Ecatepec, Edomex.- Propietarios de deshuesaderos de la colonia El Potrero, en la zona conocida como La Curva del Diablo, en esta localidad, acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el abuso de autoridad del gobierno del Estado de México y despojo del que son víctimas, luego de que fueron demolidos con maquinaria pesada los 32 establecimientos y dos viviendas, así como un expendio de gasolina, que estaban asentados en ese lugar.
Dirigentes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales reciclados A.C. y vecinos, entre ellos Armando Garduño y Guadalupe Hernández, informaron lo anterior, al tiempo de afirmar que presentarán ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por robo ya que, además de la demolición de los deshuesaderos, que venían operando desde hace casi 30 años, fueron sacadas en tractocamiones unas 100 unidades y refacciones sin que se mostrara ninguna documentación ni orden de alguna autoridad judicial que avalara estas acciones.
“Se supone que los predios están en custodia y lo que hay adentro está bajo resguardo de la autoridad municipal, además de que tenemos amparos contra las acciones del gobierno”, dijeron los inconformes.
A un costado de la avenida Central se apostaron centenares de efectivos policiacos municipales apoyados por granaderos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes además de cerrar la vialidad para poder llevar a cabo el operativo, formaron bloques en los accesos de las calles para evitar cualquier manifestación de los vecinos.
“Se está perjudicando a unas 500 familias, a las cuales se les ha negado cualquier garantía de audiencia para acreditar la legítima posesión de los predios y la validez de las escrituras otorgadas por el propio presidente Peña Nieto”, expresaron.
Dirigentes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales reciclados A.C. y vecinos, entre ellos Armando Garduño y Guadalupe Hernández, informaron lo anterior, al tiempo de afirmar que presentarán ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por robo ya que, además de la demolición de los deshuesaderos, que venían operando desde hace casi 30 años, fueron sacadas en tractocamiones unas 100 unidades y refacciones sin que se mostrara ninguna documentación ni orden de alguna autoridad judicial que avalara estas acciones.
“Se supone que los predios están en custodia y lo que hay adentro está bajo resguardo de la autoridad municipal, además de que tenemos amparos contra las acciones del gobierno”, dijeron los inconformes.
A un costado de la avenida Central se apostaron centenares de efectivos policiacos municipales apoyados por granaderos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes además de cerrar la vialidad para poder llevar a cabo el operativo, formaron bloques en los accesos de las calles para evitar cualquier manifestación de los vecinos.
“Se está perjudicando a unas 500 familias, a las cuales se les ha negado cualquier garantía de audiencia para acreditar la legítima posesión de los predios y la validez de las escrituras otorgadas por el propio presidente Peña Nieto”, expresaron.
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