Ciudad de México.- Un total de 70 artículos servirán como base para crear la Ley General del Servicio Profesional Docente a fin de administrar el desempeño laboral de los trabajadores de la educación dedicados a la docencia en México.
Sin embargo, legisladores que integran la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados consideraron que el trato que propone la Secretaría de Educación Pública “es rudo, similar al que tienen los policías federales”.
“El ingreso al servicio docente en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias”, señala el capítulo número tres del texto al que 24 HORAS tuvo acceso.
Así, para que un profesor pueda ocupar una plaza docente en Educación Básica o Media Superior, primero tendrá que ocupar un nombramiento Inicial donde el docente estará sujeto a un periodo de inducción -que tendrá una duración de tres años ininterrumpidos- y será acompañado de un tutor.
“Durante este periodo de inducción las autoridades educativas y los organismos descentralizados realizarán al menos una evaluación cada año y brindarán los apoyos pertinentes para fortalecer las capacidades del docente con Nombramiento Inicial”, señala el documento en su artículo 20.
Al terminar los tres años, la autoridad educativa evaluará al profesor para determinar, si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos, y si cumple con las exigencias propias de la función docente cita este documento.
“El personal que incumpla el periodo de inducción, con la obligación de evaluación o cuando en ésta se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo”, precisa el documento.
Los legisladores dijeron que este proyecto -cuya autoría proviene de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la cual está por presentarse en el Senado-, establece una ley de carácter administrativo, fuera de la idea central que es la de profesionalizar a los integrantes del gremio educativo.
“Cuando un profesor desee ser incluido en este sistema, la autoridad federal se desentenderá de cualquier compromiso laboral y será despedido” explicó el diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD) quien preside la Comisión legislativa.
Vega Membrillo agregó que hay profesores inconformes con esta propuesta en Chiapas, Tabasco, Colima, Morelos, Guerrero y estado de México, lugares a los que ha visitado.
Sin embargo, legisladores que integran la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados consideraron que el trato que propone la Secretaría de Educación Pública “es rudo, similar al que tienen los policías federales”.
“El ingreso al servicio docente en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias”, señala el capítulo número tres del texto al que 24 HORAS tuvo acceso.
Así, para que un profesor pueda ocupar una plaza docente en Educación Básica o Media Superior, primero tendrá que ocupar un nombramiento Inicial donde el docente estará sujeto a un periodo de inducción -que tendrá una duración de tres años ininterrumpidos- y será acompañado de un tutor.
“Durante este periodo de inducción las autoridades educativas y los organismos descentralizados realizarán al menos una evaluación cada año y brindarán los apoyos pertinentes para fortalecer las capacidades del docente con Nombramiento Inicial”, señala el documento en su artículo 20.
Al terminar los tres años, la autoridad educativa evaluará al profesor para determinar, si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos, y si cumple con las exigencias propias de la función docente cita este documento.
“El personal que incumpla el periodo de inducción, con la obligación de evaluación o cuando en ésta se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo”, precisa el documento.
Los legisladores dijeron que este proyecto -cuya autoría proviene de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la cual está por presentarse en el Senado-, establece una ley de carácter administrativo, fuera de la idea central que es la de profesionalizar a los integrantes del gremio educativo.
“Cuando un profesor desee ser incluido en este sistema, la autoridad federal se desentenderá de cualquier compromiso laboral y será despedido” explicó el diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD) quien preside la Comisión legislativa.
Vega Membrillo agregó que hay profesores inconformes con esta propuesta en Chiapas, Tabasco, Colima, Morelos, Guerrero y estado de México, lugares a los que ha visitado.
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