Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el amparo directo 9/2018 sobre el caso de una trabajadora del hogar, velando los derechos contenidos en los artículos 1 y 123, Apartado A, de la Constitución.
Pidió al Senado de la República, que en uso de su facultad constitucional, ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar, como derecho inalienable e interdependiente para el bienestar de este sector poblacional.
Al fundamentar el punto de acuerdo considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena), relató que esta resolución sentará precedentes importantes sobre los derechos laborales de las empleadas domésticas.
Se trata de una mujer de 80 años, quien prestó sus servicios por más de cinco décadas a la misma familia, firmando carta de renuncia de su empleo donde laboraba como trabajadora doméstica. Posteriormente, demandó de sus patronas prestaciones como: indemnización, pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y de antigüedad y tiempo extraordinario, así como la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre de 2017, había dos millones 480 mil 466 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, cifra que representa 4.8 por ciento del total de ocupados, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 90 de cada 100 ocupados en esta actividad son mujeres.
La intención, dijo, es alertar al máximo tribunal constitucional del país a que se reconozca el acceso a la seguridad social como un derecho inalienable de las trabajadoras del hogar, que históricamente han sido vulneradas en sus derechos laborales.
“Es necesaria una resolución que favorezca a 2 millones y medio de personas que laboran en el trabajo doméstico remunerado, sin ningún tipo de prestación y acceso a seguridad social y en la gran mayoría de los casos ni siquiera contrato laboral”, afirmó.
En los posicionamientos, la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) expresó que quienes se dedican a esta actividad sus salarios son lastimosos, ya que el 70 por ciento recibe apenas entre uno y dos salarios mínimos, mientras que el 30 por ciento percibe solo uno. Además, seis de cada 10 no tiene vacaciones y cinco de cada 10 no tienen aguinaldo. “Urge dignificar el trabajo doméstico como medida para el empoderamiento femenino y por el bien de las familias mexicanas”.
María Guadalupe Almaguer Pardo, diputada del PRD, precisó que el trabajo doméstico ha sido históricamente uno de los peor remunerados y con menores prestaciones en el país. En este Poder Legislativo se deben establecer condiciones legales y reformas correspondientes para que todas aquellas personas que se dediquen a estas actividades, cuenten por ley con todas las garantías de las que goza cualquier empleado.
Por MC, el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido expuso que 99 por ciento de los trabajadores domésticos no cuentan con un contrato por escrito y únicamente el 3 por ciento tiene acceso a la seguridad social. “Es nuestro deber impulsar medidas para revertir esta cultura de discriminación, marginación y falta de derechos para esta población tan vulnerable”.
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, subrayó que las trabajadoras domésticas son altamente vulnerables e indefensas en todos los sentidos. “Su protección y seguridad son urgentes y fundamentales. Se tienen que signar los tratados que protegen los derechos humanos y lograr que las trabajadoras del país alcancen salarios y condiciones justas y dignas en su desempeño”.
La diputada María Rosete Sánchez (PES) calificó como penoso que no se haya ratificado el Convenio 189, cuando ya se logró en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay. “Además de ser un asunto elemental de justicia y materia laboral, es de respeto a la dignidad de las personas; urge que el Senado lo ratifique”.
Del PRI, el diputado Carlos Pavón Campos mencionó que el trabajo doméstico no es valorado, y miles de personas que se dedican a esta actividad son constantemente víctimas de discriminación, indiferencia y malos tratos. “Estamos convencidos de la necesidad de garantizar, a través de acciones afirmativas, el acceso al derecho esencial de los trabajadores y trabajadoras del hogar, y así consolidar un México incluyente, próspero y equitativo”.
Iván Arturo Rodríguez Rivera, diputado del PAN, consideró fundamental proveer a las y los trabajadores domésticos de los derechos a la salud, a una pensión al ahorro y a una vivienda digna. “Los abusos como jornadas laborales extensas y no tener certeza jurídica, es el pan de cada día para muchas personas. Debemos combatir las irregularidades y ofrecer protección”.
La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) señaló que el Convenio reconoce criterios para que el trabajo doméstico pueda realizarse de manera decente y digna, como respetar la edad mínima, asegurar contratos por escrito, acceder a un salario digno, que no haya discriminación de género, se respete su vida privada y su dignidad, y tengan acceso a la seguridad social. Afirmó que su incorporación al marco legal, “permitirá evitar interpretaciones que no abonan a la protección de la persona humana, principalmente de las y los trabajadores domésticos”.
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