Se presume que guardan relación con los sucesos que se presentaron en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, donde personal del Ejército fue atacado el 10 de octubre.
Un juez federal vinculó a proceso a 13 personas que se presume guardan relación con los sucesos que se presentaron en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, donde sicarios de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se enfrentaron y después atacaron al personal del Ejército el pasado 10 de octubre.
La Fiscalía General de la República (FGR) los imputó por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y de cargadores, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Lo anterior, derivado de la puesta a disposición por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes detuvieron en flagrancia a César "N", originario de Guatemala, y a los mexicanos José Abraham "N", Alfredo Daniel "N", Mario "N", Jonas "N", Anselmo "N", Cristino "N", Hugo "N", Santiago "N", David "N", José Antonio "N" , Gilberto Alejandro "N", Juan "N", cuando portaban armas de fuego con cargadores y cartuchos útiles.
De acuerdo con la carpeta de investigación, tras el enfrentamiento, los elementos de la Guardia Nacional detuvieron a los ahora imputados en el lugar conocido como Caracol, que forma el entronque con dirección Cintalapa, tramo Ocozocoautla-Arriaga, tras una denuncia ciudadana en la que mencionaba a personas armadas.
Después de hacer la revisión correspondiente, la Guardia Nacional aseguró 14 armas largas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, 104 cargadores, 3 mil 14 cartuchos útiles, así como equipo táctico y teléfonos celulares de diversas marcas y colores.
Por estos hechos, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien ofreció los datos de prueba para obtener del juez de control la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por los delitos mencionados.
Los vinculados se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15 ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas.
El juez estableció un plazo de dos meses a la defensa y al agente del Ministerio Público de la Federación para el cierre de la investigación complementaria.
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