Se tipificó el cobro como 'delitos contra la economía'; personal de la FGJEM impulsó esta medida en apoyo a vendedores mexiquenses
La propuesta para tipificar este delito fue impulsada por autoridades de la FGJEM, ya que en los últimos años se incrementó la extorsión a comerciantes de pollo, carne, huevo o flores, condicionándolos para realizar pagos al crimen organizado, a fin de mantener su actividad económica.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma al Código Penal del Estado de México, en sus artículos 199 Bis y 199 Ter, que considera como agravante que quienes incurran en el cobro denominado 'derecho de piso' se ostenten como miembros del crimen organizado.
Las penas irán de siete a 15 años de prisión y de mil 300 a 2 mil UMA, o peor aún si se trata de un servidor público, pues la pena irá de ocho a 20 años de cárcel.
Fue desde septiembre que un grupo de especialistas de la FGJEM, encabezado por el titular de la dependencia, José Luis Cervantes Martínez, se reunió con un grupo de legisladores a fin de explicar la grave problemática originada por sujetos que cobran por comercializar productos o servicios, o bien, condicionan a qué se les adquiera a ellos.
El documento estipula explícitamente que "quien por medio de violencia obligue a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir a otra persona o comercio, la compra de determinados bienes de consumo; a vender, distribuir bienes a empresa determinadas; a imponer o fijar en una localidad o región un precio distinto al del mercado, se hará acreedor a una pena de seis a 10 años de cárcel y una multa de mil a mil 500 Unidades de Medida de Actualización".
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Estado de México se reportaron 3 mil 812 extorsiones de enero a noviembre de 2022, un 26% más que en el mismo lapso del año anterior.
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