Ciudad de México.- La mayoría de los incidentes se registran en Edomex y CdMx; la autoridad ha detectado el uso de programas sociales para inscribirlos sin su permiso.
Ninguno tiene empacho, todos lo hacen: los partidos políticos mexicanos afilian involuntariamente a miles de ciudadanos. Los afilian a la mala. Y muchos mexicanos ni lo saben. Ni se enteran.
En el proceso de contratación de personal para apoyar la organización de las próximas elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió quejas de más de mil ciudadanos que, aseguran, fueron afiliados sin su permiso.
Pero no es un modus operandi nuevo: en 2017 y lo que va de 2018, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE ha recibido más de 4 mil 300 denuncias por afiliaciones indebidas contra todos los partidos.
El señor Mario Hernández es uno de los ciudadanos afectados. Hace unas semanas se acercó al INE para solicitar empleo como capacitador de los que salieron sorteados y serán funcionarios de casilla. No sabía la sorpresa que se iba a llevar. Tenía sus papeles en orden, pero cuando gente del INE y él consultaron una base de datos pública del instituto para verificar si militaba en algún partido, su nombre apareció entre los simpatizantes del PRD.
—¿Cómo voy a estar afiliado? —le dijo al funcionario que lo atendió—. Yo nunca he hecho eso con ese partido ni con ninguno.
Ese día Mario salió de la pequeña oficina cabizbajo, pensando que era injusto que pudiera perder la oportunidad de trabajo por una afiliación sin su consentimiento.
Entre los requisitos para ser un CAES, es decir, un Capacitador Asistente y Supervisor Electoral, está no haber militado o haber sido representante de partido político en los últimos tres años.
Al proceso de selección de CAES se presentaron 160 mil 835 ciudadanos. De éstos, mil 64 dijeron tener una afiliación involuntaria, cerca de 1 por ciento.
El 48 por ciento de los casos se concentra en cinco entidades: Estado de México (204), Ciudad de México (138), Aguascalientes (55), Chiapas (51) y Jalisco (46). El INE ya los investiga.
“Si resulta que hubo una indebida afiliación, entonces inicia un procedimiento en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para determinar responsabilidades”, asegura Roberto Heycher, director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del instituto.
Los partidos necesitan mantener un número mínimo de militantes para conservar su registro, .26 por ciento de la lista electoral, alrededor de 230 mil personas. Esa es una de las razones para que afilien a la mala a ciudadanos.
No es la primera vez que el INE intenta sancionar a los partidos por esa conducta. En agosto de 2014, militantes del PAN en Puebla y Chihuahua denunciaron haber sido afiliados indebidamente a otros partidos.
Después de una investigación que le tomó casi tres años, el 8 de septiembre de 2017 el Consejo General del instituto resolvió imponer a PRI, PVEM, PRD, MC, PT y Panal una multa por la indebida afiliación. La sanción impuesta fue de 43 mil pesos por cada ciudadano. La autoridad electoral acreditó que violaron los derechos de mil 551 personas.
¿Quiénes fueron los perpetradores? Hubo mil 317 ciudadanos afiliados sin su voluntad al PRI, 181 a Panal, uno a Movimiento Ciudadano, 31 al PRD, tres al PT y 27 al Partido Verde. En total, los partidos sumaban 67 millones de pesos en multas, de los cuales más de 56 millones debían ser pagados por el PRI.
“Es la sanción más fuerte y alta que ha impuesto el instituto”, asegura el director de Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer.
Pero… los partidos no pagaron. El Tribunal Electoral del Poder Judicial votó por unanimidad revocar la multa emitida por el Consejo General del INE. Argumentó que la facultad sancionadora prescribió.
“Por un lado el INE sí se tardó mucho tiempo en hacer su investigación, por el otro lado el Tribunal estableció una caducidad donde la ley no establece caducidad”, explica Arturo Espinoza, abogado especialista en temas electorales que da asesoría a autoridades, partidos, candidatos y empresas.
¿Cómo hacen esto los partidos?
“Hay un mercado negro de bases de datos de ciudadanos que se pone a disposición del mejor postor y esto es algo que no nada más es exclusivo de los partidos, ya hemos visto que las candidaturas independientes también han mostrado el mismo problema”, resalta.
El INE ha detectado, también, el uso de programas sociales para afiliar a los ciudadanos sin su consentimiento. Patricio Ballados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, explica uno de los modus operandi que utilizan los partidos.
“Yo te invito a un concierto y va a ser todo gratis, simplemente tienes que firmar. La gente muchas veces no se da cuenta, no lee lo que está firmando y resulta que es una afiliación”, indica.
El INE pretende integrar la investigación sobre afiliaciones involuntarias antes de que se cumplan dos años a partir de que tuvieron conocimiento de los hechos, para que, esta vez, los partidos sí sean sancionados.
“Lo que está en juego es el ejercicio de derechos fundamentales, particularmente el de asociación política en su vertiente de afiliación a un partido, y esto trae inmerso la utilización de datos personales, es muy delicado, es una violación grave que sancionaremos con toda contundencia”, sentencia Carlos Ferrer.
CON ALERTA, UNA DE CADA CUATRO SECCIONES ELECTORALES
El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó que 22.6 por ciento de las secciones en que se divide el país presenta alguna alerta para la organización del proceso de este año.
En entrevista, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, detalló que de las más de 68 mil secciones, más de 15 mil presentan algún tipo de problemática que obliga a establecer una estrategia diferenciada.
Agregó que existen 20 variables para estas secciones de atención especial, entre ellas que no hay pobladores en la zona por un alto grado de migración o por problemas de delincuencia.
Molina explicó que con relación a 2015, cuando hubo elecciones locales, el instituto detectó un incremento de poco menos de un punto porcentual, mientras que en comparación con 2012, en la elección presidencial, hubo un aumento de 3.9 por ciento.
Señaló que aún se encuentran en una fase preliminar en el trabajo de campo, por lo que estas cifras pueden cambiar una vez que los capacitadores electorales salgan a las calles; recordó que no tienen mapas de seguridad “con focos rojos o amarillos”, ya que solo indican dónde hay dificultades para instalar casillas.
Milenio
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