Ciudad de México.- Sin mecanismos de protección que funcionen o les garantice la supervivencia ante las agresiones del poder, sea oficial o delincuencial, la violencia contra los defensores de derechos humanos y periodistas se acrecentó en el sexenio pasado y amenaza extenderse a este Gobierno.
Y es que según reporte del mismo Mecanismo Federal de Protección de la Secretaría de Gobernación (SG), en los pasados seis años fueron asesinados 190 activistas y 48 comunicadores, entre ellos seis beneficiarios de ese programa, por lo que casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por la poca atención en el discurso del actual gobierno sobre la crisis que afrontan los defensores y los periodistas en el ejercicio de sus derechos.
Por esa razón, las más de 20 organizaciones que conforman el Espacio OSC y las 87 que se agrupan en la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, enviaron un texto a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y al encargado del mecanismo, Aarón Mastache para solicitarles que la administración federal reconozca el papel fundamental de ambos gremios en el fortalecimiento de la democracia, como han subrayado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En la actualidad, México es uno de los estados más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
Las actuales políticas de protección han sido insuficientes y a más de seis años de ser aplicadas no han logrado contrarrestar las causas estructurales de violencia y agresiones en su contra. Y es que la gran cantidad de comunicadores y activistas asesinados son reflejo de las limitaciones del modelo de cuidado y de la necesidad de fortalecer las políticas existentes como el mecanismo federal, así como de encauzar los esfuerzos hacia la discusión y construcción de una política pública integral de protección que atienda las necesidades de ambos gremios y garantice el derecho a defender los derechos humanos, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión de acuerdo con los más altos estándares internacionales.
La política integral (elaborada con la sociedad civil) debe identificar a periodistas y defensores no sólo como objetos de protección, sino como sujetos de derechos, además de garantizar que el Estado mantenga una perspectiva de género, interseccional e integral.
Gobernantes
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