Pidió que se deslinden responsabilidades y que se apliquen sanaciones conforme a derecho.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, instruyó a la Secretaría General de Gobierno (Segego), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) y solicitó a la Fiscalía General del Estado, investigar los hechos en los que estudiantes y padres de los 43 normalistas desaparecidos fueron agredidos la mañana del domingo. Pidió que se deslinden responsabilidades y que se apliquen sanaciones conforme a derecho.
En conferencia de prensa, Ismael Brito Mazariegos, titular de la Segego y Gabriela Zepeda, titular de la SSYPC, señalaron que revisan todas y cada una de las acciones e imágenes de cámaras de videovigilancia. Lo anterior para determinar hasta dónde podrían tener responsabilidad los uniformados que el domingo por la mañana fueron “provocados” por jóvenes que intentaron bloquear una vialidad en el lado norte-poniente de la capital del estado.
Zepeda dijo que dos de sus elementos fueron heridos y una patrulla fue destrozada por los jóvenes, por lo que se tuvo que responder al ataque que sufrieron con palos, piedras, cohetones y bombas molotov.
Aclaró que nunca los persiguieron hasta la escuela, porque el único objetivo era liberar el tramo que pretendían bloquear, pero por instrucciones del gobernador Escandón Cadenas, van a indagar si hubo alguna acción contraria de respeto a los derechos humanos.
En su cuenta de Twitter, Escandón Cadenas dijo que en Chiapas prevalece la justicia: “Respetamos los derechos humanos y todo tipo de libertades. Cualquier acto de provocación y violencia se condena y se investiga.
“Nos sumamos con los padres y maestros de Ayotzinapa en la búsqueda de sus hijos, bienvenidos a Chiapas”, agregó.
Un estudiante, herido de gravedad
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Guerrero, dijo que uno de los gravemente heridos es Juan Antonio Flores García, un estudiante de primer año de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Es hijo de campesinos de Plan de Guadalupe, municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. El joven cursa el primer grado en la Normal Rural de Ayotzinapa, su sueño es ser maestro y sacar de la pobreza a sus padres y cuatro hermanos.
Fue el 16 de febrero del domingo que llegó a la Escuela Normal Rural Mactumatza, acompañando a los Padres y Madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Recordó que lo del domingo por la mañana era una actividad informativa. Como parte de las Caravanas “En busca de los 43”. Se trataba de informar a todas las Normales cómo va el caso de los desaparecidos y seguir pidiendo su apoyo.
Eran las 8:00 am y se disponían a almorzar. Pero sonó la voz de alarma de los estudiantes del lugar informando que la Policía del estado estaba en la entrada de la Normal sobre la carretera Chicoasen, kilómetro 2.
Los Padres de los 43 salieron y se formaron adelante preguntando a los Policías a qué se debía su presencia en ese lugar que lo único que se haría eran reuniones con estudiantes y organizaciones.
La respuesta de la Policía fue disparar bombas de gas lacrimógeno. Un policía disparó un escopetín a una distancia aproximada de un metro y el proyectil impactó en el cráneo de Juan Antonio quien se desvaneció al instante.
Sus compañeros lo auxiliaron llevándolo al Hospital Rojas en Tuxtla Gutiérrez. Al momento su vida pende de un hilo. Los médicos han informado que tiene fractura de cráneo y en unas horas será operado para ver si salva la vida.
“¿Hasta cuándo los normalistas rurales seguirán siendo perseguidos?, ¿El Gobierno de Chiapas suspendió la libertad de reunión?, ¿Es ilícito hacer reuniones en Chiapas?, ¿La policía tiene órdenes de matar?”, se preguntó Vidulfo Rosales.
Mientras tanto, dijo, en otra cama de hospital se encuentra la señora Hilda Legideño Vargas, madre del estudiante Jorge Antonio Tizapa Legideño estudiante desaparecido el 26 de septiembre.
CEDH inicia queja
Tras los hechos. la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dijo que radicó la queja de oficio CEDH/0176/2020. Asimismo, emitió medidas cautelares y precautorias en favor de las personas involucradas durante estos hechos en los que participaron estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.
Dijo que, tras lo ocurrido, visitadores de la Comisión estatal, acompañados de personal médico, acudieron al lugar de los hechos para brindar asistencia a quienes ahí se encontraban, dando seguimiento a la atención que reciben los lesionados en hospitales de Tuxtla Gutiérrez.
Organizaciones como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo condenaron la represión de la que fueron objeto los alumnos de la Escuela Normal Rural de Mactumatza y padres de los 43 compañeros normalistas desaparecidos en el marco de la Caravana Sur en Busca de los 43, la mañana del domingo en Tuxtla Gutiérrez. Y calificaron esto como “una expresión de la política represiva del gobierno actual contra el conjunto del movimiento popular”.
Acusaron que la presencia de elementos antimotines que bajo el “protocolo de desalojos” reprimieron a los estudiantes y padres de los normalistas, representa una política de gobierno en contra de toda manifestación y descontento por la política antipopular del gobierno en turno.
“La represión del que fueron objeto los normalistas, padres y organizaciones mientras realizaban una actividad de difusión no es un hecho aislado, en las mesas de seguridad se planea la represión policíaca militar contra toda manifestación popular, exigencia de justicia y denuncia por los crímenes de Estado y lesa humanidad que hoy el gobierno federal pretende dejar en el “perdón y olvido”, sepultar en el olvido el crimen perpetrado en contra de los 43 normalistas y otros casos donde el Estado es responsable material e intelectual”, dijo el FNLS.
El Movimiento Campesino Regional Independiente Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN) de igual forma se pronunció y condenó “la brutal represión en contra de la caravana de padres y madres de familia de Ayotzinapa en el crucero de “la coca” en Tuxtla Gutiérrez”.
“Es una ridiculez que el Secretario de Gobierno dijera esta noche que en Chiapas se respetan los derechos humanos y la libre manifestación, cuando en los hechos criminalizan y agreden a las organizaciones y pueblos que luchan”, dijeron los miembros del MOCRI CNPA MN en una misiva.
Es por eso que exigieron que se investiguen los hechos violentos en contra de la caravana por los 43 y se castigue a los culpables de herir de gravedad a los agraviados.
Denunciaron que en Chiapas existe una política sistemática por agredir a los esfuerzos organizativos, y un gobierno “incoherente y omiso” ante las necesidades del pueblo.
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