Estado de México.- Organizaciones civiles de distintos municipios del Estado de México se unieron para denunciar el “despojo” y el “robo” de tierra, agua y la destrucción biocultural para favorecer los megaproyectos en los cuales participan Grupo Higa, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio Desarrollador Internacional, Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros.
Pobladores aseguraron que el gobierno encabezado por el priista Eruviel Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular, ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras que se han desarrollado a lo largo de su administración.
Incluso, dijeron, ha usado la fuerza policiaca para desalojos, los cuales tienen un mismo modus operandi: llega un supuesto dueño del terreno con unas escrituras, se pide el desalojo, los habitantes inician un proceso legal, después se opera el desalojo por parte de autoridades municipales y estatales y, finalmente, cientos de familias pierden su patrimonio y son desplazadas.
Bárbara Vargas Bartolo, de Cahuacán Unido por los Derechos Humanos AC, explicó que en ese municipio las empresas Consorcio Desarrollador Internacional S.A de C.V., Ingeniería Electrónica Especializada S.A de C.V., los “despojaron” de al menos 800 hectáreas de tierra para construir un desarrollo industrial.
La activista agregó que esa zona es estratégica por los mantos acuíferos que abastecen varias regiones habitadas.
Pobladores aseguraron que el gobierno encabezado por el priista Eruviel Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular, ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras que se han desarrollado a lo largo de su administración.
Incluso, dijeron, ha usado la fuerza policiaca para desalojos, los cuales tienen un mismo modus operandi: llega un supuesto dueño del terreno con unas escrituras, se pide el desalojo, los habitantes inician un proceso legal, después se opera el desalojo por parte de autoridades municipales y estatales y, finalmente, cientos de familias pierden su patrimonio y son desplazadas.
Bárbara Vargas Bartolo, de Cahuacán Unido por los Derechos Humanos AC, explicó que en ese municipio las empresas Consorcio Desarrollador Internacional S.A de C.V., Ingeniería Electrónica Especializada S.A de C.V., los “despojaron” de al menos 800 hectáreas de tierra para construir un desarrollo industrial.
La activista agregó que esa zona es estratégica por los mantos acuíferos que abastecen varias regiones habitadas.
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