El PRI pide antidoping para estudiar prepa y universidad

Ciudad de México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de la Senadora Cristina Díaz Salazar, propuso hacer obligatorio que jóvenes de 17 a 24 años de edad entreguen anualmente un estudio de antidoping completo y una biometría hemática general, como parte de la documentación de nuevo ingreso y también de reinscripción a preparatorias y universidades en todo el país. La medida pretende detectar si alguno de los alumnos presenta adicción a drogas o algún tipo de trastorno alimenticio, para que sea canalizado a un área de salud correspondiente. Sin embargo, defensores de derechos humanos consideran que –tal como está redactada– esta iniciativa sería un mecanismo velado de “criminalización” a los estudiantes que den positivo en los exámenes médicos. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó que esta propuesta violaría los derechos humanos de los jóvenes, tales como el de la privacidad y la protección de sus datos personales. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, llamó la atención a tres puntos de la iniciativa priista que generan preocupación entre los defensores de derechos humanos. “Violentaría el derecho a la intimidad que tienen adolescentes y jóvenes; no coloca el foco en un política real de prevención y de protección para toda la población, y no se traducirá en una política efectiva contra el consumo de drogas, porque queda limitado a un ámbito escolarizado, cuando sabemos que existe un porcentaje muy alto jóvenes que no tienen acceso a la educación”, precisó. La iniciativa no especifica qué autoridad será responsable de salvaguardar los datos personales, cómo se procesará la información obtenida o qué candados se incluirán para evitar su exposición pública. En este sentido, el director de Educación Futura, Rubén Álvarez Mendiola, expuso que la iniciativa de reforma a las leyes General de Educación y de Salud contiene profundos rasgos discriminatorios que no van al fondo del problema, que es atender de forma efectiva la adicción entre la juventud. “Más que un rasgo autoritario, esta iniciativa muestra un profundo desconocimiento del PRI sobre una de las problemáticas de las cuales el Estado mexicano mismo es responsable, que es el olvido institucional para los jóvenes”, afirmó el especialista. La propuesta, explicó, va más en el sentido de criminalizar o castigar la adicción, y no en el de presentar alternativas viables para reducir el consumo de estupefacientes entre la juventud.

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