Ya van 31 detenidos en este sexenio por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 Entre las aprehensiones destacan la de un militar –que se suma a los 16 que ya habían sido arrestados y vinculados a proceso en la pasada administración federal–, nueve ex policías municipales y siete ex servidores públicos, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

El gobierno federal informó que durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se han detenido a 31 personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El reporte fue presentado por autoridades federales en el marco del 12 aniversario de los hechos.

Entre las detenciones destacan nueve expolicías municipales, ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, siete exservidores públicos, dos empresarios y cuatro civiles. La aprehensión más relevante es la del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, capturado el 5 de agosto de 2026 en Tepotzotlán, Estado de México, y recluido en el penal del Altiplano acusado de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, por presuntamente ordenar la destrucción de videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala la noche de los hechos.

También fueron detenidas Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca Estrada, exvisitadora de esa institución, quienes colaboran con la Fiscalía General de la República. Además, fue capturado Rodolfo Rueda, propietario de la funeraria “El Ángel”, junto con tres miembros de su familia, como parte de una nueva línea de investigación que vincula a la funeraria y al Servicio Médico Forense de Iguala con la desaparición.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, detallaron que el reanálisis de llamadas telefónicas de la noche del 26 de septiembre de 2014 permitió identificar a 17 personas que no habían sido investigadas y establecer vínculos entre funcionarios, policías y el grupo criminal Guerreros Unidos.