Ciudad de México.- Más de seis meses después de que dos personas murieron tras caer su vehículo en un socavón que se generó en la carretera federal conocida como el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, ni un solo funcionario público ha sido sancionado, inhabilitado, ni destituido de su cargo.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), que es la dependencia encargada de investigar a servidores públicos por malos manejos de recursos o una actuación indebida, no ha informado hasta el momento de que haya sancionado a ningún funcionario por la muerte de las dos personas, el pasado 12 de julio de 2017, ni por las 22 irregularidades por mil 34 millones de pesos que detectó en los contratos de construcción de esta carretera, la cual estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y dos empresas privadas.
Entre las 22 observaciones que la SFP hizo como resultado de cuatro auditorías a la Dirección General del Centro STC Morelos, a la Dirección General de Desarrollo Carretero, y a la Dirección General de Carreteras –todas dependientes de la SCT-, destacan irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación, trabajos ejecutados sin comprobación documental, incumplimiento al programa de obra, e inadecuada planeación y programación de la obra, entre otros.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe de la Cuenta Pública 2016, también comprobó que hubo pagos por obras no realizadas, gastos inflados por 186 millones de pesos, y material que supuestamente se compró pero no apareció ni colocado en la obra, ni en las bodegas.
La SFP anunció en septiembre del año pasado que investigaría posibles conductas indebidas de funcionarios de la SCT, para, en caso de comprobarse irregularidades, iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa y emitir sanciones.
No obstante, medio año después del socavón en el Paso Exprés, en el que murieron al caer su automóvil Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, no hay sanción para funcionarios, a pesar de que un grupo independiente de peritos ya determinó que el agujero en la carretera –que tenía tres meses de haber sido inaugurada- se abrió por una serie de fallas y omisiones en el diseño, supervisión y ejecución de la obra.
Darío Ángeles, investigador de la organización civil Impunidad Cero, explicó en entrevista con Animal Político que detrás de las irregularidades expuestas por la SFP y la ASF hay funcionarios que cometieron negligencias desde el diseño de la obra hasta su ejecución, por lo que este caso “debería implicar suspensiones, destituciones, inhabilitaciones y multas para las autoridades involucradas”.
“En el Paso Exprés no se cometieron irregularidades leves, sino graves. Y el hecho de que seis meses después no se haya anunciado aún sanciones a funcionarios públicos involucrados en la muerte de dos personas es un clara muestra de impunidad”, subrayó el investigador de Impunidad Cero; organización civil que este miércoles presenta el informe ‘Impunidad, Sanciones Administrativas y el Socavón del Paso Exprés’.
El informe de Impunidad Cero plantea que, de acuerdo con la legislación actual, y según las irregularidades documentadas en la obra, la SFP debería imponer al personal de la dirección general de Carreteras y de la dirección general del Centro SCT Morelos “las sanciones de inhabilitación de diez a 20 años, destitución del cargo y multa”.
Mientras que al secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruíz Esparza, y al coordinador de Centros de la Secretaría “se les debe imponer una multa, si no es que la destitución del cargo”.
Las sanciones administrativas, añade el informe, también deberían aplicarse al personal responsable de Banobras y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que intervinieron en esta obra.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en marzo de 2014 Banobras asignó al INAP el contrato para la elaboración del estudio y el proyecto de ampliación del Paso Exprés, por un total de 26 millones de pesos, que se ampliaron a 33 millones más IVA tras un convenio modificatorio.
El INAP, apunta la ASF, no solo no tenía la experiencia para hacer ese tipo de trabajos, sino que además no están en sus atribuciones el elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura vial. De hecho, el INAP terminó subcontratando a la empresa ORVA Ingeniería SA de CV, sin que la SCT se inconformara por la irregularidad.
Como resultado, el proyecto ejecutivo definitivo del Paso Exprés se entregó hasta enero de 2015, cuando la obra ya había sido licitada y adjudicada; es decir, se sacó a concurso y se eligió ganador sin que se tuviera un proyecto ejecutivo concluido.
Derivado de la presentación de una denuncia penal de los familiares de las víctimas, se llegó a un acuerdo resarcitorio en septiembre de 2017 entre la familia, autoridades de la SCT, y las constructoras de la obra, cuyo pago de indemnización por daño moral y daño material no se conoce, debido a que existe una cláusula de secrecía en el acuerdo.
No obstante, para Darío Ángeles este acuerdo no exime a los funcionarios de enfrentar responsabilidades. “Se llegó a un acuerdo que da por concluida la cuestión penal, pero esto no implica que no deban existir responsabilidades administrativas”, recalcó el investigador de Impunidad Cero.
AP
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