Ciudad de México.- La noticia de que la Fiscalía General de la República de México investiga al expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, revivió uno de los casos de corrupción política más grandes del país en los últimos años.
Un asunto por el cual Beltrones, exsenador y quien fuera considerado uno de los hombres más poderosos de México hace una década, interpuso un amparo ante el riesgo de ser detenido.
Pero la trascendencia del caso puede ayudar a desmantelar la que podría ser la más grande y compleja red de robo de dinero público con fines político electorales en la historia reciente de México, una trama que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto y el excanciller Luis Videgaray.
¿Por qué revivió el caso?
El escándalo revivió luego de que el periódico Reforma publicara que Beltrones había tramitado un recurso de amparo desde el pasado 26 de julio ante la posibilidad de una orden de aprehensión, como parte de las investigaciones por el desvío de 250 millones de pesos (13 millones de dólares) de dinero público a las campañas electorales del PRI en 2016, cuando era dirigente del entonces partido en el poder.
Beltrones ha sido acusado de operar una red de desvío de dinero de los estados donde gobernaba el PRI, tales como Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, para luego utilizar parte de esos recursos en campañas políticas del partido.
El caso se destapó a finales de 2017, luego de que el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, emprendiera una batalla política y judicial contra su antecesor, César Duarte, por el desvío millonario de recursos triangulados a través de empresas fantasma para financiar campañas.
Banderas del PRI en campañas electorales en la Ciudad de México, México, 4 de marzo de 2018.
Carlos Jasso / Reuters
Este esquema también fue utilizado por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra actualmente preso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictiva.
Durante las pesquisas en Chihuahua, el gobierno de Corral arrestó a Alejandro Gutiérrez, quien era el principal operador político de Beltrones cuando este era presidente del PRI.
La investigación del caso reveló que las transferencias de dinero usadas para desviar los recursos públicos fueron avaladas por la Secretaría de Hacienda, que en ese entonces era manejada por Luis Videgaray, quien algunos señalan como el "verdadero poder" detrás de la administración del presidente Peña Nieto.
Por esa razón, se infiere que hasta sus últimos días, el Gobierno de Peña Nieto hizo todo lo posible por arrebatarle la custodia de Gutiérrez a los aparatos de justicia de Chihuahua, ante el temor de que los vínculos entre el operador político del PRI y Los Pinos alcanzaran al entonces presidente mexicano.
Peña se blindó legalmente
Un mes antes de concluir su mandato, en octubre de 2018, Peña Nieto emitió un inusual recurso legal en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión de los actos de investigación y procesamiento legal en su contra por parte del gobierno y la Fiscalía de Chihuahua.
El recurso fue promovido dentro del máximo tribunal del país por el ministro Eduardo Medina Mora, cercano a Peña Nieto, quien renunció a la SCJN luego de que autoridades en Gran Bretaña, EE.UU. y México emprendieran una investigación en su contra por ingresos millonarios inexplicables.
Para muchos, esta maniobra fue interpretada como un blindaje legal que ya preparaba Peña Nieto, en caso de que fuera requerido por la justicia de Chihuahua.
Pero el manto protector de Peña sufrió un duro revés con la renuncia de Medina Mora a principios de octubre pasado.
Una batalla legal
En mayo pasado, la Fiscalía General de Chihuahua informó que Gutiérrez había sido condenado a pasar dos años en libertad condicional y pagar una pequeña multa económica, a pesar de que el Gobierno de Corral había solicitado una pena de 9 años de prisión.
El juez que revisó el caso consideró que las pruebas presentadas por la fiscalía estatal no eran contundentes.
Pero las cosas no quedaron ahí, ya que el Gobierno de Chihuahua interpuso varias apelaciones, en medio de una batalla legal contra autoridades federales, que ha sido calificada por Corral como "una maniobra política" para proteger a Gutiérrez y evitar que el caso pueda escalar hasta las más altas esferas de la administración de Peña Nieto, cuyo mandato estuvo marcado por actos de corrupción.
La lucha anticorrupción en México
Tras varios años de giros legales, se confirmó este jueves que la información difundida era cierta y que Beltrones había solicitado un amparo.
En paralelo, la Fiscalía General de la República ya prepara una investigación sobre el caso, luego de que el Gobierno federal y el Gobierno de Chihuahua han compartido información para investigar ese asunto.
A través de un mensaje en redes, Beltrones aseguró que el recurso de amparo lo interpuso para defenderse "ante tantas declaraciones sin sentido que en su momento hicieron autoridades de Chihuahua".
De este modo, la larga y compleja trama de corrupción política que involucra a los más altos funcionarios del círculo cercano de Peña Nieto dio un giro en las últimas semanas, luego de que el Gobierno federal haya dado señales concretas de indagar el caso que ocurrió en el sexenio anterior.
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