Más de tres años después, y ahora como parte de las indagatorias por el caso de corrupción de Odebrecht, la Fiscalía le pidió a un juez poder acceder a la información de dicho crédito hipotecario.
En plena campaña presidencial de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya investigó esta operación de compra-venta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, al no contar con "datos de prueba suficientes", el panista fue exonerado dos días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Más de tres años después, y ahora como parte de las indagatorias por el caso de corrupción de Odebrecht, la FGR le pidió a un juez poder acceder a la información de dicho crédito hipotecario, protegida por secreto bancario, a fin de investigar su posible relación con el soborno de 6 millones 800 mil pesos que presuntamente recibió Anaya Cortés para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, según la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
En su escrito de solicitud, Sergio Martínez Escalante, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, explicó al juez la necesidad de acceder a esta información bancaria de Ricardo Anaya porque se cuentan con datos de prueba, "que hacen presumir", que ese dinero proveniente del supuesto soborno de 2014 fue ingresados al sistema financiero nacional.
"Se conocería si efectivamente en el periodo en que recibió los citados recursos, éstos fueron depositados en las cuentas bancarias a su nombre, lo cual permitiría identificar la existencia de recursos distintos de los cuales Ricardo Anaya Cortés, por derecho podía percibir en esa temporalidad", expuso.
Esta petición de información bancaria de la FGR no sólo incluyó este crédito hipotecario sino de 12 cuentas bancarias más, de las que se solicitó contratos de apertura, tarjetas de registros de firmas, así como la totalidad de los estados de cuenta, cuentas de cheques, cuentas de inversión y cualquier otro tipo de cuenta identificada en el periodo que va del 1 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2020.
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna autorizó la entrega de la información resguardada por el secreto bancario de esas 12 cuentas, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, vía el portal de Sistema de Atención de Requerimiento de Autoridad; sin embargo, negó la correspondiente al crédito que Anaya Cortés obtuvo de Banamex por 5 millones 570 mil 688 pesos como resultado de hipotecar su casa.
"De la información que remite para evidenciar su petición no se advierte la existencia del crédito hipotecario referido, pues no está expresamente evidenciado en la declaración inicial, declaraciones de modificación o declaración de conclusión", consideró Delgadillo Padierna en su resolución, de la cual MILENIO tiene copia.
Lo cierto es que dicho crédito hipotecario sí consta en la declaración patrimonial de conclusión con fecha 30 de octubre de 2015 de Anaya Cortés, quien el pasado domingo reapareció en un acto partidista en Dallas, Texas, Estados Unidos, país adonde se encuentra desde julio de 2021 tras la acusación de la FGR por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho como parte del caso de corrupción de Odebrecht.
Hasta el momento, no se conoce si el Ministerio Público de la Federación impugnó esta resolución del juez Delgadillo Padierna como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada el 11 de agosto de 2020 por la denuncia de Emilio Lozoya.
El propio Ricardo Anaya, durante el proceso electoral a la Presidencia de la República de 2018, hizo público un video en el que explicó la compra del terreno en Querétaro en unos 10 millones de pesos y la venta de la nave industrial en 54 millones de pesos.
Según el panista hubo tres fuentes de financiamiento para poder adquirir el terreno de 13 mil metros cuadrados de extensión y para la construcción de 7 mil metros cuadrados de la nave industrial: el crédito hipotecario que intentó indagar la FGR, la contratación de otro crédito con el propio parque industrial, y ahorros con que contaba.
Anaya Cortés dijo que, en 19 mayo de 2014, a través de una de sus empresas, empezó a pagar el terreno que tuvo un costo de 67 dólares por metro cuadrado.
Entonces, no sólo la PGR sospechó de irregularidades en esta operación, sino de quienes fueran sus propios compañeros de partido como Javier Lozano, quien cuestionó la explicación de Ricardo Anaya en otro video.
“¿No será que, en realidad estamos frente a una operación de 54 millones de pesos en efectivo que tenía originalmente Ricardo Anaya, probablemente, proveniente de los moches de los mochos o de alguna otra corruptela?”, cuestionó Lozano, quien entonces era vocero de José Antonio Meade, también candidato presidencial en 2018: "No me salen las cuentas” ...
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