México, D.F.- El gobierno mexicano prevé impulsar una reforma constitucional que otorgue autonomía a los pueblos indígenas para 2014, cuando se cumplen 20 años del levantamiento armado de la guerrilla zapatista EZLN, dijo el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México Jaime Martínez Veloz.
"Tengo confianza de que 2014 será el año de la reforma indígena y que se sienten las bases para la conducción de una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos originarios", declaró.
Los indígenas siguen siendo la población más pobre del país y en la última década han vivido el mayor saqueo de recursos naturales de su historia, por lo que la iniciativa busca darles instrumentos para que decidan sobre sus propios recursos, afirmó Martínez Veloz.
En un primer paso, el 12 de diciembre pasado el gobierno publicó en el diario oficial el compromiso de "armonizar la legislación" con la declaración de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, que contempla la autonomía de estas comunidades.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, que asumió la presidencia este año por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), trata de responder al frustrado acuerdo de paz de San Andrés Larráinzar, firmado en 1996 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), señala el comisionado.
En 2001 el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional que reconocía mayores derechos a los pueblos indígenas pero, bajo el argumento de evitar una supuesta "balcanización o fragmentación del país", se negó a legislar para reconocer la autonomía de los pueblos originarios, una demanda fundamental del EZLN, que se levantó en armas el 1 de enero de 1994 para reclamar los derechos de los indígenas mexicanos.
Esta negativa llevó al EZLN a suspender el diálogo y a crear en 2003 de manera unilateral las llamadas Juntas de Buen Gobierno en los municipios autónomos que están bajo su influencia en el empobrecido e indígena estado de Chiapas (sureste).
Las políticas implementadas en estos 19 años no han dado resultados, reconoce Martínez Veloz, que lamenta que en ese periodo el gobierno haya entregado a las mineras nacionales e internacionales concesiones en 96 millones de hectáreas, generando enormes tensiones con las comunidades indígenas.
"En 310 años se produjeron en México 190 toneladas de oro", mientras que de "2000 a 2010 se produjeron 410 toneladas" sin que las empresas pagaran regalías y una renta justa por la tierra a las comunidades, expone el funcionario.
Martínez Veloz defiende el esfuerzo "digno" que los zapatistas han hecho con las Juntas de Buen Gobierno para mejorar las condiciones de educación y salud de su población y considera que el único responsable de la situación de pobreza de las comunidades autóctonas es el Estado mexicano.
"Tengo confianza de que 2014 será el año de la reforma indígena y que se sienten las bases para la conducción de una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos originarios", declaró.
Los indígenas siguen siendo la población más pobre del país y en la última década han vivido el mayor saqueo de recursos naturales de su historia, por lo que la iniciativa busca darles instrumentos para que decidan sobre sus propios recursos, afirmó Martínez Veloz.
En un primer paso, el 12 de diciembre pasado el gobierno publicó en el diario oficial el compromiso de "armonizar la legislación" con la declaración de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, que contempla la autonomía de estas comunidades.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, que asumió la presidencia este año por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), trata de responder al frustrado acuerdo de paz de San Andrés Larráinzar, firmado en 1996 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), señala el comisionado.
En 2001 el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional que reconocía mayores derechos a los pueblos indígenas pero, bajo el argumento de evitar una supuesta "balcanización o fragmentación del país", se negó a legislar para reconocer la autonomía de los pueblos originarios, una demanda fundamental del EZLN, que se levantó en armas el 1 de enero de 1994 para reclamar los derechos de los indígenas mexicanos.
Esta negativa llevó al EZLN a suspender el diálogo y a crear en 2003 de manera unilateral las llamadas Juntas de Buen Gobierno en los municipios autónomos que están bajo su influencia en el empobrecido e indígena estado de Chiapas (sureste).
Las políticas implementadas en estos 19 años no han dado resultados, reconoce Martínez Veloz, que lamenta que en ese periodo el gobierno haya entregado a las mineras nacionales e internacionales concesiones en 96 millones de hectáreas, generando enormes tensiones con las comunidades indígenas.
"En 310 años se produjeron en México 190 toneladas de oro", mientras que de "2000 a 2010 se produjeron 410 toneladas" sin que las empresas pagaran regalías y una renta justa por la tierra a las comunidades, expone el funcionario.
Martínez Veloz defiende el esfuerzo "digno" que los zapatistas han hecho con las Juntas de Buen Gobierno para mejorar las condiciones de educación y salud de su población y considera que el único responsable de la situación de pobreza de las comunidades autóctonas es el Estado mexicano.
La Jornada
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