LA TRAMPA
Por: José Calzada
En toda una trampa se convirtió el veto del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a la Ley de Protección Animal del Estado de Veracruz que pronunció el pasado sábado de acuerdo a sus facultades constitucionales, toda vez de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el Ejecutivo sólo puede realizar observaciones y enviarlas a la Legislatura para que ésta a su vez discuta y someta a aprobación de nueva cuenta el tema en cuestión y se obliga a una aprobación con las dos terceras partes de los diputados, es decir con 34 y no con mayoría simple como se aprobó el pasado 25 de julio, cuando se aprobó la reforma con sólo 25 diputados.
La manera tramposa o al menos ventajosa del Ejecutivo para engatusar a los grupos animalistas e incluso al propio diputado del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Francisco Martínez Martínez que dieron una rueda de prensa para elogiar la bondad del gobernante para vetar las reformas a la ley que promovieron los diputados de su propio partido el PAN, queda desenmascarada en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y que establece que el gobernador sólo puede observar y solicitar al Congreso las modificaciones que se alcanzarán sólo con el voto de las dos terceras partes de los 50 legisladores, es decir, se trata de un proceso largo que no garantiza que se eche abajo la autorización de las peleas de gallos, vaquilladas y corridas de toros.
Los defensores de los derechos de los animales, mordieron el anzuelo y de manera ingenua asistieron a elogiar públicamente al gobernante que en su desesperación por mejorar la calificación pública que no le favorece, recurrió a la argucia de lo legaloide y consiguió engañar a quienes criticaron al PAN por promover la cultura de la violencia, el maltrato animal y los negocios a costa del sufrimiento de seres vivos.
De esa manera se gana tiempo, mientras que se mantiene la vigencia de las reformas que despenalizan el maltrato a los animales y que fomenta la violencia del ambiente de las peleas de gallos, corridas de toros y la barbarie de las mal llamadas tradiciones que no son otra cosa que violencia en contra de indefensos animales.
Por ahora, los grupos defensores de los derechos y la vida de los animales, quedaron conformes con una falsa recomposición de la ley, que en la práctica no se llevará a cabo y que muy pronto se revertirá para el gobierno que no encuentra su rumbo ni satisface la necesidad de cambio que se ofreció en la campaña, mientras que el calendario no se detiene y se cumple el octavo de 24 meses, sin ningún resultado.
En tanto, los defensores de los animales deberán de documentarse mejor para argumentar con mayor determinación e iniciar movimientos de verdadera presión al gobierno complaciente con la defensa de los intereses de un grupo de galleros que se divierten y ganan con la muerte de los gallos de pelea.
La reforma a la Ley de Protección Animal que promovió la penalización de las peleas de gallos, corridas de toros y vaquilladas fue impulsada por el Partido Verde en la LXIII Legislatura y se aprobó en el 2016, en menos de un año, el PAN promovió con éxito la contra reforma y logró aprobarla con tan sólo 25 de los 50 diputados del Congreso.
RECOMPENSAS
El recurso más fácil de la Fiscalía General del Estado de Veracruz es ofrecer recompensas económicas a cambio de información que lleve a la captura de delincuentes, sin embargo, el uso excesivo de ese recurso legal y permitido evidencia la incapacidad de los investigadores de la Fiscalía para realizar su trabajo. Pero no en todos los casos se aplica las recompensas, con los exfuncionarios del gobierno del estado sí dan resultados los investigadores, incluso el ahora gobernador en su calidad de electo, se dedicó a buscar a los delincuentes en otros países y los obligó a aportar información en contra de Javier Duarte de Ochoa.
Pero en los expedientes que impactan de manera directa a la población, la Fiscalía recurre a las recompensas para no ensuciarse las manos con las investigaciones, así sucedió en el último escandaloso crimen de la médico, Elda Domínguez Soyoso, quien fue asesinada en Martínez de la Torre el pasado 7 de agosto dentro de su consultorio y que a pesar de existir pistas, la Fiscalía ofrece un millón de recompensa a quien o quienes ofrezcan información para la captura de los criminales.
La diferencia en la procuración de justicia es muy clara en el actual gobierno, los enemigos políticos y saqueadores de Veracruz son investigados con todos los recursos posibles, incluso con el de la negociación como fue el caso de Édgar Spinosso Carrera que por cierto no cumplió; los expedientes comunes se canalizan a los procedimientos comunes y se turnan a la propia sociedad para que ésta ayude a la autoridad.
Por: José Calzada
En toda una trampa se convirtió el veto del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a la Ley de Protección Animal del Estado de Veracruz que pronunció el pasado sábado de acuerdo a sus facultades constitucionales, toda vez de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el Ejecutivo sólo puede realizar observaciones y enviarlas a la Legislatura para que ésta a su vez discuta y someta a aprobación de nueva cuenta el tema en cuestión y se obliga a una aprobación con las dos terceras partes de los diputados, es decir con 34 y no con mayoría simple como se aprobó el pasado 25 de julio, cuando se aprobó la reforma con sólo 25 diputados.
La manera tramposa o al menos ventajosa del Ejecutivo para engatusar a los grupos animalistas e incluso al propio diputado del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Francisco Martínez Martínez que dieron una rueda de prensa para elogiar la bondad del gobernante para vetar las reformas a la ley que promovieron los diputados de su propio partido el PAN, queda desenmascarada en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y que establece que el gobernador sólo puede observar y solicitar al Congreso las modificaciones que se alcanzarán sólo con el voto de las dos terceras partes de los 50 legisladores, es decir, se trata de un proceso largo que no garantiza que se eche abajo la autorización de las peleas de gallos, vaquilladas y corridas de toros.
Los defensores de los derechos de los animales, mordieron el anzuelo y de manera ingenua asistieron a elogiar públicamente al gobernante que en su desesperación por mejorar la calificación pública que no le favorece, recurrió a la argucia de lo legaloide y consiguió engañar a quienes criticaron al PAN por promover la cultura de la violencia, el maltrato animal y los negocios a costa del sufrimiento de seres vivos.
De esa manera se gana tiempo, mientras que se mantiene la vigencia de las reformas que despenalizan el maltrato a los animales y que fomenta la violencia del ambiente de las peleas de gallos, corridas de toros y la barbarie de las mal llamadas tradiciones que no son otra cosa que violencia en contra de indefensos animales.
Por ahora, los grupos defensores de los derechos y la vida de los animales, quedaron conformes con una falsa recomposición de la ley, que en la práctica no se llevará a cabo y que muy pronto se revertirá para el gobierno que no encuentra su rumbo ni satisface la necesidad de cambio que se ofreció en la campaña, mientras que el calendario no se detiene y se cumple el octavo de 24 meses, sin ningún resultado.
En tanto, los defensores de los animales deberán de documentarse mejor para argumentar con mayor determinación e iniciar movimientos de verdadera presión al gobierno complaciente con la defensa de los intereses de un grupo de galleros que se divierten y ganan con la muerte de los gallos de pelea.
La reforma a la Ley de Protección Animal que promovió la penalización de las peleas de gallos, corridas de toros y vaquilladas fue impulsada por el Partido Verde en la LXIII Legislatura y se aprobó en el 2016, en menos de un año, el PAN promovió con éxito la contra reforma y logró aprobarla con tan sólo 25 de los 50 diputados del Congreso.
RECOMPENSAS
El recurso más fácil de la Fiscalía General del Estado de Veracruz es ofrecer recompensas económicas a cambio de información que lleve a la captura de delincuentes, sin embargo, el uso excesivo de ese recurso legal y permitido evidencia la incapacidad de los investigadores de la Fiscalía para realizar su trabajo. Pero no en todos los casos se aplica las recompensas, con los exfuncionarios del gobierno del estado sí dan resultados los investigadores, incluso el ahora gobernador en su calidad de electo, se dedicó a buscar a los delincuentes en otros países y los obligó a aportar información en contra de Javier Duarte de Ochoa.
Pero en los expedientes que impactan de manera directa a la población, la Fiscalía recurre a las recompensas para no ensuciarse las manos con las investigaciones, así sucedió en el último escandaloso crimen de la médico, Elda Domínguez Soyoso, quien fue asesinada en Martínez de la Torre el pasado 7 de agosto dentro de su consultorio y que a pesar de existir pistas, la Fiscalía ofrece un millón de recompensa a quien o quienes ofrezcan información para la captura de los criminales.
La diferencia en la procuración de justicia es muy clara en el actual gobierno, los enemigos políticos y saqueadores de Veracruz son investigados con todos los recursos posibles, incluso con el de la negociación como fue el caso de Édgar Spinosso Carrera que por cierto no cumplió; los expedientes comunes se canalizan a los procedimientos comunes y se turnan a la propia sociedad para que ésta ayude a la autoridad.
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