Repudia RELE de CIDH violencia contra periodistas en México
En un comunicado la oficina instó al Estado mexicano a llevar a cabo investigaciones diligentes y exhaustivas, así como a identificar y sancionar a los responsables. Además, expresó en el mensaje su disposición para dialogar con representantes del gobierno “sobre la grave situación de violencia que enfrentan las y los periodistas en el país”.
“Con preocupación”, la RELE registró el asesinato de los periodistas Enrique Hernández Avilez, Roberto Figueroa, Víctor Morales, Alejandro Martínez Noguez, Mauricio Cruz Solís y Patricia Ramírez González, además el locutor de radio Martín Antonio Olivier Rodríguez.
El homicidio más reciente fue el de Ramírez González, el pasado 30 de octubre, en Colima, Michoacán, y de acuerdo con los informes disponibles, fue atacada con arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento comercial.
Frente a estos hechos, la relatoría hizo énfasis “en que el asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura y no puede ser tolerado en sociedades democráticas. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos crímenes, sancionar a los responsables y garantizar una adecuada reparación a las víctimas”.
Aclaró que de acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato, secuestro, intimidación y amenazas a comunicadores, así como la destrucción de medios, violan los derechos fundamentales y restringen gravemente la libertad de expresión”. Señaló que estos actos generan un efecto de autocensura que inhibe la labor periodística y compromete el derecho de las personas a acceder y compartir información e ideas de toda índole.
A estos crímenes, remarcó que se suman reportes de agresiones, amenazas, secuestros y ataques contra la prensa y sus instalaciones. Sobre ello, reportó el ataque contra el periódico El Debate en Culiacán, Sinaloa, en el que un grupo de individuos dispararon contra las instalaciones, causando daños a varios vehículos, incluyendo dos del medio, y al día siguiente el rotativo informó sobre el secuestro de su repartidor, Sergio Cárdenas Hernández.
La relatoría aseguró que tomó nota de las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes condenaron la agresión y se comprometieron a mejorar la seguridad de los medios y periodistas.
Asimismo, registró el secuestro de Alberto Toledo, hijo del periodista Marco Antonio Toledo, ocurrido la noche del 29 de octubre pasado en Taxco, Guerrero, y que duró alrededor de nueve horas. Según reportes públicos, el periodista y su familia habían sido secuestrados previamente en noviembre del año pasado.
Además de estos hechos, aseguró que periodistas y comunicadores el han informado directamente “sobre deficiencias en la efectividad de las medidas de protección asignadas, así como las debilidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
“Este conjunto de factores ha generado una sensación generalizada de temor, inseguridad y desprotección entre las y los profesionales de la prensa, lo que en muchos casos los ha llevado a autocensurarse, exiliarse o abandonar su profesión. Esto, a su vez, ha contribuido a la formación de zonas de silencio informativo en el país”, señaló.
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