Ciudad de México.- La secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Lilia Aguilar Gil (PT), planteó solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California.
En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, también propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California investiguen y sancionen a quienes obtuvieron directa o indirectamente beneficio injustificable económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo de jornaleros agrícolas de San Quintín, sometidos a prácticas que atentan contra su dignidad.
Aguilar Gil expresó que la problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados. Estos son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.
Indicó que de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, la mayoría establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, pues 90 por ciento no tiene un contrato formal de trabajo, y que aunque la Ley Federal del Trabajo establece jornadas de ocho horas al día, los jornaleros agrícolas laboran hasta 15.
De igual modo, más del 80 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes, y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias. “Los problemas de salud en los campos de cultivo son uno de los principales conflictos que los jornaleros sufren”, alertó.
La diputada Lilia Aguilar expresó que la vida en los campos de cultivo se da en condiciones precarias, pues en algunas zonas agrícolas viven hacinados en galerones, donde llegan a alojarse entre 500 a 3 mil trabajadores; en otros casos, las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o de plano en ruinas, en donde viven de 20 a 100 personas.
Refirió que conforme a la organización Respuesta Alternativa, se tiene detectado que más del 90 por ciento de los campos agrícolas no cuenta con viviendas habitables y la mitad carece de baños y regaderas. “Esta problemática se ha presentado por la falta de supervisión por parte de las autoridades laborales, sanitarias, de asistencia social o migratorias”.
Por ello, hizo votos para que el Estado garantice la efectiva aplicación de las leyes laborales, de seguridad social, de asistencia social, de educación y de los derechos humanos de estas personas. “Es preocupante que el gobierno haga uso de la fuerza para disuadirlos de ejercer su derecho a la asociación, libertad de expresión y negociación colectiva, para exigir el respeto a los derechos que durante décadas les han negado”.
La diputada Aguilar Gil relató que recientemente, alrededor de 50 mil jornaleros se fueron a huelga para obtener mejores salarios y condiciones laborales, y que la protesta de un grupo de jornaleros de San Quintin, del pasado 9 de mayo, terminó en un enfrentamiento entre campesinos y policías locales.
De ahí que en el punto de acuerdo remitido a la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Permanente, también pide a la Procuraduría General de la Republica investigue esos acontecimientos violentos.
Sostuvo que las autoridades deben abstenerse de vulnerar los derechos de los jornaleros agrícolas, intensificar el número de visitas de verificación en estos sectores de alta incidencia, así como fomentar mecanismos interinstitucionales para supervisar periódicamente los centros de trabajo, con la finalidad de evitar la explotación laboral y proteger los derechos humanos de los trabajadores.
Conforme a la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existían al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas y 40 por ciento de ellos son indígenas. Más de la mitad procede de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz; 81 por ciento no concluyó la educación secundaria, lo que los hace más vulnerables a la explotación laboral, y su edad promedio era de 36 años.
En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, también propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California investiguen y sancionen a quienes obtuvieron directa o indirectamente beneficio injustificable económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo de jornaleros agrícolas de San Quintín, sometidos a prácticas que atentan contra su dignidad.
Aguilar Gil expresó que la problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados. Estos son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.
Indicó que de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, la mayoría establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, pues 90 por ciento no tiene un contrato formal de trabajo, y que aunque la Ley Federal del Trabajo establece jornadas de ocho horas al día, los jornaleros agrícolas laboran hasta 15.
De igual modo, más del 80 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes, y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias. “Los problemas de salud en los campos de cultivo son uno de los principales conflictos que los jornaleros sufren”, alertó.
La diputada Lilia Aguilar expresó que la vida en los campos de cultivo se da en condiciones precarias, pues en algunas zonas agrícolas viven hacinados en galerones, donde llegan a alojarse entre 500 a 3 mil trabajadores; en otros casos, las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o de plano en ruinas, en donde viven de 20 a 100 personas.
Refirió que conforme a la organización Respuesta Alternativa, se tiene detectado que más del 90 por ciento de los campos agrícolas no cuenta con viviendas habitables y la mitad carece de baños y regaderas. “Esta problemática se ha presentado por la falta de supervisión por parte de las autoridades laborales, sanitarias, de asistencia social o migratorias”.
Por ello, hizo votos para que el Estado garantice la efectiva aplicación de las leyes laborales, de seguridad social, de asistencia social, de educación y de los derechos humanos de estas personas. “Es preocupante que el gobierno haga uso de la fuerza para disuadirlos de ejercer su derecho a la asociación, libertad de expresión y negociación colectiva, para exigir el respeto a los derechos que durante décadas les han negado”.
La diputada Aguilar Gil relató que recientemente, alrededor de 50 mil jornaleros se fueron a huelga para obtener mejores salarios y condiciones laborales, y que la protesta de un grupo de jornaleros de San Quintin, del pasado 9 de mayo, terminó en un enfrentamiento entre campesinos y policías locales.
De ahí que en el punto de acuerdo remitido a la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Permanente, también pide a la Procuraduría General de la Republica investigue esos acontecimientos violentos.
Sostuvo que las autoridades deben abstenerse de vulnerar los derechos de los jornaleros agrícolas, intensificar el número de visitas de verificación en estos sectores de alta incidencia, así como fomentar mecanismos interinstitucionales para supervisar periódicamente los centros de trabajo, con la finalidad de evitar la explotación laboral y proteger los derechos humanos de los trabajadores.
Conforme a la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existían al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas y 40 por ciento de ellos son indígenas. Más de la mitad procede de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz; 81 por ciento no concluyó la educación secundaria, lo que los hace más vulnerables a la explotación laboral, y su edad promedio era de 36 años.
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