miércoles, 15 de enero de 2014

Demanda Cordero separar del cargo a Madero en garantía de un proceso interno "legal"

México, D.F.- El senador Ernesto Cordero demandó la separación del cargo de Gustavo Madero como presidente nacional del PAN “para garantizar la conducción del proceso interno en condiciones de equidad y legalidad; la integración por un amplio consenso del Consejo Nacional de la comisión que tendrá a su cargo la organización del proceso para renovar la dirigencia nacional del blanquiazul”.
El senador panista emitió un posicionamiento por la equidad, imparcialidad y legalidad en el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Acción Nacional en el que resaltó por primera vez “en nuestra historia los militantes del PAN elegiremos en forma universal y directa la jefatura nacional del partido Es un hecho inédito en nuestra tradición democrática y un auténtico reto ético, político y organizativo”.
Subrayó que el próximo consejo nacional debe emitir las normas que regularán el proceso de la renovación de la dirigencia, así como integrar a los órganos que habrán de conducir y arbitrar la competencia.
Ante ello, Cordero subrayó: “nadie puede tomar ventaja de estas decisiones, la unidad como norma de convivencia interna exige una actitud responsable por parte de la dirigencia para garantizar la equidad y legalidad interna. En ningún caso es admisible que actúe como juez y parte”.
Cordero demanda además la conformación de una comisión especial del Consejo Nacional que se encargue de investigar la negociación de asignaciones prespuestales a estados y municipios, así como la suscripción de un acuerdo entre los candidatos debidamente registrados al proceso interno para habilitar al IFE a fiscalizar, durante la campaña interna, los ingresos y egresos de cada uno de los candidatos y su campaña.
También Cordero exige la auditoria al padrón de militantes del partido, así como la apertura de un proceso ágil y expedito para formular observaciones e impugnaciones sobre afiliaciones irregulares o corporativas; la intervención temporal y plena, a cargo de una comisión especial del Comité Ejecutivo Nacional, de las cuentas bancarias de los grupos parlamentarios en las Cámaras de Diputados y Senadores, para garantizar que los recursos de estos no se distraigan con fines electorales o para beneficiar a candidatos.
Por ultimo, propone la creación de una fiscal, con autonomía plena de defensa de la libertad del voto que investigue y sancione el uso indebido de recursos públicos, la recepción ilegal de recursos privados, la aceptación de apoyos por parte de estructuras de gobierno, la movilización de electores o cualquier modalidad similar equivalente a la coacción.

La Jornada

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