Ciudad de México.- Urgen a instalación de medidas de seguridad y protección para salvaguardar la integridad y el ejercicio periodístico de informadores de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales que cubren la situación de violencia por la que atraviesa Guerrero.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), la Red Nacional de Periodistas (RNP) y Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), demandan al Estado mexicano y a las autoridades estatales de Guerrero dichas condiciones. "El gremio periodístico en Guerrero necesita de nuestra atención debido a que su labor está enfocada en hacer visible la situación de violencia e inseguridad y es esa misma situación la que ha condicionado y vulnerado al periodismo," destacan las agrupaciones.
De manera particular, los grupos defensores de la libertad de expresión señalan que "el terror y el miedo generalizado" en el caso de las compañeras impide salir a cubrir a ciertas horas o zonas, "la detención y encañonamiento por parte de un grupo armado de policías federales a una caravana de periodistas que se dirigía a cubrir la localización de osamentas en el municipio de Cocula, la censura y el bloqueo a la información por parte de servidores públicos son un claro ejemplo del nivel de riesgo y los tipos de violencia al que el periodismo se enfrenta día con día."
Éste contexto "exacerbado de violencia", se intensifico tras las agresiones en Iguala en contra de estudiantes que dejaron seis personas más muertas y 25 fueron heridas, además de que se reporta la desaparición de 43 normalistas rurales, por parte de elementos de la policía municipal quienes "hicieron uso excesivo de la fuerza y presuntamente entregaron a los 43 jóvenes detenidos al grupo delictivo."
La situación de violencia que ha prevalecido en el Estado se demuestra en antecedentes como la matanza de 17 campesinos en el municipio de Aguas Blancas en 1995, en el que policías dispararon en contra de ellos cuando se dirigían a un mitin para exigir mejoras a su comunidad; la masacre de la madrugada del 7 de junio de 1998 en la comunidad indígena del Charco en el municipio de Ayutla de Los Libres, cuando el Ejército Federal rodeo, disparo y lanzó 2 granadas de fragmentación a una escuela primaria en donde se llevaría a cabo una asamblea comunitaria, dando como resultado 11 muertos, 5 heridos y 22 detenidos que fueron torturados durante 2 días en la 9ª Región Militar, recapitulan las agrupaciones.
"La ineficacia, la acción u omisión y las irregularidades en las investigaciones de las autoridades han sido una constante alrededor de estos hechos, ante esta situación el descontento social se ha incrementado. La situación de inseguridad ha desatado una crisis de ingobernabilidad que afecta y vulnera drásticamente el ejercicio periodístico; mujeres periodistas en Guerrero han expresado la situación sumamente preocupante y peligrosa para la realización del ejercicio periodístico, la forma en la que el miedo se ha convertido en la constante y como en contextos de extrema violencia su integridad se ve doblemente vulnerada," agregan.
CIMAC ha registrado de 2012 a 2013 seis casos de violencia contra mujeres periodistas que cubrían la fuente de política y seguridad en Guerrero quienes han sido violentadas por medio de amenazas para que dejaran de investigar, estas situaciones dejan ver las nulas condiciones para ejercer la libertad de expresión y el acceso a la información que deja a la sociedad desprotegida y por lo tanto genera un daño en el tejido social; en este contexto, las agrupaciones hacen un llamado enérgico a las autoridades federales, estatales y municipales así como a los organismos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra periodistas, exhortamos también a servidores públicos y específicamente a las áreas de comunicación social generen las condiciones idóneas y permitan el acceso a los medios informativos, finaliza, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, una red integrada por periodistas mujeres y varones de 35 países del mundo.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), la Red Nacional de Periodistas (RNP) y Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), demandan al Estado mexicano y a las autoridades estatales de Guerrero dichas condiciones. "El gremio periodístico en Guerrero necesita de nuestra atención debido a que su labor está enfocada en hacer visible la situación de violencia e inseguridad y es esa misma situación la que ha condicionado y vulnerado al periodismo," destacan las agrupaciones.
De manera particular, los grupos defensores de la libertad de expresión señalan que "el terror y el miedo generalizado" en el caso de las compañeras impide salir a cubrir a ciertas horas o zonas, "la detención y encañonamiento por parte de un grupo armado de policías federales a una caravana de periodistas que se dirigía a cubrir la localización de osamentas en el municipio de Cocula, la censura y el bloqueo a la información por parte de servidores públicos son un claro ejemplo del nivel de riesgo y los tipos de violencia al que el periodismo se enfrenta día con día."
Éste contexto "exacerbado de violencia", se intensifico tras las agresiones en Iguala en contra de estudiantes que dejaron seis personas más muertas y 25 fueron heridas, además de que se reporta la desaparición de 43 normalistas rurales, por parte de elementos de la policía municipal quienes "hicieron uso excesivo de la fuerza y presuntamente entregaron a los 43 jóvenes detenidos al grupo delictivo."
La situación de violencia que ha prevalecido en el Estado se demuestra en antecedentes como la matanza de 17 campesinos en el municipio de Aguas Blancas en 1995, en el que policías dispararon en contra de ellos cuando se dirigían a un mitin para exigir mejoras a su comunidad; la masacre de la madrugada del 7 de junio de 1998 en la comunidad indígena del Charco en el municipio de Ayutla de Los Libres, cuando el Ejército Federal rodeo, disparo y lanzó 2 granadas de fragmentación a una escuela primaria en donde se llevaría a cabo una asamblea comunitaria, dando como resultado 11 muertos, 5 heridos y 22 detenidos que fueron torturados durante 2 días en la 9ª Región Militar, recapitulan las agrupaciones.
"La ineficacia, la acción u omisión y las irregularidades en las investigaciones de las autoridades han sido una constante alrededor de estos hechos, ante esta situación el descontento social se ha incrementado. La situación de inseguridad ha desatado una crisis de ingobernabilidad que afecta y vulnera drásticamente el ejercicio periodístico; mujeres periodistas en Guerrero han expresado la situación sumamente preocupante y peligrosa para la realización del ejercicio periodístico, la forma en la que el miedo se ha convertido en la constante y como en contextos de extrema violencia su integridad se ve doblemente vulnerada," agregan.
CIMAC ha registrado de 2012 a 2013 seis casos de violencia contra mujeres periodistas que cubrían la fuente de política y seguridad en Guerrero quienes han sido violentadas por medio de amenazas para que dejaran de investigar, estas situaciones dejan ver las nulas condiciones para ejercer la libertad de expresión y el acceso a la información que deja a la sociedad desprotegida y por lo tanto genera un daño en el tejido social; en este contexto, las agrupaciones hacen un llamado enérgico a las autoridades federales, estatales y municipales así como a los organismos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra periodistas, exhortamos también a servidores públicos y específicamente a las áreas de comunicación social generen las condiciones idóneas y permitan el acceso a los medios informativos, finaliza, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, una red integrada por periodistas mujeres y varones de 35 países del mundo.
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