México carece de políticas públicas que puedan atender y prevenir el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.
En la escuela de Alberto se movía mucha droga, tenía apenas 10 años cuando comenzó a fumar y poco después a consumir otras sustancias, “uno ya no iba a estudiar, sino a platicar con chicas y a consumir o fumar cigarro. Yo creo que quien no fumaba y no andaba mal, no se divertía porque es lo que te inculcan si te quieres divertir”.
Su padre lo abandonó desde pequeño y cuando tenía 12 años falleció su mamá, quedando a cargo de su hermana de 14 años y el bebé que esperaba. Asegura que, tras las circunstancias, fue la adicción que desarrolló a las drogas la que marcó el camino hacia su reclutamiento por la delincuencia organizada.
“Te dan una moto y ven que te pones las pilas. Yo siempre he sido inteligente. Iba y venía y andaba al 100, bien motivado, por eso me cambiaron de grupo. Ya no era de la plaza, era roba Pemex: de los que roban gasolina, diésel y eso. Y así me mandaron otra vez a un punto, pero ahí ya ganaba más; ganaba hasta mil 800 pesos al día pero que, como dicen, se lo mandaba a la capa de ozono porque todo me los fumaba. De ahí me mandaron a chamaquear (engañar), a meter camionetas al tubo de Pemex. Yo estaba muy morro (niño). Me decían: 'estás bien niño y estás dentro'. Bien asustados todos y yo como si nada, ahí riéndome y contando chistes”.
Aunque no hay cifras oficiales sobre los niños, niñas y adolescentes que al día de hoy desempeñan actividades para el crimen organizado, testimonios de jóvenes que fueron reclutados a temprana edad dan cuenta de una terrible realidad a la que se enfrentan hasta 250 mil menores de edad al no contar con alternativas para construirse un futuro libre de violencia. Alberto, Juan Antonio y Carmen narraron sus historias, en las que dejan ver los múltiples factores que los colocaron en una situación vulnerable frente a estos grupos.
Juan Antonio se unió al crimen organizado a los 12 años porque le gustaba el dinero y el poder, varios de sus amigos también se habían integrado a otras organizaciones criminales que operaban cerca del Estado de México, Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Durango y Nuevo León.
“Yo quería pertenecer, yo quería estar ahí”, recuerda.
Entró para vender droga y ascendió a Halcón, después lo entrenaron para ser sicario y aprendió a “defenderse en una balacera” y a “reventar un cantón”.
“Lo que hacía como sicario era ir por personas contrarias y matarlos. Era mi tarea. No sólo matarlos, sino descuartizarlos”.
Carmen aún no se involucra directamente en el crimen organizado, pero todo su entorno y su grupo de amigos ya forman parte de él, a ella todavía no la obligan a permanecer contra su voluntad, pero ya le han ofrecido cuidar de la droga a cambio de un apoyo. Ella cree que esas personas la quieren ayudar.
Se refugia en las drogas a consecuencia de la violencia sexual que sufrió por parte de su abuelo, a quien la familia le pidió no denunciar porque era el que mantenía la casa.
Ella es uno de los casos que actualmente son tratados por activistas y organizaciones de la sociedad civil, encargados de la recuperación de niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser reclutados. Son esos “otros nuevos amigos” que intentan ayudarla para que busque un camino diferente.
A mí me gusta estar aquí, me gusta regarla porque así soy yo. Quiero hacer desmadre porque a mí me hicieron un desmadre”, refiere Carmen.
Los testimonios forman parte de una serie de reportajes institucionales de la Red por los Derechos de la Infancia en México para visibilizar un delito que aún no está tipificado en la legislación, pese a que en 2019 el Estado mexicano se comprometió a la detección y prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada como parte del Plan de Acción 2019 – 2024 de México en Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez.
De acuerdo con el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México” de la Redim y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), existen entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes que están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en México, debido a los múltiples factores de riesgo y desigualdades que enfrentan, como la violencia y la falta de acceso a derechos, entre otros más, que los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las asociaciones delictivas o grupos del crimen organizado.
No obstante, México carece de políticas públicas que puedan atender y prevenir, de manera integral, el reclutamiento y la utilización de esta población por parte de grupos delictivos y el crimen organizado.
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