“Esclavos” del siglo de la ciencia y la tecnología

México.- Los ejemplos de la sobre explotación y abandono de los trabajadores del agro (al estilo porfiriano) no solo se perciben en San Quintín, Baja California, sino en muchas partes del País, en otras, los campos cañeros de la Cuenca del Papaloapan, donde a los cortadores de caña les pagan cien pesos diarios por doce horas de jornada y les obligan a vivir en barracas, sin alimentos –ya que estos deben adquirirlos con lo poquísimo que ganan-, lo que les convierte en “esclavos” del siglo de la ciencia y la tecnología. Cuenta Manuel Hernández Pérez, oriundo de Pachuca, Hidalgo, y quien lleva más de 15 años acudiendo año con año a las zafras de Tres Valles, que el ingenio no les toma en cuenta “Pero si nos exigen cortes bajitos sin caña tierna” y el costo por tonelada les baja en lugar de subir para mejorar sus condiciones de vida, ya que solo les pagan 28 pesos por la tonelada cortada.
“Así como llegamos nos vamos, que capaz que nosotros pensemos en comprar una tele pa´ llevar a la familia”. Guillermo Rosales Sánchez, con 8 hijos, originario de Chiltepec, Oaxaca, y quien de plano ya se quedó a vivir en el lugar (en una galera) para no ocasionar gastos de traslado, asegura que se muere de hambre junto con su familia, pero la empresa en nada les ayuda.
En fin, sería bueno volver la vista hacia la cuenca del Papaloapan, y comprobar que la esclavitud, también, persiste en el Estado donde “no pasa nada”. En ese tenor, la explotación de jornaleros del Valle de San Quintín es sólo una muestra de los abusos y prácticas de “semiesclavitud” rural que ocurren en 18 estados del país, ya que 90 por ciento de los jornaleros agrícolas no cuentan con contrato de trabajo, son “informales”, y 60 por ciento de los más de 2 millones de ese tipo de trabajadores son indígenas provenientes de las entidades con mayor pobreza del país, como Guerrero y Oaxaca.
Un informe de la Red de Jornaleros Internos señala que estos trabajadores padecen condiciones de vida infrahumanas; laboran 15 horas al día en promedio, casi el doble de la jornada permitida, y ocho de cada 10 no pueden acudir al médico en caso de enfermedades y accidentes, por no tener prestaciones ni seguridad social. De 2007 a 2015 se ha documentado la muerte de al menos 40 niños en los campos agrícolas, y un sinfín de accidentes y enfermedades entre adultos.
Estos decesos de niños se deben a que el trabajo infantil es endémico en estos sitios, y los menores sufren de accidentes laborales, atropellos, picaduras de insectos, desnutrición, partos prematuros y falta de atención médica, señala el documento. La Red, integrada por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Enlace, Comunicación y Capacitación, entre otros gremios, expone que desde Baja California, Sinaloa y Sonora o hasta Nayarit se registran los casos de jornaleros que laboran en campos o fincas propiedad de empresas nacionales y extranjeras, y que los explotan, sometiéndolos a condiciones de semiesclavitud, en ocasiones en contubernio con funcionarios públicos.
Indica la Encuesta Nacional de Jornaleros que del total de estos campesinos, 20 por ciento tienen menos de 18 años, es decir, más de 433 mil menores laboran en esta situación. A la par de ello, mujeres, niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables a consecuencia de la triple o cuádruple discriminación que padecen. Así, 40 por ciento de las mujeres indígenas reciben un salario menor que sus compañeros y 34.7 declararon haber sido humilladas en su jornada laboral.
Esa organización rechaza totalmente el acto de represión cometido en contra de los jornaleros agrícolas que ejercían sus derechos de libre manifestación en el Valle de San Quintín. Propone que junto con las representaciones sociales de los jornaleros y otros actores involucrados en el sector, se generen las políticas públicas necesarias para proteger y garantizar los derechos de estos trabajadores y se le dé especial atención a los que están en condiciones de vulnerabilidad, y exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno atender y resolver este problema, así como la incorporación al Seguro Social de estos campesinos.