Titular de SSP no sabe cuántos elementos de la Fuerza Civil aprobaron pruebas de control y confianza, pero si sabe culpar al pasado de sus fracasos

Cómo andará la seguridad en Veracruz que ni el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, sabe cuántos elementos policiacos de la extinta Fuerza Civil aprobaron las pruebas de control y confianza, además de que reconoció que apenas el 43 por ciento de los 2 mil 244 elementos de esa corporación han sido sometidos a evaluaciones. En el marco de su comparecencia ante el Congreso local, el secretario reconoció que estos procesos quedarán como un pendiente – uno de tantos, faltaba más – para la próxima administración de la gobernadora electa Rocío Nahle. Al responder a cuestionamientos de la diputada panista Indira Rosales San Román sobre los resultados de las evaluaciones, Zúñiga Bonilla se limitó a señalar que los elementos que no las aprueban son dados de baja. “El personal que no aprobó los exámenes de control y confianza es remitido a Asuntos Internos, donde se abre una carpeta de investigación. Posteriormente, la Comisión de Honor y Justicia determina la sanción correspondiente. En caso de no aprobar el examen, la consecuencia es la separación definitiva, ya que es un requisito de permanencia”, explicó. Con relación a los hechos en Totalco, Perote, donde dos campesinos fueron abatidos por elementos de la Fuerza Civil, Zúñiga Bonilla informó que hasta ahora hay cuatro agentes detenidos, cuyas situaciones jurídicas están en proceso de definición. De igual forma, señaló que han colaborado con las fiscalías estatal y federal en las investigaciones. Con relación a la extinción de la Fuerza Civil, dijo que sus elementos fueron reasignados para atender contingencias, como las inundaciones en el sur del estado, donde participan en el Plan Tajín. Según el secretario, los efectivos han recibido capacitación en grupos semanales antes de integrarse a la Dirección de Proximidad, enfocada en actividades de apoyo a la sociedad civil. Por su parte, la diputada Indira Rosales cuestionó al secretario por utilizar su comparecencia para “autoelogiarse”, mientras Veracruz enfrenta altos índices delictivos. “Veracruz ocupa el primer lugar nacional en secuestros, segundo en extorsión y tercero en robo con violencia a comercios. No se puede venir a vanagloriarse cuando los veracruzanos viven en un estado inseguro”, expresó. En respuesta, Zúñiga Bonilla afirmó que los datos sobre incidencia delictiva provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “No podría negar que ocurran eventos delictivos, pero se ha hecho un gran esfuerzo por reducirlos”, aseguró. El titular de la SSP también admitió una disminución de al menos 500 elementos entre 2023 y 2024. Explicó que esta reducción responde a sanciones, bajas voluntarias y despidos relacionados con casos de corrupción, como la solicitud de “moches”. “El año pasado éramos poco más de 7 mil elementos, pero tras un análisis identificamos deficiencias en el comportamiento de algunos agentes. Esto nos llevó a priorizar la recapacitación”, dijo. Según su informe, actualmente la corporación cuenta con 6 mil 500 efectivos. Sobre la denuncia de Mayra Vanessa Osorio, ex trabajadora de la SSP, quien acusó a funcionarios de presionarla para firmar documentos relacionados con un presunto desvío de cinco millones de pesos, Zúñiga Bonilla desestimó el caso calificándolo como un “tema mediático”. “No hay indicios de desvío, se revisó la situación y no se encontró irregularidad alguna. Las acusaciones obedecen a una inconformidad por su separación del cargo”, concluyó.