Internos podrán obtener apoyo económico para salir de prisión en Edomex

 El Gobierno del Edomex destinará 15 millones para liberar a personas privadas de la libertad que no puedan pagar reparación del daño; apoyará con hasta 300 mil pesos a internos y excluye feminicidas y secuestradores

El Gobierno del Estado de México puso en marcha un nuevo Fondo de Reparación del Daño con una bolsa inicial de 15 millones de pesos para apoyar económicamente a personas privadas de la libertad que no cuentan con recursos para cubrir el pago de reparación del daño a víctimas y que, por esa razón, no pueden acceder a beneficios legales para recuperar su libertad. 

El programa será operado por el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, contempla apoyos de hasta 300 mil pesos por persona y excluye a quienes hayan sido sentenciados por delitos graves como feminicidio, secuestro, delincuencia organizada o violencia familiar.

Los lineamientos del programa fueron publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y establecen que el recurso podrá utilizarse únicamente para cubrir pagos de reparación del daño ordenados por jueces, cuando la persona privada de la libertad yacumpla con los requisitos legales para acceder a beneficios como libertad anticipada, preliberación, libertad condicionada, amnistía, procedimiento abreviado, remisión parcial de la pena o incluso libertad por cumplimiento de condena, pero tenga pendiente exclusivamente el pago económico a la víctima.

¿Quiénes podrán acceder?

De acuerdo con el documento, el Fondo está dirigido a personas recluidas en centros penitenciarios mexiquenses que acrediten no contar con recursos suficientes ni con una red de apoyo familiar que pueda ayudarles a cubrir la sanción económica. 

Es por ello que el Instituto de la Defensoría Pública realizará estudios socioeconómicos y de trabajo social que permitan comprobar la condición de vulnerabilidad de cada solicitante.

El mecanismo también podrá ser utilizado por personas que cuenten con defensa privada, siempre y cuando el abogado acredite que brinda el servicio de manera gratuita y exista coordinación con las direcciones regionales de la Defensoría Pública para integrar el expediente correspondiente.

Habrá revisión

El decreto establece que el apoyo económico no será universal y que cada solicitud deberá pasar por la revisión y aprobación de un Comité Técnico especializado, encargado de analizar la viabilidad de cada caso. Dicho órgano estará integrado por autoridades de la Consejería Jurídica, áreas administrativas del Instituto de la Defensoría Pública y representantes del Órgano Interno de Control.

Entre los delitos excluidos del beneficio se encuentran feminicidio, secuestro, desaparición forzada, trata de personas, delitos sexuales, delincuencia organizada, delitos contra menores, violencia familiar, fraude, abuso de autoridad, abuso de confianza e incumplimiento de obligaciones alimentarias.