lunes, 10 de mayo de 2021

FM se come a MORENA

Pluma Negra.

 


Ignacio Alvarez

 Lo que ocurrió ayer en Alto Lucero, durante un recorrido encabezado por los candidatos del partido Fuerza por México, evidencia el nulo arrastre que tiene la actual candidata a la diputación federal por el distrito de Xalapa Rural, Claudia Tello.

 

Cuando avanzaba la caravana, en la localidad de Mesa de Guadalupe, se unió a la misma el mismísimo Román Bastida Huesca, candidato del Partido Verde al distrito local de Misantla, quien incluso no tuvo empacho en asegurar que Eduardo Vega Yunes, candidato de Fuerza por México a la diputación federal, Efraín Garcia, aspirante a la alcaldía por ese mismo partido, y él, que aspira a ser diputado local, trabajarán de la mano para los habitantes de esa región.

 

Entre los morenistas no cayó muy bien el gesto de Román Bastida, quien tiene una fuerte influencia en la zona de Vega de Alatorre, pues su partido y Morena, junto con el PT, van en alianza en prácticamente todos los cargos legislativos.

 

Pero la culpa de no es de Román. De hecho, muchos aliados de la 4T están muy desanimados en ese distrito, pues la candidata y actual diputada federal, no tiene un gramo de carisma y, por el contrario, muchos han comenzado a marcar su distancia.

 

Desde la segunda semana de la campaña, la candidata oficial anda en silla de ruedas, pues argumenta fatiga crónica y que le ha sido doblemente complicado andar en busca del voto en 22 municipios y legislar al mismo tiempo, aunque habría que puntualizar que su desempeño en San Lázaro es prácticamente nulo.

 

Lo cierto es que quienes se identifican con el movimiento de izquierda creen que no le va a dar para extender su periodo como diputada por otros tres años y ya andan viendo alternativas, ahí Román lo dejó bien claro.

 

Otro atentado

 

Anoche el candidato del PT a la alcaldía de Chalma en el norte del estado de Veracruz , Fernando Argüelles Rivera, fue baleado junto con su escolta, Jorge Alfredo Hernández Paulin, cuando se trasladaban a un acto de campaña. El atentado que por fortuna no cobró vidas, pone en evidencia la falta de seguridad para los que aspiran a ocupar cargos de elección popular en el estado de Veracruz.

 

En repetidas ocasiones el gobierno y el OPLE han expresado su decisión de cuidar de la participación política de los veracruzanos y de su integridad sin importar los partidos políticos en los que éstos militen, sin embargo, se registra un nuevo hecho de violencia en plena campaña electoral.

 

El pasado 23 de marzo el gobierno del estado convocó a los partidos políticos, al Tribunal Electoral de Veracruz, al Congreso, Tribunal de Justicia y al OPLE para firmar un acuerdo de civilidad y democracia, el principal objetivo era que no se infiltraran grupos de delincuencia en las campañas y que se evitaran problemas, pero en la primera semana de la campaña del proceso 2021, se observan muchas acciones contrarias a lo que ahí se dijo.

 

Citlalli gana otra batalla

 

Por unanimidad, el pasado viernes los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que la alcaldesa con licencia de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga no incurrió en la comisión del delito de Violencia Política contra las mujeres en razón de género, por lo tanto, su postulación a la  Diputación Local del Distrito 3 con cabecera en Tuxpan, por el Partido Verde es legal

 

El 17 de marzo pasado el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz determinó en su expediente TEV-JDC561/2020 que sí hubo la comisión del delito por parte de la alcaldesa y de su tesorero y ordenó al INE, la inclusión de los dos funcionarios en el Registro Nacional de Personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

 

Ante la ratificación y posterior impugnación de la resolución ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, parte de la señalada, este viernes 7 de mayo, todos los magistrados determinaron que no existen elementos para vincular a Citlali Medellín Careaga en la comisión del delito, por lo tanto, sus derechos políticos quedan a salvo.

 

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