martes, 16 de abril de 2013

Aprueban diputados modificaciones a Ley General de Víctimas

Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 448 votos a favor y tres abstenciones el dictamen que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y se modifica el Código Federal de Procedimientos Penales.
Con ello se da paso a la creación del Registro Nacional de Víctimas, por lo que se le deberá asignar el presupuesto suficiente para el ejercicio fiscal de 2014.
Al fundamentar el dictamen de la minuta, el presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, planteó que con la reforma a la Ley General de Víctimas se busca resarcir los derechos de los miles de mexicanos víctimas de la delincuencia organizada.
Expuso que desde hace varios años el Estado mexicano se ha colocado a la vanguardia en el reconocimiento de la preminencia de los derechos de las personas por encima de cualquier ente, órgano o institución.
El legislador enfatizó que esa tendencia es producto de un renovador estilo de pensamiento orientado e influenciado, sin duda, por las tendencias provenientes de las experiencias del derecho procesal y del derecho penal nacional e internacional.
Externó que el reconocimiento de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos o del delito previsto en los artículos 17 y 20 de la Constitución es la prueba de esa evolución de las tendencias normativas referentes a esos derechos de las víctimas y ofendidos, especialmente en lo que se refiere a la reparación del daño.
Pacheco Rodríguez indicó que, no obstante, el reconocimiento de esas garantías sólo a nivel constitucional pudiese quedar en una declaración, de la primera importancia, pero en una declaración.
De ahí que "los derechos de las víctimas previstos en la Constitución deben complementarse en estricta congruencia en esa Ley Reglamentaria en la que de manera efectiva se otorgue el respeto y la aceptación a los derechos de las víctimas".
Explicó que los notables avances que incorpora esta ley se encuentran en varios aspectos, pues se emplea una noción amplia de víctima en la quedan incluidos quienes sufren las consecuencias de la delincuencia.
Puntualizó que la noción se construye en la ley desde dos semblantes: en uno, previsto en el Artículo 4, se considera como víctima a todo aquel que haya sufrido un daño físico-moral, físico o mental en sus bienes jurídicos o derechos ya sea en la forma directa a su persona o de manera indirecta.
En otro semblante se encuentra la noción de daño, (Artículo 6), con lo cual se da en consideración de la lesión corporal, moral o material, la pérdida de la vida o de ingresos y los costos que esto tenga para la víctima. En la ley se incorpora la noción de reparación integral, subrayó el legislador del Revolucionario Institucional.
Con base en dicha ley se crea el Sistema Nacional de Atención de Víctimas. Es decir, explicó, la reforma pretende reivindicar los derechos de miles y miles de ciudadanos mexicanos que lo requieren.
Al fijar la postura del Partido Acción Nacional (PAN), Karina Labastida Sotelo externó que el ejercicio de la autoridad tiene por fin la realización del bien común que intrínsecamente implica la justicia, la seguridad, la defensa del interés colectivo, el respeto y la protección a la dignidad de cada uno de los mexicanos.
"Hoy se está fortaleciendo el sistema jurídico de protección a las víctimas del delito", dijo y precisó que esa legislación tiene por objeto garantizar los derechos humanos, en especial el derecho de atención, de protección, de restitución del daño y todos los demás consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de que México es parte.
Reconoció que toda legislación es perfectible, por lo que, a su juicio, las reformas que se realizan a la reciente expedida Ley de Víctimas solventan algunas de las deficiencias que en su momento se hicieron notar.
Además "destacamos la necesidad de contar con un marco jurídico integral que complemente la protección de las víctimas del delito".
Señaló que por ello es necesario continuar llevando a cabo acciones que permitan, además de atender a las víctimas, erradicar la violencia que genera la comisión de delitos.
"Desde acciones preventivas hasta la aplicación de la ley sin impunidad, exigiendo a los gobiernos locales que atiendan efectivamente el problema de la inseguridad pública y persigan de manera contundente a las organizaciones delictivas que operan en sus estados y municipios", enfatizó.
Labastida Sotelo expuso que es obligación de los tres órdenes de gobierno poner alto a la impunidad con que opera la delincuencia organizada. Sólo así, dijo, "lograremos proteger la integridad de las personas y devolveremos la tranquilidad a la sociedad".
Dijo que los legisladores de Acción Nacional tienen claro que un juicio expedito, una pena proporcional al daño causado y el cumplimiento de una sentencia de quien ha visto afectados sus derechos son la mejor retribución que una víctima puede tener, y no solamente ella, sino toda la sociedad.
A nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI) intervino la diputada María del Rocío Corona Nakamura, quien planteó que esa ley y la reforma que el Senado de la República envió al Palacio Legislativo de San Lázaro es resultado del reclamo legítimo de justicia por parte de la sociedad civil organizada.
"Coincidimos en la urgencia de restañar en lo posible las profundas heridas causadas y en corregir lo necesario para el combate a la delincuencia organizada que no dañe más nuestro tejido social dejándole cicatrices imborrables, hartazgo, miedo y dolor", indicó.
Señaló que "hoy los diputados del PRI tenemos claro que no existe motivo de celebración, sino la ocasión de saldar una deuda pendiente con la sociedad mexicana, sin más obstáculos y postergaciones".
En su oportunidad Margarita Tapia Fonllem, del PRD, consideró que las reformas aprobadas constituye un reconocimiento de la realidad negada a los familiares de miles de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas como resultado de la guerra contra el narcotráfico.
La Crónica de Hoy

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