Los capos del norte solo han pagado 5 millones de dólares por multas e incautaciones en Estados Unidos, un monto mínimo frente a los 4 mil millones que deben pagarle a la familia LeBarón.
El poderoso Cártel de Juárez, organización que fundó el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, solo ha pagado 5 millones de dólares en multas y reparaciones del daño en las últimas dos décadas, un monto mínimo frente a los 4 mil millones de dólares que los capos del norte tendrían que pagar a la familia LeBarón.
Hace unas semanas, la corte del Distrito Oeste de Dakota, en Estados Unidos, dictaminó una sentencia que establece que el Cártel de Juárez debe pagar esa cantidad millonaria a los LeBarón, por su responsabilidad en la emboscada donde murieron nueve de sus familiares hace dos años y medio.
Sin embargo, la realidad es que desde hace dos décadas, a pesar de que han sido enjuiciados aproximadamente 33 integrantes y cómplices de la organización delictiva, apenas se les ha cobrado en multas, incautaciones y reparaciones del daño 5 millones 162 mil dólares, revela una investigación
Y es que las multas han rondado entre los 250 y los 5 mil dólares por procedimiento judicial, mientras que solo se han registrado tres casos donde un juez estadunidense dictaminó que integrantes del cártel tenían que pagar una restitución del daño a sus víctimas.
Por lo que, de continuar con esa tendencia, el término del pago de integrantes del Cártel de Juárez a la familia LeBarón se vislumbra lejano. La familia perdió a tres mujeres y seis niños el pasado 4 de noviembre de 2019, cuando fueron emboscados por integrantes de La Línea, brazo armado de la mafia de Juárez, en Bavispe, Sonora.
Desde 2020, familiares de las víctimas entablaron una demanda en una Corte Federal en contra del Cártel de Juárez y su escisión La Línea. El proceso fue iniciado por Howard Miller a nombre de su esposa, Rhonita LeBarón, y sus cuatro hijos fallecidos en la emboscada.
Otro de los demandantes fue Tyler Johnson, a nombre de su esposa Christina, quien fue asesinada, y su bebé que sobrevivió a la masacre; David Langford, por sus dos hijos muertos y siete que escaparon con vida, así como los cinco hijos Dawna Ray, también asesinada ese día.
A finales del mes de julio, el juez federal Clare Hochhalter llegó al veredicto que el Cártel de Juárez debería pagar a los LeBarón 4 mil millones de dólares, y es que no sólo contempló las muertes de sus integrantes, si no los daños psicológicos de los sobrevivientes, quienes tuvieron que ver morir quemadas a sus madres, hermanos y hermanas.
El Cártel de Juárez es una organización delictiva fundada a principios de 1980, por el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, conocido como El Señor de los Cielos, ya que durante su reinado criminal piloteaba aeronaves en las que trasladaban toneladas de cocaína desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos.
Reparaciones ínfimas
Realizó una búsqueda en todas Cortes Federales del país, donde encontró que desde el año 2000 han pasado por el banquillo de los acusados al menos 33 integrantes del Cártel de Juárez, La Línea y el Barrio Azteca, su escisión en Estados Unidos.
Entre ellos se encuentran Arturo Gallegos Castrellón, quien ordenó en el año 2010 el asesinato de una empleada del Consulado de los Estados Unidos, su esposo y el esposo de otra empleada del Consulado. José Antonio Acosta Hernández, quien según Estados Unidos “dirigió un reinado de terror”, comandando La Línea, en Chihuahua.
“No puedo exagerar la importancia de esta victoria en nuestros esfuerzos continuos para poner fin a las depredaciones de los cárteles que operan a lo largo de nuestra frontera sur”, dijeron los fiscales cuando fue sentenciado Gallegos.
También se encuentra uno de los fundadores del cártel, Juan José Quintero Payán, quien desde 1978 ha movido numerosos cargamentos de marihuana a Estados Unidos desde México, utilizando camiones cisterna de gas natural, especialmente alterados, a través de El Paso, Texas.
Llevó cocaína desde Colombia y Perú y cuando fue detenido las autoridades estadunidenses aseguraron que representaba “el punto más alto para la cooperación, la perseverancia y el uso del Estado de derecho para derrotar la anarquía”.
A pesar de las detenciones y las declaraciones de los funcionarios norteamericanos apenas han logrado incautar y multar a estos 33 con un total de 5 millones 137 mil 995 dólares. Al realizar una búsqueda de los inculpados se revisaron todas las sentencias donde el juez a la par impuso una sanción económica.
De esta manera se encontró que a la fecha se han logrado cobrar 23 multas. Estas empezaron en los 250 dólares, 500, 2 mil 500 y la más alta fue de 250 mil, la cual fue pagada por Juan José Quintero Payán, quien fue sentenciado a pasar 18.5 años en una prisión norteamericana.
En las cortes norteamericanas también se encontró que los jueces impusieron solo tres incautaciones de dinero y propiedades, es decir que se les encontraron bienes y dinero que decomisar derivado de sus negocios ilícitos.
Fue Arturo Gallegos Castrellón, uno de los asesinos de los empleados del consulado de Estados Unidos, a quien se ordenó la entrega de 785 mil dólares y una sentencia de por vida en una cárcel. Tirso Martínez Sánchez, quien fue transportista y distribuidor del Cártel de Juárez y recibió una sentencia de siete años en prisión y la incautación de 2 millones de dólares y Rigoberto Fragoso, uno de los integrantes de Barrio Azteca, a quien le pelearon las autoridades 2 mil 315 dólares que encontraron en su vivienda.
También se encontró que dos décadas solo en tres ocasiones las autoridades ordenaron la restitución del daño: fue a Arturo Gallegos Castrellón, a quien según su expediente judicial la juez federal de Texas, Kathleen Cardone, le ordenó pagar 998 mil 840 dólares.
Arturo Gallegos Castrellón lideró los equipos de asesinos que llevaron a cabo los tiroteos en el Consulado de los Estados Unidos en marzo de 2010 y asesinaron a casi mil 600 personas como parte de una guerra entre cárteles por la ruta de tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos.
Otro a quien se le ordenó la restitución fue a Joel Abraham Caudillo, otro de los asesinos de los empleados del consulado que fueron asesinados en Ciudad Juárez. Este caso incluso hizo que el entonces presidente Barack Obama se dijera “indignado por los brutales asesinatos”. Más tarde se supo que los asesinaron porque los confundieron con aliados de Joaquín El Chapo Guzmán. A este se le impuso una restitución de 15 mil dólares.
El tercero es Ricardo Valles De La Rosa, conocido como El chino y sentenciado en 2017 a pasar toda la vida en prisión. Este hombre aceptó haber sido cómplice del cártel y de cometer ilícitos que fueron desde el tráfico de drogas, la extorsión y el lavado de dinero, hasta el secuestro y los homicidios.
Valles inició en la vida “paramilitar” luego de su liberación de una cárcel en Estados Unidos, y tras su deportación a Juárez, en julio de 2007. Más tarde fue ascendido a teniente y puesto a cargo de la zona de prostitución que lideraba el cártel.
Según las investigaciones norteamericanas, La Línea y el Barrio Azteca tuvieron como propósito “luchar contra el Cártel de Sinaloa y sus aliados por el control de la ruta del narcotráfico a través de Juárez, Chihuahua, México. La ruta de la droga a través de Juárez, conocida como la Plaza de Juárez, es importante para las organizaciones de narcotraficantes porque es una ruta principal de tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos”.
A este se le impuso una restitución de 998 mil 840 por los hechos cometidos, cuando también fue parte de la cuadrilla criminal que asesinó a los empleados del gobierno de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Todos siguen en México
Hasta la fecha todos los detenidos por el ataque y asesinato de mujeres y niños de la familia LeBarón en el año 2019 han sido detenidos en territorio mexicano.
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha informado que hasta mayo de este año habían sido detenidas 30 personas. Entre los cargos a los que se enfrentan están: homicidio calificado, tentativa de homicidio, daños y participación directa en los hechos, delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.
Según las autoridades mexicanas, todos los detenidos eran integrantes del grupo criminal La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez.
Uno de los últimos detenidos, en mayo de este año, fue Ricardo Alonso Romero Núñez, conocido como Boby Larios, presunto integrante de La Línea. Actualmente enfrenta un proceso judicial por homicidio, entre otros delitos.
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