La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero precisó que la detención estuvo a cargo la Agencia de Investigación Criminal
De acuerdo con versiones, la detención ocurrió alrededor del mediodía pero el hecho se confirmó por la noche por la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPG), que mediante un comunicado anunció su colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).
“Se cumplió una orden de aprehensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014″, confirmó la SSPG.
La dependencia precisó que la detención estuvo a cargo la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y que será la FGR quien otorgue más información sobre las detenciones.
En el operativo de seguridad también participaron agentes de la Secretaría de Marina de México.
De acuerdo con versiones, los agentes de la Policía Estatal habrían sido detenidos mientras participaban en un curso en las instalaciones de la Universidad Policial (Unipol) en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero.
Tras su detención, los agentes fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la FGR, en donde la vigilancia se mantuvo a cargo de agentes de la Marina y de la AIC, quienes ocuparon vehículos de la misma Policía Estatal.
De la detención de los policías de Iguala, municipio de la región Norte de Guerrero en donde se registraron los hechos en septiembre de 2014, no se dieron detalles.
Trascendió que hay otras órdenes de aprehensión por ejecutar en contra de miembros de las mismas corporaciones en las próximas horas.
En marzo de 2022 fue detenido en Nayarit el militar retirado Leonardo Vázquez Pérez, quien era el secretario de Seguridad Pública de Guerrero durante los hechos de Iguala; la FGR lo acusa de su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, señalada de participar en el ataque de los estudiantes en Iguala.
La polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos. Tiempo después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias.
Mientras que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”, según una nota de The New York Times.
Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con el GIEI, que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario