Los refrescos: el dulce asesino silencioso de México
Pero hay un asesino aún más letal, uno que no ocupa los titulares de la misma manera: los refrescos. Estas bebidas azucaradas están matando a más personas que el crimen organizado. Las cifras hablan por sí solas: el 7% de las muertes en adultos mexicanos se atribuyen al consumo de refrescos, es decir, 40,842 fallecimientos al año, superando las cifras de homicidios anuales por el crimen organizado que, en 2020, año más violento del sexenio de AMLO llegaron a 36,773 (DW Español, 2024). Enfermedades como diabetes, obesidad y cáncer, relacionadas con el consumo de refrescos, están desbordando al “mejor Sistema de Salud del Mundo” y sumiendo a familias en la pobreza.
La industria de las bebidas azucaradas es gigantesca, con ingresos globales que en 2023 superaron los 800 mil millones de dólares. En América Latina, el mercado alcanzó los 60,500 millones de dólares, equivalente al PIB combinado de El Salvador y Honduras (Carrillo, 2024). México no es la excepción: el consumo promedio es de 163 litros por persona al año. En Chiapas, donde el agua potable es menos accesible que la Coca-Cola, el promedio sube a 821 litros. En esta región, la refresquera explota acuíferos, dejando a comunidades sin agua de calidad (Appel, 2016).
El impacto económico es notable. Miles de empleos dependen de esta industria, desde la fabricación hasta la distribución. Sin embargo, el costo social es elevado: familias enteras destinan hasta el 10% de sus ingresos a “coquitas”. En una colonia del Estado de México, por ejemplo, 1,500 personas gastan colectivamente 10.95 millones de pesos al año solo en refrescos, sin contar otros gastos básicos.
No es coincidencia. La publicidad agresiva y la influencia política, como la de Vicente Fox, ex-CEO de Coca-Cola México, han asegurado que la marca esté presente en todas partes, incluso en comunidades indígenas sin acceso a agua potable. El resultado: siete de cada diez niños en zonas rurales desayunan con refresco.
En 2014, el gobierno mexicano impuso un impuesto del 10% a las bebidas azucaradas. Si bien el consumo disminuyó inicialmente, la industria se adaptó rápidamente con estrategias de precios bajos y campañas de marketing. Expertos sugieren que un impuesto del 20% o más podría ser realmente efectivo. Además del daño a la salud, la industria genera enormes cantidades de basura: requiere anualmente 1 millón de toneladas de azúcar, 33 mil toneladas de aluminio y 450 mil toneladas de PET para sus botellas, contaminando ríos, tierras y comunidades enteras.
Para enfrentar este problema, es necesario regular esta industria de manera más contundente. Medidas como etiquetas claras, impuestos efectivos y acceso universal al agua potable son fundamentales. En un país donde el 24% de los hogares carece de agua entubada, no podemos permitir que Coca-Cola sea más accesible que el agua.
Sin embargo, para cambiar esto, la sociedad debe estudiar, unirse, organizarse y exigir estas reformas mediante la toma pacífica del poder político, aprovechando el sistema democrático. De otra forma, seguiremos padeciendo los efectos de un asesino silencioso que vende “felicidad” en cada botella, pero que realmente destapa la muerte.
1. DW Español. (2024, marzo 23). Adictos a las bebidas azucaradas: el gran negocio de las gaseosas en México [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=drNnyghVWQ4
2. Universidad Nacional Autónoma de México. (2019). México, primer consumidor de refrescos en el mundo. Gaceta UNAM. https://tinyurl.com/yc7v5whd
3. Appel, M. (2016). Las etnias de Chiapas casi sin agua, pero ahogadas en Coca-Cola. Proceso. https://tinyurl.com/25637fu3
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