Violencia ambiental, otro golpe a la economía

Ciudad de México.- La violencia e inseguridad que se vive en México no sólo ha dejado en siete años más de 120 mil mexicanos muertos, unos 40 mil desaparecidos, además de decenas de miles de desplazados y huérfanos, cifras por las que organizaciones internacionales comparan la guerra del país con las que padecen naciones como Siria, Afganistán, Irak y Sudán, por mencionar algunas de las más cruentas. Como si la tragedia humana no fuera suficiente, la guerra también le ha costado a México años de atraso en su desarrollo por el enorme deterioro que ha sufrido la economía. El Institute for Economics and Peace, un centro de investigación fundado en Australia, planteó en enero pasado que si bien la calificación de México en su Índice de Paz ha mejorado, los costos económicos de la violencia en México son devastadores: 27.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significan 333 mil 500 millones de dólares al año. Lo que es lo mismo: la Organización No Gubernamental (ONG) expuso que el impacto económico total de la violencia es equivalente a 37 mil pesos ( o 3 mil dólares) por cada mexicano. Pero, además, hay otra forma de violencia que le está costando muy cara al país y que implica aún más rezago: la del deterioro ambiental. Apenas ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) planteó que el costo económico que México debería asumir por daños ambientales equivale a 6.3 por ciento del PIB a precios de mercado en 2012, pues los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en ese año fueron de 985 mil 064 millones de pesos. Esos costos, explicó, reflejan los gastos que tendría que hacer la sociedad para prevenir o remediar la disminución y pérdida de recursos naturales, así como el deterioro del medio ambiente, que son producto de la falta de políticas públicas para preservar los recursos naturales pero, en particular, de la corrupción de funcionarios que se coluden con empresarios y grupos criminales para devastar lo mismo en zonas urbanas que rurales. La ineficiencia del sistema de justicia, que cada año también reporta más y más deterioro en el país, no sólo es la que ha permitido el repunte de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones. También propicia, con sobornos y ventas de licencias –por decir lo menos– las invasiones de terrenos; la tala indiscriminada de bosques; la contaminación de los mantos acuíferos y del aire; la construcción de hoteles, centros comerciales y parques residenciales en reservas naturales y únicas; el contrabando de especies animales que dañan ecosistemas, etcétera. La procuración imparcial de la justicia y la corrupción son, insistimos, los más grandes retos que enfrenta el país. Diversos indicadores coinciden en que nueve de cada 10 mexicanos percibe que la policía y los burócratas de los gobiernos federal, estatal y municipal son corruptos. Si la inseguridad tiene todos los ojos de la Nación puestos encima, no se debe dejar pasar que la violencia ambiental también nos está dejando un negro futuro, y ahí el nivel de opacidad es aún más alto pues, al menos en México, no hemos visto ni a funcionarios ni a empresarios ni a industriales detenidos o cesados o ni siquiera multados por atentar contra los recursos naturales. Es un tema extenso pero que debería tener grado de prioridad, pues se trata ni más ni menos que del futuro, ya de por sí complejo, de las generaciones presentes y de las que están por venir.

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