embargo, actualmente existen alrededor de 20 instituciones que presentan irregularidades en su operación.
Explicó que estas irregularidades consisten sobre todo en que se utilizan los mismos REVOE que fueron autorizados por las autoridades educativas para modalidad escolarizada, para ofertar estudios en modalidad abierta, incurriendo en engaño a los estudiantes sobre los planes de trabajo.
Las escuelas que incumplen con los requisitos solicitados y ofertan clases sin autorización incurren en el delito de fraude, por lo que las autoridades les ofrecen un tiempo de prórroga para subsanar los requisitos o en su caso el cierre de la institución, cuidando que estos estudiantes no se queden desprotegidos.
Imprevistos Noticias
No hay comentarios.:
Publicar un comentario