LA FISCALÍA DEL EDOMEX: FÁBRICA DE CULPABLES Y BRAZO POLÍTICO DE MORENA

• Mientras los verdaderos delincuentes extorsionan con armas largas, la FGJEM encarcela a quienes denuncian

La indignación social crece y la paciencia ciudadana se agotó. En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia mexiquense parece haberse convertido en una maquinaria de fabricación de delitos, donde las carpetas de investigación se construyen a conveniencia política y no para combatir al crimen real que mantiene secuestradas amplias zonas de la entidad.

El caso del líder de comerciantes de Los Reyes La Paz, Juan Cerda Cerón, es hoy el ejemplo más brutal de cómo la justicia mexiquense presuntamente opera para proteger intereses políticos y castigar a quienes se atreven a denunciar. 

Su “delito” fue levantar la voz. Fue denunciar públicamente que desde el pasado 10 de diciembre de 2025 un grupo armado comenzó a cobrar derecho de piso a comerciantes de la avenida Morelos, exigiendo cuotas diarias de entre 300 y 400 pesos para permitirles trabajar. 

Sujetos armados con cuernos de chivo llegaron a sembrar terror mientras las autoridades municipales guardaban silencio.

De acuerdo con las denuncias, tanto la alcaldesa morenista Martha Guerrero como su esposo y operador político, Tranquilino Lagos Buenabad, tuvieron conocimiento inmediato de los hechos. 

Según comerciantes, pidieron que el tema no se hiciera público bajo la promesa de “encargarse del asunto”. Nunca ocurrió. Por el contrario, la extorsión continuó avanzando.

Hasta hoy, aseguran comerciantes, muchos siguen pagando cuotas criminales para poder trabajar en paz, pero tienen miedo a denunciar, a quienes presuntamente controlan la extorsión, Rosalía Mirafuentes, Rogelio Méndez y a Axel Villaseñor. 

Y mientras el terror se normalizó en las calles, ante la mira cómplice de Marta Guerrero y su esposo, las autoridades optaron por perseguir al denunciante y no a los extorsionadores.

LA SECUENCIA RESULTA ESCANDALOSA

Después de denunciar públicamente la presencia del grupo delictivo mediante una conferencia de prensa, Juan Cerda fue detenido. 

Primero intentaron imputarle un supuesto asalto a mano armada. Sin embargo, la acusación no pudo sostenerse ante un juez de los juzgados Neza-Bordo, quien ordenó su liberación inmediata.

Pero antes de recuperar su libertad, la Fiscalía mexiquense le fabricó una nueva carpeta de investigación, ahora por el delito de extorsión. Es decir: quien denunció a extorsionadores terminó acusado de extorsión.

La contradicción exhibe el nivel de degradación institucional que atraviesa la procuración de justicia en el Estado de México. Ministerios públicos convertidos en operadores políticos, carpetas utilizadas como armas de persecución y una fiscalía más ocupada en encarcelar incómodos que en enfrentar a los verdaderos grupos criminales.

Mientras tanto, diversos señalamientos ciudadanos e investigaciones periodísticas han apuntado hacia presuntos nexos entre Tranquilino Lagos Buenabad y el grupo conocido como “Sindicato 22 de Octubre”, organización a la que presuntamente se le habría entregado el control de pozos, distribución y venta de agua en Los Reyes La Paz.

Habitantes denuncian desde hace meses que el suministro de agua se utiliza como mecanismo de control político: a quien no simpatiza con Morena se le castiga restringiéndole el servicio o vendiéndole el agua a precios imposibles de pagar.

Sin embargo, pese a la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía encabezada por José Luis Cervantes Martínez no ha mostrado interés alguno en investigar.

Ni cateos. Ni operativos. Ni carpetas espectaculares. Ni conferencias triunfalistas. Nada convence a la ciudadanía porque saben que la institución que encabeza Cervantes Martínez esta al servicio de Morena.

Solo basta con que alguien critique al régimen o exhiba públicamente el avance criminal en municipios gobernados por Morena para que la maquinaria judicial se active de inmediato.

La pregunta ya no es si existe independencia en la Fiscalía mexiquense. La pregunta es cuánto tiempo más seguirá utilizándose la institución como herramienta de intimidación política.

Porque mientras José Luis Cervantes Martínez persigue comerciantes, activistas y ciudadanos incómodos, colectivos enteros siguen denunciando que cientos de inocentes permanecen encarcelados mediante expedientes fabricados.

Ahí está el caso del colectivo “Haz Valer Mi Libertad”, que este miércoles cumple 63 días de plantón frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, exigiendo diálogo y revisión de casos que consideran plagados de irregularidades y violaciones a derechos humanos.

Familias enteras sobreviven afuera de la Fiscalía esperando justicia, mientras recuerdan que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez prometió públicamente revisar esos expedientes desde mayo de 2024. Sin embargo, nada ha cambiado.

También exigen la intervención del magistrado presidente del Poder Judicial mexiquense, Héctor Macedo García, para retomar las mesas del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y revisar procesos contaminados por irregularidades.

Incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha advertido violaciones graves en diversos expedientes de amnistía analizados durante meses. Pero las alertas institucionales parecen no importarle a los poderosos de Morena y de la Fiscalía mexiquense. 

Ni las protestas. Ni los plantones. Ni las denuncias públicas. Ni las investigaciones periodísticas. Ni las familias destruidas. Nada importa. 

La Fiscalía mexiquense sigue operando bajo el mismo patrón: fabricar culpables rápidos para simular eficiencia, mientras el crimen organizado se fortalece en las calles.

EL CASO DE JUAN CERDA CERÓN RESUME EL TAMAÑO DE LA CRISIS

En el Estado de México, denunciar criminales puede llevarte a prisión. Guardar silencio parece ser la única garantía de libertad.

Y mientras eso ocurre, la ciudadanía sigue pagando el costo de una fiscalía rebasada, desacreditada y cada vez más señalada de actuar al servicio del poder político y no de la justicia.