Indocumentados pierden la fe de entrar a EU y se quedan en Ciudad Juárez donde son extorsionados hasta por autoridades

 Ante endurecimiento de políticas migratorias de Donald Trump miles de indocumentados perdieron la esperanza de entrar a Estados Unidos y se quedaron en Ciudad Juárez.

Es un proceso que enfrentan con nuevos obstáculos: no tienen documentos para solicitar empleo formal, registrar a sus hijos en las escuelas o ser atendidos en los centros de salud del estado, donde además sufren discriminación. Sin embargo, con frecuencia se ve en las calles de esta urbe a indocumentados que han obtenido trabajo como repartidores de aplicación en motocicleta.

No sólo han sufrido accidentes de tránsito, también la extorsión de policías municipales, que dependen del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, surgido de Morena. “Andan detrás de ellos como zopilotes para quitarles el dinero.

Son repartidores, porque ¿dónde más pueden entrar a trabajar? Y los policías los andan cazando, literalmente”, lamenta Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, que atiende diariamente en la Catedral a 800 extranjeros –incluidos niños– con comida, atención médica y despensas.

El ministerio cuenta con dos programas fundamentales: uno económico, dedicado a mujeres para que aprendan a bordar, y otro de servicio médico y mental. La doctora Leticia Chavarría, quien tiene a su cargo la atención de salud, detalla: “hay gente que viene muy lastimada y requiere más sesiones de terapia.

La mayoría ha sufrido procesos de violencia en sus países de origen, pero sobre todo en el trayecto. Hay quienes salen huyendo por amenazas de los grupos delincuenciales o porque fueron violentados por el mismo Estado”, destaca.

El servicio incluye terapia para asimilar que después del difícil trayecto de meses, no podrán entrar al país vecino y asumir que tampoco podrán regresar y tendrán que quedarse en Juárez.

Héctor Padilla Delgado, ex delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), explica que no hay una estrategia de gobierno para atender a los indocumentados, a diferencia del proceso que se dio a partir de 2018, con el arribo de las caravanas, cuando incluso los empresarios se involucraron en la ayuda.

“Hoy el tema de la presencia de migrantes tiene que ver no tanto con el flujo, sino con necesidades de atención inmediata, humanitaria, diseñada para una espera más prolongada”, ante la expectativa de un eventual cambio en la política de Trump. Por lo pronto, explica, quienes no pudieron ingresar a Texas han redefinido su proyecto de movilidad.

“De la gente que estaba de paso, alguna encuentra empleo y se queda, y esto tiene una implicación directa para sus familias y amigos, porque se difunde la idea de ‘acá no es Estados Unidos, pero te puedes quedar’.

Y esto influye en posteriores procesos de llegada.” Refiere que no sólo continúa el arribo de migrantes de Centro y Sudamérica, también de mexicanos que regresan de Estados Unidos de forma voluntaria o fueron expulsados.

Cita que según datos oficiales de la Patrulla Fronteriza, entre octubre de 2018 y marzo de 2019, esa corporación detuvo a más de 25 mil 700 familias en El Paso, con una aprehensión de 530 personas al día.

Cristina Coronado define que los migrantes expulsados o que no pudieron ingresar Estados Unidos se asentaron en Ciudad Juárez, y compara este fenómeno como “lo que queda en un colador”.

Insiste en que el ministerio reforzó sus programas y abrió otros –como el de bordado– para acompañarlos y atender su integración “en una ciudad violenta, desordenada, con políticos peleándose por el poder, la mafia dominando… es tremendo, porque los migrantes están expuestos a todos estos abusos, y entre 2023 y 2025 se dispararon los secuestros. Era una locura”.