Ciudad de México.- Con 29 crímenes contra sacerdotes y agentes pastorales en poco más de dos décadas, y un incremento de 39% en los intentos de extorsión contra religiosos en los últimos tres años, México se colocó como el país más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal en América Latina.
Los homicidios de sacerdotes se concentran en 14 entidades de la República y afectan al 78% de las arquidiócesis (14 de 18) y al 40% de las diócesis (27 de 68) en las 18 provincias eclesiales del país, de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro Católico Multimedial (CCM), que abarca el comportamiento del fenómeno delincuencial sobre los miembros de la Iglesia católica durante los últimos 23 años.
A las 29 muertes, en cuyo desglose figuran un cardenal, 25 sacerdotes, un diácono y dos religiosos, se suman los crímenes contra cuatro laicos y una periodista católica, así como la desaparición en este 2013 de dos sacerdotes.
“El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) pasará a la historia de México como desastroso para la protección y los derechos humanos de sacerdotes, religiosos y laicos católicos. Se cometieron 22 homicidios: 15 contra sacerdotes, 3 religiosos, 4 lacios y una periodista católica”, se resalta en el documento elaborado por el CCM, que provee información al Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México.
El crimen les exige hasta 60 mil pesos
El estudio, que consigna nombres de las víctimas y las diócesis a las que pertenecían, subraya además un dramático aumento de intentos de extorsiones y amenazas en contra de integrantes de la Iglesia católica.
Indica que la cantidad de llamadas telefónicas, correos electrónicos y avisos verbales intimidatorios contra agentes de Pastoral, obispos y sacerdotes, pasó de mil 53 en 2010 a mil 465 en 2013.
Sin precisar si alguno de los ministros de la Iglesia ha accedido al pago de las extorsiones, el análisis establece que los delincuentes solicitan hasta 60 mil pesos para no tomar represalias contra los agentes pastorales.
Indica que este fenómeno se ha vuelto una constante no sólo en parroquias, sino en institutos religiosos y hasta en el Seminario Conciliar de México, así como en casas de migrantes.
Hace énfasis también en que dicho fenómeno de la extorsión contra el sector religioso es más marcado en entidades con mayor incidencia delictiva, entre las que cita a Michoacán, Durango, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Tabasco.
Detalla incluso que en enclaves como Apatzingán, Morelia, Acapulco, Tierra Caliente de Guerrero, Monterrey, Nuevo Laredo, Guadalajara, Culiacán y la Comarca Lagunera, los grupos delincuenciales les exigen cuotas “en especie”; es decir, automóviles y propiedades, para utilizarlos en sus actividades ilícitas como transporte y casas de seguridad.
Por lo que se refiere a las amenazas de muerte e intimidatorias contra religiosos, el estudio asienta que en 2013 se incrementaron 119 por ciento con respecto al 2010, al pasar de 162 a 355 casos, con lo cual, señala, “se busca minimizar la fe de los fieles y limitar las actividades de Pastoral católica”.
Por lo anterior, denuncia que los agentes de Pastoral en México se han tornado más vulnerables, en parte porque ninguna autoridad los protege en contra de los atentados, especialmente en zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad por la presencia del crimen organizado. Además, finaliza, “poco se ha hecho por esclarecer los magnicidios de presbíteros, religiosos y laicos caídos en cumplimiento de su ministerio sacerdotal”.
Los homicidios de sacerdotes se concentran en 14 entidades de la República y afectan al 78% de las arquidiócesis (14 de 18) y al 40% de las diócesis (27 de 68) en las 18 provincias eclesiales del país, de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro Católico Multimedial (CCM), que abarca el comportamiento del fenómeno delincuencial sobre los miembros de la Iglesia católica durante los últimos 23 años.
A las 29 muertes, en cuyo desglose figuran un cardenal, 25 sacerdotes, un diácono y dos religiosos, se suman los crímenes contra cuatro laicos y una periodista católica, así como la desaparición en este 2013 de dos sacerdotes.
“El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) pasará a la historia de México como desastroso para la protección y los derechos humanos de sacerdotes, religiosos y laicos católicos. Se cometieron 22 homicidios: 15 contra sacerdotes, 3 religiosos, 4 lacios y una periodista católica”, se resalta en el documento elaborado por el CCM, que provee información al Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México.
El crimen les exige hasta 60 mil pesos
El estudio, que consigna nombres de las víctimas y las diócesis a las que pertenecían, subraya además un dramático aumento de intentos de extorsiones y amenazas en contra de integrantes de la Iglesia católica.
Indica que la cantidad de llamadas telefónicas, correos electrónicos y avisos verbales intimidatorios contra agentes de Pastoral, obispos y sacerdotes, pasó de mil 53 en 2010 a mil 465 en 2013.
Sin precisar si alguno de los ministros de la Iglesia ha accedido al pago de las extorsiones, el análisis establece que los delincuentes solicitan hasta 60 mil pesos para no tomar represalias contra los agentes pastorales.
Indica que este fenómeno se ha vuelto una constante no sólo en parroquias, sino en institutos religiosos y hasta en el Seminario Conciliar de México, así como en casas de migrantes.
Hace énfasis también en que dicho fenómeno de la extorsión contra el sector religioso es más marcado en entidades con mayor incidencia delictiva, entre las que cita a Michoacán, Durango, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Tabasco.
Detalla incluso que en enclaves como Apatzingán, Morelia, Acapulco, Tierra Caliente de Guerrero, Monterrey, Nuevo Laredo, Guadalajara, Culiacán y la Comarca Lagunera, los grupos delincuenciales les exigen cuotas “en especie”; es decir, automóviles y propiedades, para utilizarlos en sus actividades ilícitas como transporte y casas de seguridad.
Por lo que se refiere a las amenazas de muerte e intimidatorias contra religiosos, el estudio asienta que en 2013 se incrementaron 119 por ciento con respecto al 2010, al pasar de 162 a 355 casos, con lo cual, señala, “se busca minimizar la fe de los fieles y limitar las actividades de Pastoral católica”.
Por lo anterior, denuncia que los agentes de Pastoral en México se han tornado más vulnerables, en parte porque ninguna autoridad los protege en contra de los atentados, especialmente en zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad por la presencia del crimen organizado. Además, finaliza, “poco se ha hecho por esclarecer los magnicidios de presbíteros, religiosos y laicos caídos en cumplimiento de su ministerio sacerdotal”.
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