Tribunal colegiado suspende la publicación de la Reforma Judicial en el Diario Oficial de la Federación
Un Tribunal Colegiado de la Judicatura ha ordenado la suspensión temporal de la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en respuesta a un recurso de queja interpuesto por la asociación civil Fundación Iris, que promueve y defiende los derechos humanos. Esta decisión judicial se mantendrá hasta que un juez de Distrito determine si concede la suspensión definitiva al amparo presentado por dicha asociación, la cual impugnó el dictamen de reforma aprobado previamente por las Cámaras de Diputados y Senadores.
El conflicto surge a raíz de la propuesta de reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue discutida y aprobada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. La Fundación Iris, argumentando violaciones a derechos fundamentales, presentó un recurso para detener la reforma, solicitando que no se lleve a cabo ni la discusión ni la aprobación de la misma en los cuerpos legislativos.
Un juez de Distrito había otorgado previamente a la Fundación Iris una suspensión provisional, pero esta solo cubría parcialmente los efectos de la reforma. La Fundación entonces recurrió a un Tribunal Colegiado, el cual decidió modificar la resolución inicial del juez, ampliando la medida cautelar.
En una votación unánime, los magistrados del Tribunal Colegiado declararon fundada la queja de la Fundación Iris. En consecuencia, el Tribunal ordenó modificar los efectos de la suspensión provisional, impidiendo la publicación del decreto de reforma en el DOF, argumentando que su entrada en vigor podría causar “daños y perjuicios de imposible reparación”. Esta decisión afecta tanto la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma en el Congreso de la Unión como en las legislaturas de los estados de la República y la Ciudad de México.
En su fallo, los magistrados señalaron que uno de los principales efectos de la reforma judicial sería “desaparecer el Poder Judicial de la Federación tal como fue establecido por el Poder Constituyente en la Carta Fundamental”. Asimismo, advirtieron que cualquier intento de aprobar y publicar el decreto correspondiente antes de que se resuelva el fondo del asunto en los tribunales constituiría una violación al mandato judicial, lo que implicaría consecuencias legales para los responsables.
El principal argumento de la Fundación Iris es que la publicación de la reforma judicial sin que se agoten los recursos legales en curso violaría principios constitucionales y afectaría de manera irreparable los derechos de las personas a un Poder Judicial independiente. La asociación sostiene que el procedimiento legislativo se llevó a cabo sin el análisis adecuado por parte de los legisladores y que la reforma implica una alteración fundamental de la estructura judicial mexicana.
El penalista Juan Velázquez, en entrevista con medios, señaló que, pese a la suspensión ordenada por el Tribunal Colegiado, el gobierno federal podría proceder con la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. “La van a publicar y van a incurrir en desobediencia a esa suspensión, lo que generaría responsabilidades legales que podrían llevar a la remoción del cargo de los funcionarios involucrados y la posible comisión de un delito”, advirtió Velázquez.
El abogado subrayó que nunca antes, en sus 54 años de experiencia, había visto una situación en la que autoridades responsables ignoren de manera tan abierta el mandato de un juez federal. Velázquez se refirió a los nuevos tiempos políticos en México, destacando que el respeto a la ley ha sido cuestionado en repetidas ocasiones.
Desde su perspectiva, el proceso legislativo que llevó a la aprobación de la reforma judicial fue apresurado, argumentando que los legisladores no tuvieron la oportunidad de leer ni analizar detenidamente el contenido del dictamen aprobado. “El procedimiento fue al vapor, y es difícil llamar legal a algo que no fue analizado con la seriedad que merece”, concluyó.
El proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno federal ha generado controversia desde su anuncio. Entre las críticas más destacadas está la preocupación por la independencia del Poder Judicial, ya que, según los detractores de la reforma, ésta eliminaría la posibilidad de que las personas que dictan sentencias sean de carrera judicial, afectando así la calidad y la imparcialidad de los fallos.
Además, se ha cuestionado la manera en que la reforma fue aprobada por el Congreso, señalando que el debate y la discusión fueron limitados y que no se dio espacio para un análisis profundo de las implicaciones de las modificaciones propuestas.
La suspensión de la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación es una medida temporal que pone en pausa uno de los proyectos más controvertidos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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